Cecilia Goyeneche fue designada a cargo de la Fiscalía Anticorrupción

17/08/2018

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Habrá por fin en Entre Ríos una fiscalía especial para investigar delitos de corrupción contra la administración pública y estará a cargo de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. El procurador Jorge García firmó este miércoles una resolución en la que dispone la conformación de un órgano


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


Habrá por fin en Entre Ríos una fiscalía especial para investigar delitos de corrupción contra la administración pública y estará a cargo de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche.

El procurador Jorge García firmó este miércoles una resolución en la que dispone la conformación de un órgano especializado en la investigación y acusación de delitos contra la administración pública y designó a Cecilia Goyeneche como coordinadora hasta tanto se realice el concurso correspondiente.

En su función, Cecilia Goyeneche contará con el “asesoramiento” del Consejo de Fiscales, que integran el Secretario General de Política Criminal y los fiscales coordinadores de cada jurisdicción, se consignó en la resolución a la que accedió Página Judicial.

Además, el jefe de los fiscales dispuso la creación de tres cargos de peritos contables y dos peritos informáticos, a fin de garantizar los medios técnicos y tecnológicos especializados para la investigación de delitos complejos, al menos hasta que la Legislatura determine qué personal técnico y científico se requiere para que la nueva estructura pueda funcionar de manera eficaz.

En la Convención Constituyente de 2008 se impulsó y luego se plasmó en el texto magno la creación de una Fiscalía Anticorrupción. La idea, promovida por el entonces convencional por el oficialismo Julio Federik, pretendía que sea el Poder Judicial quien investigue la corrupción en el Estado a través de un órgano especializado.

El artículo 208 de la Constitución reformada establece que la Procuración General designará un fiscal con competencia en toda la provincia que tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Ese funcionario, dice la carta magna, deberá designarse con intervención del Consejo de la Magistratura. Mientras se sustancia el concurso, el organismo será coordinado por la procuradora adjunta.

La Constitución establece además que “la Procuración General asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad, para el cumplimiento de su cometido”. Por eso la necesidad de crear cargos para contadores y técnicos informáticos que colaboren en la investigación de causas que suelen ser complejas.

Sin embargo, la Legislatura nunca reglamentó ese artículo. De hecho, la Ley Orgánica del Ministerio Público, sancionada en 2015, no habla de la figura del fiscal anticorrupción. Ni siquiera lo menciona. De hecho, el procurador aportó otro dato en ese sentido al señalar que “al redactar el borrador del proyecto que finalmente la Legislatura sancionó como Ley Orgánica del Ministerio Público habíamos previsto normas específicas de recursos humanos especializados para la investigación eficaz de estos delitos”. Luego tampoco se enmendó ese olvido.

Cuando la Constitución Provincial está por cumplir diez años, el procurador echó a andar esta nueva estructura, por ahora coordinada por Cecilia Goyeneche, hasta que se realice el concurso que designe al fiscal anticorrupción.