Cuando sobreseyeron a Urribarri porque las pruebas eran fotocopias

06/08/2018

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Otra vez la corrupción vuelve a ubicarse en el centro de la escena. No habrá otro tema, por meses, que no sean los cuadernos K, pese que los mismos tengan en su interior también nombres de empresarios y hombres cercanos al Presidente. Federico Malvasio De la Redacción

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

Otra vez la corrupción vuelve a ubicarse en el centro de la escena. No habrá otro tema, por meses, que no sean los cuadernos K, pese que los mismos tengan en su interior también nombres de empresarios y hombres cercanos al Presidente.

El viernes se conoció que los cuadernos no están. Fueron quemados en una parrilla. La noticia desató especulaciones en torno a la validez, entonces, de las fotocopias de esos cuadernos. Obviamente, la causa no se basará en esos escritos de dudosa procedencia ni tampoco en el relato que hizo ante el juez Claudio Bonadío el chofer Oscar Centeno.

Algo similar sucedió con el papelito en la causa de Sergio Varisco. La anotación y las posteriores declaraciones, por caso la de Luciana Lemos, parecían ser un torbellino en el expediente. Lo que contó ante el juez la ex esposa e integrante de la banda de Daniel Tavi Celis fue tremendo. Y minucioso. Sin embargo no alcanzó para que Leandro Ríos procese a Emanuel Gainza. El concejal del PRO estaba en la lista de adquirientes de cocaína que se publicó en todos los medios. También había quedado en una delicada situación tras el relato de Lemos.

Sergio Urribarri estará recordando por estos días una causa que lo tuvo al trote en los tribunales. Eran épocas donde el peronismo tenía un solo nombre: Jorge Busti. La anécdota data del 2000.

Ese año la entonces Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) denunció al entonces diputado justicialista Urribarri por “repartir” 1.600.000 pesos en forma “injustificada”. El organismo presentó una denuncia penal por el “presunto accionar ilícito” en el manejo de los subsidios no reintegrables durante el período 1995-1999, época en el que presidió el cuerpo legislativo.

La FIA, a cargo de Oscar Rovira, inició una investigación en la Cámara de Diputados por un supuesto “reparto indiscriminado e injustificado de subsidios” que superaba la cifra de 1.600.000 pesos. En la denuncia se hablaba de una “apropiación o utilización indebida” de los fondos públicos destinados a brindar ayudas o auxilios no permanentes a personas de escasos recursos.

También se acusó haber falsificado firmas, asignado montos que nunca llegaron a manos de los beneficiarios y de entrega de fondos a empresas privadas, contrariando la normativa vigente. La demanda fue interpuesta el 31 de octubre ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Paraná, a cargo de Jorge Alberto Barbagelata.

El ex diputado radical Roberto Valente cayó en la volteada. En rigor fue a él que se lo acusó de haber recibido fondos y a Urribarri por no haber realizado los “controles mínimos e indispensables a un manejo cuidadoso de los fondos públicos bajo su custodia”.

En marzo de 2003 Valente fue condenado por peculado a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo Urribarri fue sobreseído porque las supuestas pruebas más contundentes que había en su contra estaban en fotocopias.

Con Busti ya en el sillón de Urquiza por tercera vez disolvió la FIA y se creó la Oficina Anticorrupción, que terminó siendo apenas un área de sumarios. El Estado provincial no tiene ningún organismo que investigue este tipo de delitos en el seno de la administración pública.