Los fiscales auxiliares no serán removidos, pero se modificará la ley
04/07/2018
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El Superior Tribunal de Justicia (STJ) generó un cimbronazo hacia el interior del Ministerio Público al declarar la inconstitucionalidad de las designaciones de fiscales auxiliares y que, de seguro, se extenderá a los defensores auxiliares de la provincia. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) generó un cimbronazo hacia el interior del Ministerio Público al declarar la inconstitucionalidad de las designaciones de fiscales auxiliares y que, de seguro, se extenderá a los defensores auxiliares de la provincia.
El planteo había sido impulsado por el ex convencional constituyente Juan Carlos Arralde (UCR), primero a instancias de Delfina Valeria Geist, contra la designación de fiscales auxiliares; y luego en representación de María del Pilar Soldini, Ramón García Grau y Ramiro Pereira, contra el nombramiento de defensores auxiliares sin atravesar por el procedimiento que establece el Consejo de la Magistratura.
Las objeciones alcanzan a quince fiscales auxiliares y cinco defensores auxiliares.
El alto cuerpo, como publicó Página Judicial, declaró la inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, respecto de la excepción al procedimiento constitucional para la designación de fiscales auxiliares, en este caso, por aquellos que fueron nombrados mediante concursos internos entre funcionarios judiciales que ya estaban trabajando en el Ministerio Público sin estabilidad o que habían optado por esos cargos provisorios al desaparecer los organismos donde prestaban servicios antes de la reforma del Código Procesal Penal de la provincia.
En su momento, y como un intento por dar una mayor institucionalidad a las designaciones, el vocal Emilio Castrillón había propuesto que los fiscales y defensores auxiliares fueran examinados por el Senado y se les diera acuerdo. Pero eso también quedó suspendido por el planteo de inconstitucionalidad de Arralde.
Ahora bien, la pregunta que se impone entonces es qué pasará con los fiscales auxiliares, sobre cuya situación ya se expidió el STJ; y la respuesta es de una sola palabra: nada.
Una digresión antes de continuar: la orgánica del Consejo de la Magistratura no prevé la realización de concursos para acceder a los cargos de fiscales y defensores auxiliares. Podría decirse que fue una omisión de la Convención Constituyente –y después de la Legislatura– no haber previsto esta situación ni la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que estaría vigente a partir del año siguiente (2009).
La procuradora adjunta Cecilia Goyeneche aclaró que “los fiscales auxiliares habían sido designados por concursos internos cuando todavía no estaba vigente la Ley Orgánica del Ministerio Público, con lo cual adquirieron estabilidad, por lo tanto, seguirán siendo fiscales auxiliares” y agregó que “más allá de la inconstitucionalidad decretada por el STJ, los fiscales tienen estabilidad porque fueron designados con el procedimiento vigente en ese momento, con lo cual van a seguir en sus cargos”. La ley fue sancionada en 2015.
De hecho, a raíz de la omisión en el Consejo de la Magistratura, desde la Procuración se decidió realizar concursos internos y los postulantes fueron evaluados de la siguiente manera: camaristas de la costa del Paraná examinaron a los candidatos de la costa del Uruguay y viceversa. Así fueron designados. También hubo concursos internos en la Defensoría.
En tanto, el senador provincial Lucas Larrarte (PJ-San Salvador) explicó que “la declaración de inconstitucionalidad abre diversos caminos: en primer lugar, hay que resolver la situación de los procedimientos que estaban tramitando en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberían ser remitidos al archivo y devolver las actuaciones que habían venido desde el Poder Ejecutivo; y en segundo lugar, empezar a analizar la legislación para ver si requiere de modificaciones o adecuaciones conforme lo que se manifiesta en este fallo, porque eso repercute hacia el futuro y es materia de la Legislatura”, señaló el legislador al programa 5 Esquinas que se emite por Radio Costa Paraná.
Pasando en limpio: los fiscales y defensores auxiliares continuarán en sus cargos y la Legislatura debería instrumentar modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura para que los cargos puedan ser concursados.
Por las dudas, rápido de reflejos, el procurador Jorge García se adelantó y envió al Consejo de la Magistratura el listado de cargos vacantes para que se llame a concurso.