La hipocresía de todos: los narcos y el financiamiento de la política

18/06/2018

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Una vez que la causa que involucra a Sergio Varisco llegue al final, cualquiera sea el desenlace, se debería abordar con carácter urgente el problema del financiamiento de la política a través del narcotráfico. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Una vez que la causa

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

Una vez que la causa que involucra a Sergio Varisco llegue al final, cualquiera sea el desenlace, se debería abordar con carácter urgente el problema del financiamiento de la política a través del narcotráfico.

Hace un mes, la Justicia española condenó al Partido Popular por haber sido financiado mediante una trama corrupta de empresarios y hombres que ocuparon cargos públicos. La resolución de la Audiencia Nacional penalizó al PP, encabezado por el entonces presidente del Gobierno y de la fuerza, Mariano Rajoy, entre otras cosas por haberse beneficiado con el pago de 245.492 euros. Se trata del “Caso Gürtel”, que se inscribirá en la historia por condenar a un partido. Conocida la sentencia, el presidente del Gobierno Español fue eyectado del cargo.

En la Argentina, en Entre Ríos y en Paraná el financiamiento de la política tiene casos de corrupción que quedaron plasmados en expedientes y en la literatura.

Hace un año, Varisco quedó en el ojo de la tormenta por el caso que la memoria colectiva registró como la “causa de la avioneta”, luego de que se desarticulara una banda narcocriminal cuando descargaban 317 kilos de marihuana en un campo. Con ese episodio se empezó a escribir el final de una investigación iniciada en 2015 que terminó con la caída de la banda que lideraba Daniel Tavi Celis. La misma dejó al descubierto un preocupante nivel de penetración del narcotráfico en la estructura municipal a cambio del financiamiento de la campaña política. Las escuchas telefónicas revelaron que el jefe narco manejaba una unidad municipal, a partir de un acuerdo político. El concejal Pablo Hernández (Cambiemos) quedó comprometido con Celis en escuchas que no dejaron lugar a dudas. Lo mismo sucedió con Griselda Bordeira, por entonces subsecretaria de Seguridad de la Municipalidad y policía provincial. Narcotráfico y financiamiento de la política en el mismo cóctel.

Ni Bordeira fue detenida ni el Concejo Deliberante presidido por la macrista Josefina Etienot tomaron cartas en el asunto ante el escandaloso audio de Hernández. El juez Leandro Ríos los convocó en carácter de testigos, como lo hizo también con Varisco. La única certeza fue que el narcotráfico financió la propuesta electoral de Cambiemos. Celis quedó detenido, todo lo demás siguió como si nada.

Todos sabían

Un grupo de senadores, por un lado, y fiscales provinciales, por otro, fueron advertidos hace dos años sobre el avance del narcotráfico en la política. La exposición en el Juzgado Federal de Paraná fue temeraria. Los presentes tuvieron la posibilidad de escuchar audios en los que aparecieron agentes de la Policía provincial advirtiendo a los narcos sobre allanamientos que se iban a llevar adelante el día siguiente; narcos reconociendo que trabajaban para Blanca Osuna y que ahora lo harían para Varisco. Apareció, en medio de todas esas escuchas, el nombre de un concejal que se había desempeñado en una banca justicialista.

¿Qué hizo la política? ¿Se tomaron cartas en el asunto hacia el interior de la fuerza de seguridad? ¿Hubo sanciones?

En la gestión municipal anterior, un grupo de familias empezaron a juntarse en los clubes y salones de la cuadra para poner de relieve el drama narco en los barrios. Los encuentros asamblearios llegaron a ser masivos. En una ocasión, una madre, con el llanto en su garganta, reveló que los policías sabían quién vendía la droga pero no hacían nada. Están las crónicas periodísticas de la época para quien quiera entrar en detalles.

¿Qué hacer con los agentes de la Policía que avisan a los narcos que van a ser allanados? ¿Desde cuándo ocurre eso? ¿Desde cuándo se sabe? ¿Las autoridades gubernamentales fueron avisadas por parte de la Justicia? ¿Algún senador presente en el juzgado puso en autos al ministro de Gobierno sobre esa gravísima situación? ¿La Policía Federal no incurre en esos delitos? Preguntas sin respuestas.

La Legislatura aprobó la ley de narcomenudeo a pedido del Poder Ejecutivo ante el avance de la venta de droga en los barrios. Esa norma tiene adherentes y detractores. Están quienes dicen que mientras se persigue el narcomenudeo se desatiende a las grandes bandas. En la vereda de enfrente alegan que hay que empezar por algo y de una vez por todas empezar a combatir el delito que carcome el tejido social en los lugares más vulnerables.

Mientras la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hace alharaca de su “lucha” contra el narcotráfico, el Gobierno nacional no manda una sola moneda para las provincias que pretenden perseguir el narcomenudeo.

La política

Con gracia leímos en el libro El Interior, de Martín Caparrós, un capítulo con la verba de Horacio Mori, quien narró la forma en que se financió la campaña de Jorge Busti para la Gobernación en 1995. “Nosotros, cuando armamos la vuelta, la armamos con recursos privados y obviamente después los pagamos con recursos públicos”, describió el ex funcionario. Y explicó que para enfrentar al candidato del gobierno “con semejante aparato hay que disponer de recursos de igual a los de ellos, pero sin el gobierno. Yo lo decidí, yo lo manejé y les ganamos. Obvio que después lo pagamos con recursos del Estado. ¿Con qué lo iba a pagar si hubo un momento en que debía un millón y medio de dólares de las cuentas mías y de algunos amigos (…) Eso se paga con negocios del Estado”.

Hace unas semanas, el empresario Jesús José María Bustamente confesó haber sido beneficiado con contratos y pautas publicitarias que el ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Báez direccionaban a favor de Juan Pablo Aguilera. Bustamante reconoció que luego debía devolver una parte del dinero, a través de un sistema de retornos. El fraude se calculó en 24.204.918,69 pesos. En un juicio abreviado aceptó una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, el pago de una multa y el cumplimiento de tareas comunitarias.

Se probó que las campañas políticas de los partidos tradicionales, los únicos que gobernaron la provincia, estuvieron financiadas por la vía del delito. Ahí estamos.