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29/05/2018

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Estamos presenciando el juicio oral y público de Jorge Rodríguez, ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), acusado de cometer el delito de peculado por desviar fondos del organismo para el sostenimiento de una escuela privada. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Estamos

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Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

Estamos presenciando el juicio oral y público de Jorge Rodríguez, ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), acusado de cometer el delito de peculado por desviar fondos del organismo para el sostenimiento de una escuela privada.

La denuncia surgió de un informe periodístico con la firma de Jorge Riani, que hace unos días repasó los hechos que motivaron aquella presentación en sede judicial. En su naciente sitio web Corresponsal, el periodista recordó que más allá del desvío de fondos para el emprendimiento educativo, fue el crecimiento patrimonial lo que motivó la presentación en los tribunales.

El hombre fuerte de los caminos manejó durante años uno de los presupuestos más altos del Gobierno provincial. Pero el tema que están atendiendo los justicieros se limitará a la Escuela Privada Heraclia Ruiz Díaz y en el juicio los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa solicitaron para Rodríguez una condena de cuatro años de prisión.

Días antes del comienzo del juicio, Rodríguez dio una entrevista que fue casi un alegato antes de sentarse en el banquillo de los acusados. Como lo hizo luego en el juicio, el ex funcionario defendió la creación de la escuela, dijo que no se arrepiente de haberla hecho y allí terminó todo su descargo. Y la entrevista. El enriquecimiento ilícito es parte de una historia que no se investigó.

Diferencia de criterios

Hugo Righelato, ex director de Obras Sanitarias de Entre Ríos, está detenido luego de aceptar una condena de tres años de prisión efectiva por los delitos de peculado, negociaciones incompatibles y fraude al Estado en un juicio abreviado. El ex funcionario devolvió un par de propiedades y en unos meses estará en libertad.

Hugo Cevey, ex intendente de Puerto Yerúa, aceptó su culpabilidad en la venta ilegal de terrenos y fue condenado a tres años de prisión en suspenso. La cárcel quedó, en cambio, para quienes dependían del jefe comunal.

A propósito de la saga de causas que tramitan por estos tiempos en los tribunales, es bueno recordar una historia que tuvo otro final. Ocurrió en 2008. Ese año el entonces juez de Instrucción de La Paz, Carlos Trajtemberg, procesó a los empresarios Luis Félix Etchevehere y a su hijo Juan Diego en una causa en la que se investigó la presunta comisión del delito de usurpación de tres lotes de la estancia “El Quebracho”, en Santa Elena.

El fallecido ex director de El Diario y su hijo se metieron de prepo en terrenos públicos que habían sido arrendados hasta 2010 a la Escuela Aerotécnica Número 151 del Paraje El Quebracho. Los Etchevehere habían adquirido del Estado provincial, con el aval de Jorge Busti, el 8 de junio del 2007, un total de 370 hectáreas que pertenecían al Frigorífico Regional Santa Elena SA, que estaba en proceso de liquidación. El Gobernador miró para otro lado y cedió el predio a precio vil. La entidad educativa perdió el espacio. Uno de los procesados falleció y el otro se fue con una probation.

El titular del Poder Ejecutivo ni se mosqueó y la Fiscalía de Estado, entonces a cargo de Claudia Mizawak, que debía bregar por el patrimonio de la provincia tampoco. De aquel episodio al de Rodríguez, sin dudas, se ha avanzado.

Despacito

El enriquecimiento ilícito es un delito en el que al momento de investigarlo se invierte la carga de la prueba. La Justicia de Entre Ríos ha avanza a medias en este tipo de casos.

El hecho más paradigmático es el de José Ángel Allende. El diputado se sentará en el banquillo de los acusados en una causa por la repudiable amenaza contra el periodista Martín Carboni, a quien le pidió perdón públicamente e intentó aclarar lo que dijo. El fiscal Álvaro Piérola adelantó que pedirá la pena de dos años y seis meses de prisión condicional. Es el delito más sencillo por el que se llevará a juicio al legislador y sindicalista. Sin embargo, hace más de un lustro se lo investiga por enriquecimiento ilícito y desvío de fondos de la época en que presidía la Cámara de Diputados a una entidad de su esposa. Hace una década se viene revelando el crecimiento patrimonial que suele mostrar sin disimulo.

Se dirá que una es más sencilla que la otra, y lo es. También se dirá que una tramita por el sistema nuevo, y es así. Se puede agregar que la eterna faltante de peritos impide una mayor celeridad. Concedido. Pero si la Justicia avanzó como avanzó en algunos casos es porque hay cobertura política. Lo que se conoce como contexto. El estancamiento en el caso Allende no es culpa de la fiscal Laura Cattáneo, sino de más arriba. El caso de Allende no es una deuda, es una impericia a la que “el contexto” no le ha llegado.

El contador Martín Fernández, oriundo de Gualeguaychú, está siendo investigado también por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión en el Instituto del Seguro. Hasta donde se sabe el fiscal Piérola solicitó información a diversos organismos públicos provinciales y nacionales. De esto hace más de un año. Y eso que tramita con los cánones del sistema acusatorio. Ahí estamos.

Sergio Urribarri tiene varias causas. El legajo madre es sobre el supuesto enriquecimiento ilícito suyo y de su familia. Se avanzó durante el primer año y medio. Luego el Ministerio Público Fiscal decidió correr de la causa al fiscal Santiago Brugo. Las explicaciones del caso las dio la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. Sostuvo que se requería más velocidad e impulsó como fiscal del caso al interino Gonzalo Badano, incluso otorgándole una exclusividad sobre esa causa que finalmente no se materializó: se lo ha visto en los medios al joven Badano atendiendo asuntos más domésticos. En lo que respecta al ex gobernador, parecen avanzar todas las causas menos la de enriquecimiento ilícito.

La semana pasada Jesús José María Bustamente, empresario publicitario, resultó condenado luego de confesar que fue beneficiado con contratos y campañas en la vía pública que Urribarri y el ex ministro Pedro Báez direccionaban a favor de Juan Pablo Aguilera. También reconoció que luego debía devolver una parte del dinero, a través de un sistema de retornos. El fraude se estimó en 24.204.918,69 pesos y su parte en 6.140.665,24 pesos. Firmó un juicio abreviado por una pena de dos años y ocho meses, apenas dos meses más que la bravuconada de Allende.

El ex mandatario tendrá prontamente su primer juicio, aseguran en la Procuración General. Se verá por qué causa. Mientras tanto tenemos para entretenernos.