La justicia validó el allanamiento al presunto testaferro de Pedro Báez
11/05/2018
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial “Había que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, decía el fiscal Juan Francisco Malvasio intentando explicar los motivos por los cuales el ex ministro Pedro Báez intentó boicotear los allanamientos en la casa del empresario Germán Buffa. Juan Cruz Varela De la Redacción de
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
“Había que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, decía el fiscal Juan Francisco Malvasio intentando explicar los motivos por los cuales el ex ministro Pedro Báez intentó boicotear los allanamientos en la casa del empresario Germán Buffa.
Báez está imputado por enriquecimiento ilícito y la sospecha es que Buffa podría ser su testaferro. En esa causa, la justicia rechazó nuevamente la pretensión, a la que también se sumaron los abogados del empresario, para que se declare la nulidad del allanamiento en su casa y la exclusión de la prueba que se obtuvo en el procedimiento.
El juez José María Chémez resaltó que los procedimientos se hicieron dentro de los límites previstos por el Código Procesal Penal de Entre Ríos y que no se violaron garantías constitucionales ni el derecho de defensa.
El magistrado sostuvo que los motivos por los cuales los defensores Ignacio Díaz (en representación de Báez) y José Velázquez (por Buffa) pretendían la nulidad de los allanamientos eran “vagos y genéricos”. Concretamente, planteaban que previo al procedimiento del 2 de marzo el fiscal debió ampliar la apertura de causa incluyendo a Buffa en la investigación y que no hacerlo lo volvía ilegal y afectaba el derecho de defensa de los imputados; y también dijeron que no había fundamentos para concretar los operativos.
Chemez sostuvo que las normas establecen que al momento de iniciar una investigación penal el fiscal debe individualizar el hecho “mediante una breve descripción y situándolo en tiempo y lugar, en cuanto fuere posible”, a diferencia de la precisión que se exige cuando se convoca a una persona a prestar declaración de imputado.
Entonces, el magistrado consideró que los allanamientos se hicieron “dentro del marco delimitador de la investigación delineada por el Ministerio Público Fiscal”, es decir, no hubo una decisión “arbitraria” y el fiscal Malvasio no fue más allá de la investigación que está llevando adelante ante la sospecha de que el ex ministro Báez se ha enriquecido en forma ilícita “al haber adquirido bienes en condominio con su esposa (Sofía Raquel Riquelme) y a través de quien tendría intervención en la firma Innova Turismo SRL” y agregó que “no puede pedirse que una apertura de causa tenga en cuenta todos y cada uno de los elementos que serán motivo de acusación en una etapa posterior del proceso”.
Hay que decir entonces que la investigación se inició a partir de una denuncia que le adjudicaba al ex ministro la propiedad del Amanzi Termal Apart Hotel, ubicado en la avenida Monseñor Rösch 4711, en Villa Zorraquín, Concordia, que estaría a nombre de su esposa.
Sin embargo, con el tiempo la investigación se extendió para determinar la propiedad de al menos dos inmuebles en Paraná que pertenecerían al ex ministro, un yate, su participación en empresas –a través de su esposa u otras personas–, emprendimientos comerciales y viajes que habrían realizado tanto él como su familia.
Los investigadores han recolectado documentación que probaría una vinculación comercial entre Báez y Buffa. Por ejemplo, una nota remitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en abril de 2017 consignando que Buffa figura apoderado ante el organismo de la firma Innova Turismo SRL. La empresa, inscripta en 2011, tenía como socios a Sofía Riquelme, María Anastasia Keuchguerian y José Horacio Bechara y es a su vez la propietaria del Amanzi Termal Apart Hotel. Otro elemento que vincula a Buffa con familiares directos de Báez es un certificado firmado ante una escribana mediante la cual el empresario, como presidente de la firma Global Means SA, autoriza a Riquelme y a Francisco Nicolás Báez, hijo del ex ministro, a conducir un vehículo registrado a nombre de la firma.
Con esos elementos en la mano, que Chemez consideró “categóricos” y “objetivos”, es que el fiscal Malvasio solicitó al juez Elvio Garzón que autorice los allanamientos a Buffa y a personas allegadas al empresario.
El juez insistió en que “no existe complejidad que justifique la ampliación de la apertura de causa ni un objeto procesal ni plataforma fáctica diferente, sino que se ordena un allanamiento dentro de este hecho en busca de pruebas que vinculen a Innova Turismo con Báez y/o Riquelme a los efectos de investigar el enriquecimiento ilícito”.
Como un maestro de escuela, Chemez explicó cómo es la dinámica de una investigación por enriquecimiento ilícito: “Primero deberá acreditarse si hay un enriquecimiento, luego se deberá requerir una justificación y la falta de justificación por parte del funcionario público motivará la imputación del delito; por el contrario, si justifica adecuadamente el incremento patrimonial, acarreará una decisión desincriminatoria”.
Lo que sigue ahora, entonces, es analizar la documentación secuestrada en la casa de Buffa para establecer si hubo un enriquecimiento patrimonial injustificado de Báez y, si corresponde, citar al ex ministro a prestar declaración de imputado.