Investigan a los dueños de un antiguo prostíbulo que funcionaba en Paraná
23/04/2018
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Entre Ríos es territorio libre de prostíbulos. Al menos así lo impone una ley. Antes se habían prohibido en Paraná. Sin embargo, algunos siguieron funcionando bajo la fachada de bares, locales bailables u otros eufemismos e hicieron mutar el negocio. Juan Cruz Varela De la Redacción
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Entre Ríos es territorio libre de prostíbulos. Al menos así lo impone una ley. Antes se habían prohibido en Paraná. Sin embargo, algunos siguieron funcionando bajo la fachada de bares, locales bailables u otros eufemismos e hicieron mutar el negocio.
Lo cierto es que a cinco años de la sanción de la ley que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos en la provincia, en la justicia todavía hay dando vueltas investigaciones contra regentes, proxenetas y prostituyentes. Es el caso de Gustavo D’Agosto, propietario del prostíbulo Que-Quen; su madre, Graciela Angélica D’Agosto; y Fernando Marcelo López, que obligaba a su pareja a prostituirse en el mismo local.
El expediente ocupa un lugar en los anaqueles de los tribunales desde abril de 2012, a raíz de una denuncia presentada por una funcionaria del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), sobre la historia de una mujer que podría estar secuestrada en su casa, a quien su pareja obligada a prostituirse mediante violencia y amenazas, según dijo en ese momento.
La historia de esta mujer, como la de aquellas víctimas de las redes de trata, transcurre en penumbras. Equis –así la llamaremos– es una mujer pobre, madre, sin trabajo y que no tuvo las oportunidades de otros; ni siquiera pudo terminar la escuela. El victimario era su pareja, el padre de su hijo. Fernando Marcelo López.
El hombre la obligaba a prostituirse en un local llamado Que-Quen, que funcionaba en calle Pedro Martínez de Paraná. Su contacto era “la dueña del Que-Quen, llamada Graciela, y terminó hablando con el hijo, llamado Gustavo, no recuerdo el apellido”. Graciela era Graciela Angélica D’Agosto y Gustavo era el hijo de la mujer, Gustavo Atilio D’Agosto, los regentes de uno de los prostíbulos más antiguos de la ciudad.
Equis debía “trabajar” todas las noches hasta la madrugada y el dinero se repartía aunque no con ella. “Nunca soporté esa actividad y lloraba”, dijo como si hiciera falta. “Me llevaba los días de semana desde las 22 hasta las 5 y los viernes y fines de semana desde las 22 hasta las 8. La plata era la mitad para la dueña y la mitad para nosotros”. En realidad, no había “nosotros”, ese “nosotros” era López.
Difícilmente tenga opciones una mujer, cualquier persona, cuando está en situación de vulnerabilidad, sufre maltrato y amenazas. Es lo que le pasó a Equis. A ella y a otras seis mujeres, al menos, que eran obligadas a prostituirse en el prostíbulo Que-Quen, aprovechándose los proxenetas de esa vulnerabilidad social, cultural, educativa, económica y hasta de la propia personalidad de las víctimas.
Otras dos mujeres pobres y explotadas fueron rescatadas aquella madrugada de abril y otras cuatro en un procedimiento realizado en octubre, a raíz de una nueva denuncia promovida por la Agencia de la Mujer y por la Secretaría de Derechos Humanos, Salud y Educación de la Municipalidad de Paraná.
El caso de Equis será juzgado próximamente por el Tribunal Oral Federal de Paraná. Fernando Marcelo López está acusado por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Se le atribuye la captación y traslado de una mujer mediante violencia, amenazas y abuso de una situación de vulnerabilidad, conducta que se ve agravada porque la víctima era su pareja y padre del hijo de ambos. En caso de ser condenado López podría recibir una pena de hasta diez años de cárcel
La situación de los dueños del prostíbulo Graciela D’Agosto y Gustavo D’Agosto es distinta. En la causa de Equis fueron acusados porque la recibieron en el prostíbulo y se beneficiaron de las ganancias producidas por su explotación, pero en primera instancia se les dictó una falta de mérito. Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones instó al juez a modificar esa situación y, subrepticiamente, lo instó a procesarlos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Esa resolución está pendiente.
Madre e hijo también fueron acusados en la segunda causa, promovida por la Agencia de la Mujer y por la Secretaría de Derechos Humanos, Salud y Educación de la Municipalidad de Paraná, por la explotación de cuatro mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución, mediante el aprovechamiento de su estado de vulnerabilidad, durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2012.
La investigación estaba en curso, pero la Cámara Federal le negó al juez una prórroga para completar la instrucción. Ante esa determinación, y ante la “imposibilidad de obtener nuevas medidas probatorias”, el magistrado dispuso el sobreseimiento de Graciela D’Agosto y Gustavo D’Agosto por considerar que “se mantiene latente una duda insuperable” respecto de la conducta de ambos. En esta causa el tribunal también le ordenó al juez que emita una nueva resolución.