Las causas contra Urribarri abren las puertas a una guerra campal

04/04/2018

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial “Se va a podrir”. Así de sintético lo resumió un observador de la política y de los aconteceres judiciales. Una serie de movimientos que sólo se perciben en el subsuelo del poder ratifican esta sensación del hombre con despacho en la Casa de Gobierno. Hubo una serie

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

“Se va a podrir”. Así de sintético lo resumió un observador de la política y de los aconteceres judiciales. Una serie de movimientos que sólo se perciben en el subsuelo del poder ratifican esta sensación del hombre con despacho en la Casa de Gobierno.

Hubo una serie de hechos que vale la pena unirlos para empezar a armar una historia que se está narrando en dos escenarios: la Casa Gris y los tribunales de Paraná.

Un sector importante del oficialismo entiende que la agenda judicial será imposible de reemplazar en los medios de comunicación, lo que implicará un desgaste irremediable en un año electoral y ante una sociedad que aún no se ha cansado de tildar la opción “Me Gusta” en cuanta nota aparece un peronista encartado. Con esa certeza apareció una solución: llevar a juicio a todos los imputados cuánto antes. El principal, claro está, es el ex gobernador Sergio Urribarri.

El primer dato surge de una noticia de la que dio cuenta Página Judicial hace unas semanas citando a diferentes sectores del oficialismo: el ex gobernador ve en Rosario Romero un fuego amigo. Le endilga a la ministra de Gobierno el fogoneo o, si se quiere, un intento por apurar las causas en las que está involucrado el actual presidente de la Cámara de Diputados.

Emilio Castrillón, en la inauguración del año judicial, fue enfático al pedirle al Ministerio Público Fiscal que apure las causas de corrupción. ¿Hay demoras realmente? Se está por elevar a juicio una causa que involucra a un ex gobernador y a un ex ministro (Pedro Ángel Báez) que actualmente ocupan una banca en la Cámara de Diputados. Lo mismo para el entonces presidente de Sidecreer, Juan José Canosa. Se encarceló al entonces director de Obras Sanitarias de la provincia, Hugo Righelato. Todos estos legajos tienen apenas dos años.

El apuro por acelerar los procesos que le endilgan a la ministra y el reclamo del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) parecieran ir en la misma dirección que la solución que se imaginan en un sector del PJ.

Como si fuera poco, el abogado defensor de Urribarri, Raúl Barrandeguy, tuvo un cruce en el programa 5 Esquinas (Radio Costa Paraná), donde al pasar, dijo: “También podría pasar que el fiscal esté en connivencia con el Ministro de Gobierno”. Y agregó más adelante: “No visitamos a jueces. No visitamos a fiscales. No hay un solo funcionario en la provincia que pueda decir que yo lo he visitado para pedirle por un fallo. No sé si todos lo podemos decir”. Electrizante.

Pero más electrizante fue la publicación en el Boletín Oficial de un decreto que da cuenta de la contratación de Matías Eduardo Ruhl, hijo del juez José Eduardo Ruhl, en la órbita del Ministerio de Gobierno, en rigor, en la Dirección General del Notariado, Registros y Archivo, según la publicación del lunes 5 de marzo. Se trata de un contrato de servicios vigente hasta el 31 de diciembre.

Para peor, si de conjeturas y sospechas de conspiraciones se trata, el contrato fue suscripto el 29 de enero, tres días antes de que los fiscales solicitaran el embargo de los bienes de Urribarri por 26 millones de pesos en la causa que se lo investiga por haber beneficiado supuestamente a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en contrataciones de campañas publicitarias que implicaron el desvío de más de 24 millones de pesos. El magistrado, finalmente, efectivizó el embargo.

La Justicia y la política, otra vez en la misma foto y a la vista de todos. No es una imagen nueva. Basta recorrer alguna parrilla céntrica a mitad de semana o pegarse una vuelta por los hoteles que tienen ventanas al Parque Urquiza para ratificar que las cuestiones de Estado no se definen más por fuera que por dentro del ámbito institucional.