Una jueza de Paraná integra la terna para la Cámara de Casación Penal
29/03/2018
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La jueza Cintia Graciela Gómez, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, fue propuesta en una terna para cubrir una vacante en el máximo tribunal penal del país, y la instancia previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En realidad, el
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
La jueza Cintia Graciela Gómez, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, fue propuesta en una terna para cubrir una vacante en el máximo tribunal penal del país, y la instancia previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En realidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dio a conocer la nómina de candidatos para ocupar puestos claves en la Justicia Federal el 5 de enero pasado: de allí saldrán cuatro vocales de la Cámara Federal de Casación Penal.
El tribunal de casación entiende en la revisión de las decisiones de todas las cámaras federales de apelaciones del país; funciona con cuatro salas de tres jueces cada una que actualmente se integran con subrogancias entre los nueve magistrados que componen el tribunal por estos días. Uno de ellos es el paranaense Juan Carlos Gemignani.
La tercera terna estaba encabezada por Guillermo Yacobucci, que ya integró el tribunal cuando era la Cámara Nacional de Casación Penal y actualmente se encuentra en el Tribunal Oral Federal Número 7; secundado por Fernando Javier Arnedo, que se desempeña como secretario letrado de Ricardo Lorenzetti en la Corte Suprema; y Karina Rosario Perilli, jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico Número 3. Aquí es donde se incorporó Cintia Gómez. Su nombre fue publicado este lunes en el Boletín Oficial, en reemplazo de Arnedo, que el 6 de febrero presentó su renuncia.
En tanto, la primera terna está integrada por Diego Barroetaveña, d el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 21 de la Capital Federal; Fernando Poviña, juez federal de Tucumán y subrogante en Jujuy; y Gabriel Vandenberg, del Tribunal Oral Federal de Lomas de Zamora.
La segunda terna está compuesta por Pablo Daniel Vega, vocal Tribunal Oral en lo Criminal 17 de Capital Federal; Daniel Petrone, el ex juez en lo Penal Económico y actualmente en el Tribunal Oral Federal Número 2 de San Martín; y Pamela Bisserier Díaz, defensora oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal.
La cuarta terna está encabezada por Marcelo Daniel Ferrante, secretario letrado ante la Procuración General de la Nación y ex prosecretario letrado ante la Corte Suprema; Rafael Horacio Obligado, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 5; Carlos Javier Carbajo, secretario general de la Casación Federal.
De esos doce nombres, el presidente Mauricio Macri debe elegir a uno de cada terna para proponerlos al Senado en reemplazo de los puestos que quedaron vacantes a principios de esta década tras las sucesivas renuncias de Juan Fegoli, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, Gustavo Mitchell y Raúl Madueño.
El concurso figuraba desde hace años en el orden del día de las reuniones plenarias del Consejo de la Magistratura de la Nación, pero las ternas no llegaban a ser tratadas por falta de acuerdo político entre los miembros del organismo.
Cintia Graciela Gómez integra la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná desde el 1 de octubre de 2010. Antes, desde 1994, había sido fiscal federal de Santa Fe, de donde es oriunda; y entre 1990 y 1993 se desempeñó como síndico de la Junta Administradora de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.
La magistrada tiene 49 años y está casada con el dirigente peronista santafesino Oscar Cachi Martínez. En su tiempo como fiscal tuvo entre sus manos expedientes resonantes, por ejemplo, la denuncia promovida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra el club Colón por una millonaria evasión de impuestos y que derivó en allanamientos en los domicilios de directivos y ex futbolistas de la entidad; e investigó la causa que derivó en la primera sentencia en el país por el delito de trata de personas.
Desde que ejerce en Paraná ha cultivado el bajo perfil. Sin embargo, en 2013 suscribió una carta, junto con otros camaristas del país, criticando la reforma judicial que impulsaba el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque, según se decía en el documento, “podría paralizar el sistema judicial”.
En esta carrera corre con desventaja, pero nunca se sabe.