Los abusos del cura Senger en las cárceles de la dictadura militar

24/03/2018

En tiempos en que Adolfo Servando Tortolo pregonaba las bondades de los dictadores, el sacerdote Andrés Emilio Senger visitaba a los presos políticos en su condición de capellán de la Segunda Brigada de Caballería Blindada de Paraná. Ex detenidas hablan de abusos, manoseos e interrogatorios disfrazados de confesiones religiosas como herramientas para extraerles información personal o de los compañeros que estaban afuera. Video y testimonios del horror, a 42 años del golpe militar.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La complicidad de sectores civiles con el plan sistemático de represión ilegal consumado durante la dictadura se hizo evidente desde las primeras marchas por verdad y justicia en la década del ochenta: ya en esos años los sobrevivientes y familiares de las víctimas mencionaban la participación de actores que no eran policías ni militares.

Los verdugos no siempre vestían uniforme; o mejor dicho, no siempre vestían uniformes verdes o azules. Los había también con sotana. Sacerdotes que prestaban sus servicios para la tortura de presos políticos en los centros clandestinos de detención.

En la justicia no faltaron imputaciones de complicidad, sobre todo contra capellanes castrenses. Adolfo Servando Tortolo, la figura más importante de Iglesia durante la dictadura, fue parte de esa maquinaria terrorista que tragaba gente y escupía sus huesos. Peor aún, ayudó a gestar el monstruo. Pero no fue el único.

Tortolo visitaba las cárceles pregonando las bondades del dictador Jorge Rafael Videla y tenía trato directo con buena parte de los oficiales y suboficiales que se encargaban de administrar los centros clandestinos de detención que el vicariato castrense acompañó de manera entusiasta con una gran cantidad de capellanes.

Andrés Emilio Senger era uno de ellos. Ex capellán de la Segunda Brigada de Caballería Blindada de Paraná entre 1965 y 1979, el sacerdote aparece mencionado por ex detenidas políticas en las causas que tramitan en los tribunales federales.

El vicariato castrense se componía de capellanes que tenían su tarea en la parroquia y colaboraban en las cárceles y guarniciones militares. Para realizar esa tarea necesitaban la autorización del obispo diocesano, Tortolo, de manera que el vicariato era una institución eclesiástica y militar, que dependía de la autoridad de la Iglesia, que le brindaba sacerdotes al Ejército para que ejercieran como capellanes. En los años de la dictadura, Senger ejercía una función mixta, es decir, tenía su tarea en la parroquia, era asesor espiritual en el Colegio Cristo Redentor y colaboraba con el vicariato.

“La particularidad de este señor, entre comillas, es que tenía un alto grado de perversión”, relató María Luz Piérola, ex presa política, en diálogo con Página Judicial. “Se daba el lujo de hacer lo que quería con las presas, que estábamos como rehenes de esta etapa. Nos sacaba aparte, nos manoseaba, a mí me tocaba los senos”, agregó.

En las catacumbas

Tal vez la muerte le evitó a Senger el trance de recorrer los tribunales. El sacerdote falleció el 15 de octubre de 2010 sin haber dado nunca explicaciones ante la justicia y las denuncias de las ex detenidas políticas recién fueron valoradas en 2017, diez años después de aquellas declaraciones judiciales, cuando la comisión vecinal del Barrio AATRA presentó un proyecto ante el Concejo Deliberante para imponer el nombre de “Padre Emilio Senger” a la plaza ubicada entre las calles Bruno Alarcón, Departamento Federal, Isla Soledad e Isla Gran Malvina. “Fue una persona que siempre se destacó por su humildad, su vida de oración y su caridad afectiva con los más carenciados”, se consigna en el proyecto que fue aprobado en la sesión del 27 de abril, a pesar de la oposición de los organismos de derechos humanos.

Es que el sacerdote no ignoraba los métodos represivos de la dictadura, no podría haberlo hecho. Tres ex detenidas políticas dan cuenta de ello. Hablan de abusos, manoseos e interrogatorios disfrazados de actos de confesión religiosa como herramienta para extraerles información personal o de los compañeros que estaban afuera.

Cristela Godoy tenía 24 años y estaba embarazada cuando fue secuestrada por una patota del Ejército, el 16 de agosto de 1976. Pasó varias semanas en los calabozos de los cuarteles, donde la visitaba el sacerdote Julio Metz; estaba “en condiciones lamentables”, comía una vez al día “un guiso de color rojo que me raspaba la garganta” y no le permitieran asearse. Hasta que la trasladaron a la cárcel de mujeres, junto con otras detenidas. Ella sintió que ese cambio “era la liberación total” porque podría ver a su hijo y bañarse. “Cuando llegamos a la Unidad Penal (Número) 6 nos colocaron en un pasillo, incomunicadas y no les avisaron a nuestros familiares. El día de la madre lo pasé incomunicada, hasta que vino el cura Senger y a través de la puerta de vidrio me dio la comunión y se reía”, detalló. La referencia confirma esa relación casi promiscua entre los dignatarios de la Iglesia y las fuerzas armadas.

El mismo calvario atravesó otra mujer que fue secuestrada en la misma razzia de agosto. Contó que fue atada, vejada y torturada con picana eléctrica; que la obligaron a escuchar los gritos de otros detenidos mientras eran sometidos a tormentos, que la amenazaron con aplicarle torturas a su hija y cómo los represores simularon la fuga de Victorio Coco Erbetta durante un traslado. En octubre, cuando llegó a la cárcel de mujeres, tenía en las muñecas y en los tobillos las marcas de la tortura, aunque la cara ya se le había deshinchado. En un primer momento fue incomunicada y aislada, junto con otras recién llegadas. “En la unidad penal nos visitaba el padre Senger, que actuaba de interrogador, lo mismo que hacía monseñor Tortolo, y lo hacían estando nosotras incomunicadas”, declaró la mujer.

María Luz Piérola fue ilegalmente detenida el 25 de febrero de 1977 en Concordia. Tenía 18 años. Fue violada, interrogada y torturada con pasajes de picana eléctrica por su cuerpo. Al día siguiente la trasladaron a Paraná, donde fue nuevamente torturada en una casa operativa del Ejército y en los calabozos del Escuadrón de Comunicaciones. Su detención se oficializó el 8 de marzo, cuando apareció en la cárcel de mujeres. “En la cárcel nos visitaba el sacerdote Senger, una persona repulsiva, que toqueteaba a las detenidas y les quería sacar información para llevar a los militares; era un ser perverso, nos acosaba”, recordó en los tribunales.

Los delitos sexuales han sido largamente silenciados e invisibilizados. Son muy pocas las personas que pueden narrar la violencia sexual de la que fueron víctimsa durante la dictadura; y en el caso de las mujeres esa violencia sexual suponía un sufrimiento adicional al reducirlas sus verdugos a objetos de goce.

Los sacerdotes que visitaban las cárceles de la dictadura, como los médicos que trataban a los detenidos políticos, no desconocían esos padecimientos. Senger no los desconocía.

Sin embargo, ahí está su nombre en una plaza.

“Me parece paradigmático y horrible que le pongamos a un lugar público el nombre de un tipo que representa todo el horror de la dictadura y de la perversión asociada a la dictadura”, resumió María Luz Piérola. “Lamentablemente el nombre queda, como si se tratara de una persona honorífica y no lo fue, era una persona realmente nefasta. Eso hay que denunciarlo, la gente debe saberlo y, por lo tanto, hay que dar marcha atrás con el nombre”, sentenció.