“El problema del narcotráfico no es solamente penal, es también social”

19/03/2018

De la Redacción de Página Judicial La aprobación de la ley provincial de narcomenudeo fue bien recibida por el Gobierno e intentó bajar los decibeles al malestar que se generó por la decisión de la Legislatura de no atender el pedido de creación de cargos para atender las necesidades que supone el nuevo esquema de


De la Redacción de Página Judicial

La aprobación de la ley provincial de narcomenudeo fue bien recibida por el Gobierno e intentó bajar los decibeles al malestar que se generó por la decisión de la Legislatura de no atender el pedido de creación de cargos para atender las necesidades que supone el nuevo esquema de combate contra el narcotráfico.

En diálogo con el programa 5 Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná, la ministra Rosario Romero resaltó que “la ley es una herramienta para la sociedad” y explicó que la nueva norma “posibilita llegar más prontamente, porque lo que sucede generalmente es que el narcotráfico va en jet y nosotros vamos en automóvil, y la velocidad de llegada puede beneficiar en un mayor logro de seguridad”.

En la misma línea, resaltó que el narcotráfico “es un delito que evoluciona más rápidamente que la capacidad de respuesta que tiene el Estado” y agregó que “en Entre Ríos tenemos una situación particular que es que tenemos solamente dos jueces con competencia penal que entienden en los delitos de narcotráfico, y se ven desbordados. Además, con un criterio de combatir al mayor, y a veces por posibilidades concretas, no llegan al más pequeño, porque deciden marcarlo o seguirlo para llegar al mayor. El problema es que el pequeño, en el barrio, hace estragos; es el que captura al niño, a veces niños de 8 años, capturados por el consumo de drogas, mamás que gestan chicos siendo consumidoras, chicos que nacen con sintomatologías propias de las adicciones. Hay segmentos de la población que están severamente afectados”.

No obstante, la ministra sostuvo que “el problema no es solamente penal, es social y tenemos que abordarlo gradualmente y con todas la herramientas que tengamos a mano. Pero si esperamos a que se den todas esas condiciones, es decir, que estén los recursos para crear fiscalías, defensorías o que las cárceles estén en condiciones, no llegamos nunca. Entonces, la decisión es ir aplicándola gradualmente e insistir ante la Nación para el envío de los aportes y empezar a desarrollar políticas desde el sistema de salud y desde el Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia)”.

La aplicación gradual implicaría, según dijo la funcionaria, “que no se dispongan cien allanamientos en una ciudad, sino que se irá programando el ataque a los puntos de venta de acuerdo a su importancia y volumen, en forma progresiva, para darle tiempo al sistema judicial y al sistema carcelario a que vaya haciendo las adaptaciones pertinentes”.

En cuanto a la creación de cargos para el Poder Judicial, que motivó algunas quejas, la ministra explicó que el criterio que adoptó la Legislatura es “mirar la estadística mes a mes, desde el día cero, y comparar los datos a fin de año. En agosto, cuando se eleve el pedido de presupuesto, se analizará la creación de cargos, pero sobre la base de cuál es el volumen y dónde está la necesidad de los cargos”.

Otra preocupación que surge a partir de la aprobación de la ley es el colapso del sistema carcelario. Al respecto, Romero dijo que hay obras en las cárceles de Paraná y Federal y que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, ofreció diez estructuras prefabricadas que albergarían a ocho internos cada una, a las solo habría que construirle una base y servicios. “De todas maneras, no se pierde de vista la necesidad de una nueva cárcel”, acotó la funcionaria.

La ley nacional de desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes para los delitos de menor cuantía establece además que la Nación debe garantizar los fondos para su instrumentación. Sin embargo eso no está garantizado. “La posición que hemos adoptado es requerir equipamiento, hemos pedido cromatógrafos, el año pasado el Ministerio de Seguridad aportó vehículos para la Policía y ahora hay un compromiso. Tal vez la inversión vire más hacia la tecnología, que nos permita dotar a los fiscales de más elementos, equipamiento, automóviles. Pero es trámite y gestión”, enfatizó la ministra Romero.