Castrillón imprime cambios que insinúan una nueva era

05/03/2018

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Como presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, verá por primera vez esta semana a un “compañero” de ruta sentarse ante un tribunal para ser juzgado por una causa de corrupción. Pasaron 17 años de la denuncia contra el ex vicegobernador Héctor Alanis por un


Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial


Como presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, verá por primera vez esta semana a un “compañero” de ruta sentarse ante un tribunal para ser juzgado por una causa de corrupción. Pasaron 17 años de la denuncia contra el ex vicegobernador Héctor Alanis por un desvío millonario de fondos en el Senado.

Los cambios políticos hicieron que las causas por supuestos delitos en el seno de la administración pública sean, hoy, la comidilla de la comunidad judicial y alrededores. En esos ámbitos se suele ver a “la política” como una mala palabra, como un elemento sospechoso, tóxico. Sin embargo, en la historia contemporánea de la provincia, en rigor desde el ’83, la mayoría de los vocales se supieron identificar públicamente con el peronismo o el radicalismo. Incluso ocuparon espacios en una gestión o una banca en representación de esas organizaciones. La política está en todas partes de la vida pública. Hace unos días se conoció que los representantes del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura serán, entre otros, el referente radical Rodolfo Parente y la socialista Emma Bargagna.

La titular del Juzgado del Trabajo Número 2 de Paraná, Viviana Murawnik, por ejemplo, se identifica con Cambiemos. Es tal el acompañamiento a la gestión de la alianza UCR/PRO que publicó en su perfil de Facebook una foto con una boleta de ese sector político. El hecho que explicitó de la forma más brutal un delito mereció un pedido de Jury que fracasó y pasó inadvertido. Se ausentaron las voces republicanas que suelen ocuparse de la baja calidad institucional de la provincia.

Volvamos a Castrillón. Llegó al STJ propuesto por Jorge Busti cuando ocupaba una banca por el justicialismo en la Cámara de Diputados. Su perfil personal y algunos comportamientos en su vida privada y pública empañaron su ascenso al máximo cuerpo de justicia. Una vez allí, sin dejar de protagonizar hechos polémicos en lo personal, no se le conoció un fallo cuestionado. Nunca dejó de vincularse con sus antiguos compañeros de la política. En un cumpleaños de su pareja logró juntar en un mismo predio a todos: dirigentes políticos, funcionarios y magistrados.

El vocal oriundo de La Paz inició su presidencia con una importante actitud política. En los dos meses que tiene al frente del STJ se reunió con el gobernador Gustavo Bordet para expresarle su apoyo a una reforma electoral que se impulsa desde el Poder Ejecutivo y que, seguramente, tendrá como parte del debate la norma que lleva su nombre: la “Ley Castrillón”. Recibió a la muda Asociación de Magistrados y a legisladores interesados por llevar soluciones a sus distritos.

Antes de que alcanzara la presidencia, Castrillón acudió sus habilidades parlamentarias y sugirió que aquellos cargos auxiliares en los ministerios públicos, creados para la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio, pasen por el Senado para que éste preste acuerdo y luego el Gobernador mande los pliegos. La medida alcanzó sólo a los fiscales, no así a los defensores, lo que abre la sospecha que pudo haberse tratado de una picardía contra el procurador Jorge García. Juan Carlos Arralde también se tropezó con la misma piedra. El radical impugnó las designaciones de los fiscales auxiliares pero se olvidó de los defensores. Luego de una nota en Página Judicial, marcando esa incongruencia, apareció el planteo de Arralde por los defensores.

Control

El presidente del STJ salió airoso del escándalo en el que se ventiló la utilización de fondos públicos en el seno del Poder Judicial y que terminó con la salida de Carlos Chiara Díaz por el despilfarro de viáticos.

Firmó un convenio con el Tribunal de Cuentas para instalar una oficina permanente dentro del edificio de los tribunales de Paraná. La iniciativa “busca transparentar el funcionamiento de un poder del Estado frente a los organismos de control”, explicó el vocal tras su encuentro con el titular del organismo, Federico Felipe Tomas.

La última semana, mediante acordada del STJ, se reformuló la función del contador del Poder Judicial para que sea él el máximo responsable de llevar adelante el control del gasto, es decir que tenga a cargo “el control interno de la gestión económica y financiera”. Ese control –según se dispuso – “debe ser integral y abarcar todos los aspectos contables, presupuestarios, normativos involucrados en el procedimiento administrativo de que se trata, en calidad de corresponsable de la Presidencia o del STJ”.

Castrillón, un hombre hábil con herramientas de la política más tradicional, además, trazó lazos con el periodismo que lo tuvo en la lupa permanentemente. Brinda información a los medios, sobre todo lo que respecta al funcionamiento administrativo del Poder Judicial. Hace varios meses Página Judicial le encargó al periodista Oscar Londero, especializado en acceso a información pública, un informe acerca de los gastos en viáticos. Hubo respuesta por parte del STJ. Por errores involuntarios la información salió en otro lado. Otro tema. Continuará.

El martes 20 de marzo la comunidad judicial estará ante el primer discurso de Castrillón. Los discursos y las gestiones se evalúan sobre el final. La de Castrillón recién empieza.