Admiten otra vez a los secretarios para reemplazar a los magistrados

29/01/2018

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La agenda política para 2018 parece cargada de temas en materia judicial y uno de los proyectos en danza tiene que ver con el régimen de subrogancias, para tratar de llenar el vacío que dejó la Corte Suprema cuando invalidó el esquema diseñado por el kirchnerismo.


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


La agenda política para 2018 parece cargada de temas en materia judicial y uno de los proyectos en danza tiene que ver con el régimen de subrogancias, para tratar de llenar el vacío que dejó la Corte Suprema cuando invalidó el esquema diseñado por el kirchnerismo.

Pero mientras se discute ese proyecto, que tiene media sanción legislativa, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó la lista de conjueces para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, y el dato saliente es que la nómina está integrada, en su mayoría, por secretarios, que también habían sido vetados en su momento por el máximo tribunal.

En el listado aparecen, mayormente, secretarios: José María Barraza, Eduardo Maiztegui Marcó (Juzgado Federal de Concepción del Uruguay), María Angélica Jullier (Cámara Federal de Apelaciones), Federico Martín (Tribunal Oral Federal) y Nora Sanguineti de Raimundo (Juzgado Federal de Paraná). La nómina se completa con el nombre de la abogada Silvina Claudia García, oriunda de Concepción del Uruguay y con antecedentes como apoderada del Nuevo Banco de Entre Ríos y del Instituto del Seguro de Entre Ríos.

En la lista aprobada por el Consejo de la Magistratura también aparece el nombre de Gustavo Pimentel, ex juez federal de Concepción del Uruguay entre 2009 y 2011 y que fue propuesto desde su cargo de secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Pero a fines de diciembre juró como vocal para el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, en la justicia provincial, por lo que quedará excluido.

La Corte Suprema en su momento estableció que cuando se produzca una vacante, las cámaras federales sólo podrían reemplazar a un magistrado designando a otro juez titular, de la misma categoría, sea de la misma ciudad o de otra; y cuando eso no fuera posible, el reemplazante sería un juez jubilado. De esa forma, quedaban excluidos los secretarios, empleados y abogados de la matrícula.

El criterio establecido por el máximo tribunal achicaba los márgenes de discrecionalidad en las designaciones. En la provincia, por ejemplo, la lista estaba integrada por un puñado de asesores de organismos públicos, todos afines al Gobierno de Sergio Urribarri. Lo cierto es que esa decisión en Entre Ríos también generó un problema porque el padrón de posibles conjueces se limitaba a los jueces en funciones o, en casos extremos, a los únicos dos magistrados jubilados.

Lo cierto es que mientras se debate la nueva ley para la designación de subrogantes, el Consejo de la Magistratura elaboró una lista de conjueces para proponer su acuerdo al Senado siguiendo los parámetros fijados por el fallo de la Corte Suprema.

El criterio para la elaboración del listado –que surgió de un acuerdo con el Poder Ejecutivo– fue considerar a aquellos que hubieran obtenido una calificación de al menos 100 puntos en los exámenes para ocupar cargos de juez, al menos 50 puntos en las pruebas de oposición y 50 puntos en los antecedentes; que la competencia material para ejercer la subrogación surgiría de la competencia material del tribunal en que hubieran concursado; y el domicilio. En estos casos, no solo se consideraría a los postulantes ternados que no hubieran sido elegidos, sino a aquellos que integraron el orden de mérito definitivo en los concursos.

La novedad es que también se tendrá en cuenta, dice ahora el Consejo de la Magistratura, a los funcionarios del Poder Judicial y a los abogados de la matrícula.