La causa Ilarraz se elevó a juicio, pero faltaba pagar una traducción

30/11/2017

Oscar Londero Para Página Judicial Si el sacerdote Justo José Ilarraz resulta condenado y se le impone el pago de las costas del juicio, entre otras cosas tendrá que hacerse cargo de los honorarios por la traducción de documentos escritos en italiano. El importe es de 30.404,50 pesos. Así se desprende de una resolución emitida


Oscar Londero
Para Página Judicial


Si el sacerdote Justo José Ilarraz resulta condenado y se le impone el pago de las costas del juicio, entre otras cosas tendrá que hacerse cargo de los honorarios por la traducción de documentos escritos en italiano. El importe es de 30.404,50 pesos.

Así se desprende de una resolución emitida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Se trata de la Resolución Número 214/17, firmada por los vocales Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio, Emilio Castrillón y Susana Medina de Rizzo.

El 18 de agosto pasado los integrantes del alto cuerpo autorizaron el pago de los honorarios reclamados por la perito traductora Laura Moro, que trabajó con unos documentos producidos en el Vaticano. Esos escritos fueron incorporados a la investigación diocesana iniciada por la Curia cuando supo de los abusos sexuales a seminaristas que se le atribuyen a Ilarraz.

Los servicios de traducción fueron requeridos durante la instrucción de la Causa Número 5.461: “Ilarraz Justo José s/corrupción de menores agravada por ser encargado de educación”. Hubo traducciones del italiano al español y viceversa.

El trámite siguió su curso. Los días se hicieron semanas y así pasaron los meses. Cuando accedieron al legajo, los camaristas que juzgarán al sacerdote por su conducta mientras ejerció cono prefecto de disciplina del Seminario Menor de Paraná descubrieron que las traducciones seguían impagas.

Eso motivó el envío del Oficio Número 967 por parte de la secretaria de Transición de la Sala II de la Cámara I, Melina Arduino. De esa forma le hizo saber al STJ que se necesitaban recursos para pagar los honorarios exigidos por Moro.

A través de su escrito, Arduino transcribió la resolución por la que el tribunal compuesto por Alicia Vivían, Edwin Bastian y Darío Crespo hizo lugar al pedido de la perito traductora.

Cuando el tema llegó a consideración del STJ el pago fue autorizado, aunque los vocales también formularon una advertencia. En el segundo párrafo de la Resolución Número 214/17 le recordaron a la Cámara una observación efectuada por la Contaduría General del Poder Judicial respecto de la disponibilidad de fondos y el manejo de las partidas presupuestarias.

Entre otras cosas el máximo tribunal señaló que “en relación a la regulación de honorarios como los que interesan, que afectan considerablemente el crédito de la partida respectiva, disminuyen la posibilidad de atender otros gastos indispensables para este Poder Judicial”.

Tras identificar la partida presupuestaria de la que saldrá el pago a Moro, el STJ dio intervención a la Tesorería General, encargada de efectivizar el correspondiente libramiento. Además dio instrucciones para que se retenga a la contratista el dos por ciento del importe como impuesto a las profesiones liberales.

Fue tras precisar que la Contaduría General informó que era “presupuestariamente viable” atender la erogación que interesa y que “corresponde hacer lugar a lo solicitado y autorizar a la Tesorería General a pagar con cargo de oportuna rendición de cuentas y cuando las disponibilidades de caja lo permitan”.