Aportes para un debate sobre el diseño de políticas públicas

28/11/2017

Rubén Pagliotto (*) Sin ánimo de polemizar, ni mucho menos, pero con el generoso objetivo de contribuir a un debate respetuoso, de nivel, racional y democrático, me referiré brevemente a algunas de las opiniones volcadas por la colega ministra de Gobierno, Rosario Romero, en la entrevista concedida a Página Judicial, con muchas de las cuales

Rubén Pagliotto (*)

Sin ánimo de polemizar, ni mucho menos, pero con el generoso objetivo de contribuir a un debate respetuoso, de nivel, racional y democrático, me referiré brevemente a algunas de las opiniones volcadas por la colega ministra de Gobierno, Rosario Romero, en la entrevista concedida a Página Judicial, con muchas de las cuales coincido, mientas que con algunas otras discrepo y tengo visiones diferentes.

Respecto al numero de miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), coincido con la ministra de Gobierno de que, hoy por hoy, no es un tema de agenda, ni siquiera dirimente. Sí soy partidario de que en el futuro, y luego de recoger los consensos necesarios, el número de miembros se reduzca a siete, para luego de un tiempo en que se produzcan varias vacantes se llegue al número ideal de cinco, que es el que marca la Constitución Provincial.

El STJ necesita con urgencia ser remozado y recuperar, poco a poco, el prestigio que fue perdiendo en el tiempo, quizás por la pérdida de independencia y una excesiva politización –en el sentido de partidos de gobierno– que experimentó, llegando a una degradación que no le hace nada bien a la democracia en esta provincia.

La figura de la actual titular del cimero tribunal entrerriano, aunque no exclusiva ni excluyentemente, ha erosionado la imagen de la justicia, habiendo provocado que la ciudadanía en general sienta desconfianza de jueces y fiscales que, salvo honrosas excepciones, no han estado a la altura de las circunstancias. Los dos procesos de juicio políticos llevados adelante hace tiempo desnudaron groseras distorsiones, como falta de apego a estrictas normas de transparencia y una suerte de “aquelarre” en el máximo nivel del Poder Judicial, siendo el tema viajes, viáticos y gastos reservados, los tópicos más urticantes. Debemos propender a consolidar más la idea de “servicio de justicia” que la de un Poder Judicial de cúneo autocrático, que abjura de la meritocracia como forma de ingreso más republicana.

Coincido con la ministra acerca de la validez, como herramienta de participación ciudadana, del juicio por jurados y, al igual que ella, pienso que se debe escuchar la opinión de la ciudadanía toda sobre la posibilidad y responsabilidad de juzgar conciudadanos. Ha quedado demostrado que la gente lega (que no posee conocimientos jurídicos) tiene sentido común, mucha sensibilidad y prudencia, componentes que garantizan, con la debida presencia de un juez técnico que controle el apego irrestricto a las garantías constitucionales, veredictos justos, razonables y lógicos.

También coincido que otros ámbitos del derecho, como por ejemplo el de litigios por cuestiones de familia, laborales y civiles, deberían ser parte también de un proceso de des-papelización, que les garantice celeridad y mucha inmediación entre quién juzga, las pruebas del caso y las partes que litigan. Tenemos un sistema judicial muy vetusto, anquilosado, burocrático, farragoso, muy lento y costoso que hace que la justicia llegue muy tarde a solucionar situaciones conflictivas.

Respecto al sistema penal acusatorio, no coincido con la visión de la ministro Romero en cuanto a endilgar responsabilidad a los abogados que ejercemos la defensa privada como profesionales independientes, no haber logrado el mismo rango, importancia o vigor que los fiscales o que no tenemos o no hemos sabido generar los recursos suficientes como para tener esa igualdad de armas con la Fiscalía. Sostengo férreamente que debe ser el Estado quien le garantiza a las partes (Fiscalía y Defensa) esa igualad de armas que, en sí misma, se erige como una garantía que hace al derecho de defensa en juicio, puesto que pone el necesario equilibrio al otorgar igualdad de armas. Por ahora la disputa en el terreno de un proceso penal es muy desigual: existe un Ministerio Público Fiscal dotado de recursos humanos y técnicos de los que no disponemos quienes ejercemos el magisterio de la defensa en juicio de ciudadanos acusados de haber transgredido las normas o la leyes. Sí es cierto que aún nos cuenta mucho adaptarnos y encontrarle la vuelta al nuevo proceso acusatorio, sobre todo a aquellos abogados que durante muchos años litigamos bajo el influjo del sistema penal mixto.

De todos modos, observo un verticalismo muy marcado en el actual funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, fiscales muy dependientes de las instrucciones del procurador general o su adjunta, siendo del caso –al menos es lo que ocurre en otras provincias– que los jefes de fiscales imparten instrucciones generales, pero no intervienen en cuestiones específicas y puntuales. Se observa también que a menudo los fiscales, no todos, pero sí la gran mayoría, abandonan el principio o criterio de objetividad que deben guardar por imperio constitucional.

Me gustó mucho y ojala se haga realidad esa expresión tan clara de la ministra que ratificó la independencia del Poder Judicial y que no va a interferir el Poder Ejecutivo en el direccionamiento de las investigaciones ni cómo se resuelven las causas en general. Celebro mucho esa iniciativa que muchas veces se ha vociferado pero muy pocas veces se ha cumplido. No hay mayor garantías para los justiciables que la independencia del Poder Judicial. Una república o una provincia son institucionalmente fuertes, cuando su servicio de justicia es independiente del poder de turno.

Respecto a las causas por corrupción que tienen involucrados a ex y actuales funcionarios, si bien la flamante ministro ha dicho mucho más de lo que funcionarios de su gobierno han expresado en dos años de gestión, me pareció insuficiente y algo genérico. Su opinión respecto a esta delicada y sensible temática, ha sido casi reglamentaria y muy poco enfática. Hubiese esperado de ella expresiones más contundentes y severas. La corrupción es, sin dudas, el flagelo más difícil de erradicar de la administración publica, puesto que se ha colado en cada intersticio, en cada meandro por el que circulan dineros públicos.

El gobierno actual y todos los que lo sean en el futuro, tienen la obligación republicana inexcusable de prevenir en la esfera de actuación los actos de corrupción y cuando éstos sucedan, denunciarlos inmediatamente, como separar al funcionario involucrado hasta que la cuestión sea aclarada. Y por el lado del servicio de justicia, esta tiene la obligación de impedir que se consolide o consagre la impunidad.

Finalmente, quiero expresar mis reservas y muchas dudas respecto a si la ley de narcomenudeo será una solución efectiva contra el flagelo de la droga a pequeña escala. Más allá de que en esta oportunidad la adhesión de la provincia será total y no parcial, como lo hizo el anterior gobierno, costándole la declaración de inconstitucionalidad (primero en Paraná y luego en Concepción del Uruguay), considero errónea la visión de la ministra que “si vamos cerrando los kioscos de venta de estupefacientes también habrá una disminución en la ubicación del producto ilegal de parte de los grandes (…) Si cerramos las sucursales, el que abastece se va a ver perjudicado y en algún momento vamos a poder llegar a él”. Ello, decididamente no es así: no es correcto que cada punto de venta (kiosco) que se cierra le genere complicaciones a los peces gordos para colocar sustancias estupefacientes, pues los kioscos y los soldaditos (que pueden llegar a caer presos) se reciclan vertiginosamente. Hago mías las palabras del fiscal Félix Pablo Crous, a la sazón a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), cuando recomendó a las provincias no adherir a la ley y la consideró una mala herramienta jurídica. Crous advirtió que la ley engrosa estadísticas (más causas y detenidos), pero no reduce el tráfico. No mejoró la prevención ni reducción de los delitos de drogas, pero produjo más saturación en la justicia local, habilitó nuevas ‘cajas negras’ para la corrupción policial y contribuyó a que se dilapiden esfuerzos persiguiendo al consumidor en lugar de a los narcos. Recuerdo que años antes de que sea sancionada, el propio procurador general, Jorge García, desaconsejó su aprobación, aunque luego, sorpresivamente, pasó de “repeler” a aplaudir la ley de narcomenudeo.

Epilogando estas breves líneas, que pretenden inaugurar un debate que coloque la vara alta en el ámbito de discusión de políticas públicas, saludo que se genere un espacio de discusión, en el que cada uno podamos aportar con generosidad y amplitud, ideas y opiniones para la conformación de políticas de Estado de largo plazo, que superen las diferencias y las mezquindades de las parcialidades políticas y la coyuntura y que tengan como norte al futuro de los entrerrianos.

(*) Abogado penalista, ex fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), docente universitario, ex presidente de la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos.