La causa contra la banda de Celis, a punto de ser elevada a juicio

15/11/2017

De la Redacción de Página Judicial La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la prisión preventiva para los integrantes de la banda narcocriminal encabezada por los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis, desarticulada en mayo pasado, en el mismo momento en que varias personas descargaban 317 kilos de marihuana de una avioneta que había

De la Redacción de Página Judicial

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la prisión preventiva para los integrantes de la banda narcocriminal encabezada por los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis, desarticulada en mayo pasado, en el mismo momento en que varias personas descargaban 317 kilos de marihuana de una avioneta que había aterrizado en un campo de Colonia Avellaneda.

Esta resolución y el hecho de que ya está producida la totalidad de la prueba relevante, hacen que la causa quedara a un paso de ser elevada a juicio.

Los hermanos Tavi y Titi Celis están procesados como líderes de una banda que se dedicaba a organizar y financiar actividades de comercio de estupefacientes, que operaba en distintos barrios de Paraná (Antártida Argentina, Paraná XVI y San Agustín) y extendía sus redes a las localidades de San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá, Seguí e incluso hasta Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde. Se encuentran detenidos, al igual que otras 21 personas que ejercían distintos roles de provisión, organización, distribución, logística para el transporte, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta de drogas.

Ahora, la Cámara Federal reconfirmó la prisión preventiva de María Fernanda Orundes Ayala –pareja de Tavi Celis–, Miguela Fidelina Valde, Cristian Javier Silva –un hombre de extrema confianza de Celis, que le manejaba el dinero y administraba sus bienes–, Patricio Facundo Larrosa, Renzo Bertana –hijo de una ex pareja de Tavi–, Yamila María José Corradini –pareja de Titi Celis–, Marcos Javier Velázquez, María Laura Zurita (arresto domiciliario), Miqueas Julio Córdoba y Hernán Jesús Rivero –jefe de la Unidad Municipal 2 Oeste–. También quedó firme la prisión preventiva de José Raúl y Omar Horacio Ghibaudo, los dueños del campo donde aterrizó la avioneta.

La medida estuvo precedida por un polémico cruce entre el juez de primera instancia y el tribunal de apelaciones.

Ríos procesó a los integrantes de la organización y esa medida fue confirmada, pero la Cámara Federal anuló la parte de la resolución en la que se justificaba la prisión preventiva porque consideró que no estaba debidamente fundada, en virtud de que el magistrado no había analizado la situación de cada uno al determinar las posibilidades que tenían de entorpecer la investigación.

En su respuesta, el juez advirtió que “si la Cámara Federal de Apelaciones no coincide en la fundamentación propuesta por adherir tan solo a la insatisfactoria teoría del riesgo procesal (…) ante la apelación de la prisión preventiva, y el consecuente pedido de libertad, pudo asumir las consecuencias de su decisión, ordenando la inmediata libertad de los procesados sin recurrir forzadamente a un remedio extremo y excepcional de última ratio, como es la nulidad parcial de la prisión preventiva, dejando en una situación de ‘limbo jurídico’ a 14 de los 23 imputados procesados”.

Dice el juez Ríos que el tribunal no tuvo en cuenta el peligro de fuga, el entorpecimiento del proceso y la posibilidad de presionar a los testigos que tendrían los imputados en caso de recuperar su libertad. Esos elementos –y otros– aparecen desarrollados cuando dictó la prisión preventiva. “Se entiende que no puede considerarse infundada la resolución en ninguno de sus puntos”, cree el magistrado. “Podrá la instancia revisora no compartir los fundamentos dados, y en su caso deberá demostrar la incorrección de los argumentos y resolver en consecuencia, pero de modo alguno ello constituye un supuesto de nulidad”, acotó.

La polémica no terminó ahí: el tribunal integrado por Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Daniel Alonso recogió el guante, primero aclarando que “no existe disputa alguna” con el juez de primera instancia y luego exhortándolo “a que ciña su accionar a lo que la normativa adjetiva expresamente contempla, y concentre sus esfuerzos en las tareas que les son propias en aras de continuar prestando un eficaz y eficiente servicio de justicia”.

Polémicas de lado, y en cuanto al resto de los integrantes de la organización, ya estaban bajo arresto –la lista comprende a Eduardo Ramón Celis, el padre; y Miguel Carmelo Leguizamón, apodado Cebolla, subjefe Unidad Municipal 2–, salvo una vidente que asesoraba a los dueños del campo donde aterrizó la avioneta. Los hermanos Celis, por ejemplo, ni siquiera apelaron su procesamiento.