Mizawak no fue citada a declarar en el juicio al perito balístico del STJ
07/11/2017
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La organización criminal funcionaba desde las entrañas del palacio de justicia. Robaban armas que debían permanecer bajo custodia, en el depósito de tribunales, y las vendían en el mercado ilegal. El jefe, se presume, era Antonio María Daniel Vitali, el perito balístico del Superior Tribunal de
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
La organización criminal funcionaba desde las entrañas del palacio de justicia. Robaban armas que debían permanecer bajo custodia, en el depósito de tribunales, y las vendían en el mercado ilegal. El jefe, se presume, era Antonio María Daniel Vitali, el perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Para Vitali, los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Malvasio pidieron una condena de once años de prisión. Lo acusan por los delitos de peculado, sustracción de objetos destinados a servir de prueba y custodiados y provisión ilegal de armas de fuego.
El negocio habría funcionado, al menos, durante dos años, hasta el 6 de mayo de 2016. Vitali y Maximiliano Bertoni, ambos empleados del Poder Judicial, se robaron las armas que estaban depositadas en el depósito de efectos secuestrados del edificio de tribunales. Para eso, creen los fiscales, contaron con la facilitación que les brindaba de Fabricio Santapaola, responsable del depósito. Vitali era quien sacaba las armas, se las entregaba a Bertoni y éste a Eduardo Borgogno y Mario López Alonso, que eran los encargados de conseguir los compradores, realizar las gestiones de venta y cobrar por ello. Bertoni les pagaba por sus gestiones, se cobraba su comisión y una parte le tocaba a Vitali.
Se logró probar la sustracción de al menos 72 armas de fuego que luego fueron vendidas o alquiladas en el mercado negro.
Esos son los hechos por los que será juzgado Vitali en una fecha todavía incierta. Bertoni, Borgogno y López Alonso confesaron haber sido parte de la organización criminal. Santapaola también deberá responder ante la justicia.
En el caso de Vitali, en la audiencia de remisión a juicio celebrada este lunes, los fiscales pidieron unificar otra causa que tramita por el antiguo sistema procesal, donde el perito está procesado por la desaparición de más de una decena armas de fuego que habían sido remitidas desde la justicia de Concepción del Uruguay.
En la audiencia ante el juez José Eduardo Ruhl, los fiscales y el defensor Damián Petenatti expusieron cuáles son las pruebas documentales, instrumentales, periciales y testimoniales que pretenden reproducir en el debate oral y público. Se acordó que habrá unos setenta testigos, entre los que se cuentan funcionarios y empleados judiciales y policías, fundamentalmente, pero la lista tiene una ausencia llamativa: la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, no fue convocada a dar testimonio en el juicio. Quien sí deberá declarar como testigo en el juicio es Elena Salomón, secretaria de Superintendencia del alto cuerpo.
No este el único dolor de cabeza que aqueja al perito Vitali. Hace dos semanas, una mujer lo denunció por amenazas y de violencia de género. Según expuso en tribunales, entre agosto y octubre, el perito le envió innumerables mensajes de texto y a través del sistema de mensajería de WhatsApp intimidatorios exigiendo la devolución de un dinero que supuestamente le habría prestado. Vitali admitió que los mensajes salieron de su teléfono celular e intentó desvincular a su familia, ante la declaración de la víctima que también dijo haber recibido amenazas provenientes de un número desconocido.
Pero lo peor para Vitali ocurrió cuando la Policía allanó su casa. Allí se le encontró un revólver calibre 357 con la numeración borrada. Una pericia demostró que el arma había sido secuestrada en un procedimiento realizado en Diamante, peritada en el año 2008 y enviada al depósito de efectos secuestrados en 2015, junto con otras 44 pistolas, para su destrucción. Pero eso no pasó. El revólver no se destruyó y la sospecha es que Vitali la reintrodujo en el mercado en forma ilegal. Por ese hecho se negó a declarar este lunes ante el fiscal Aramberry, que amplió la imputación, que en un principio era de extorsión y amenazas, a la sustracción de objetos destinados a servir de prueba y custodiados.
Foto: Entre Ríos Ahora.