Una pericia demora un juicio por crímenes de la última dictadura

06/11/2017

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El juicio escrito por el que transita la causa Área Paraná II entrará en una especie de stand-by, a partir de una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de suspender los plazos procesales mientras la defensa del represor Alberto Rivas revisa antiguos expedientes militares y,

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El juicio escrito por el que transita la causa Área Paraná II entrará en una especie de stand-by, a partir de una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de suspender los plazos procesales mientras la defensa del represor Alberto Rivas revisa antiguos expedientes militares y, probablemente, luego solicite una serie de pericias sobre ellos.

Rivas era oficial instructor de los consejos de guerra, una especie de juicios militares que utilizó la dictadura para encubrir los hechos ilegales cometidos por el aparato represivo y darles una apariencia de legalidad. Bajo ese procedimiento, alrededor de un centenar de personas fueron condenadas entre 1976 y 1977 sin pruebas ni garantías.

Mientras permanecían en los centros clandestinos de detención, los presos políticos eran obligados a firmar declaraciones autoincriminatorias bajo tortura, que luego eran utilizadas como prueba en su contra en los consejos de guerra.

El represor solicitó la suspensión de los plazos procesales para revisar ese expediente y es probable que luego solicite que se practiquen pericias caligráficas a fin de determinar si las firmas estampadas en las actas donde constan las declaraciones de las víctimas le pertenecen o no. Esta presunción encuentra fundamento en el hecho de que en un juicio anterior, donde ya fue condenado por su rol como instructor de los consejos de guerra, se determinó que la mitad de las firmas que se le atribuían no eran de su puño y, por ese motivo, el juez le dictó la absolución por esos casos, aunque esa exculpación fue luego revertida por la Cámara Federal, en la revisión de esa sentencia.

La revisión de ese expediente militar fue solicitada por los defensores oficiales que asisten a Rivas, como algo “indispensable” para el ejercicio de una defensa técnica eficaz y, sobre todo, como parte de su derecho “a examinar en todo momento las actuaciones, más aún la prueba de cargo” que pesa sobre el represor.

La jueza Beatriz Estela Aranguren, que tiene a su cargo el plenario, había rechazado el planteo defensista, pero la Cámara Federal de Apelaciones revocó esa determinación. Los jueces Daniel Alonso, Mateo Busaniche y Cintia Gómez consideran que la revisión de ese expediente “permitiría a los defensores del imputado Rivas la preparación adecuada de su defensa” y de esa forma se evitaría “la afectación de garantías constitucionalmente consagradas, a saber, la defensa en juicio y debido proceso”, por lo que dispusieron que la defensa pueda acceder a los originales y/o copias certificadas del sumario del consejo de guerra “por el tiempo que estime pertinente”. En la práctica esa determinación obligará a paralizar la tramitación del juicio.

La causa Área Paraná II se inició en 2011 como un desprendimiento del expediente principal, que tuvo sentencia en diciembre de 2015. En esta causa se investigan privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones, apremios ilegales y severidades en perjuicio de 22 víctimas, cometidos entre 1976 y 1977, y el homicidio calificado del soldado Jorge Emilio Papetti, que permanece desaparecido.

Rivas es uno de ocho imputados que tiene esta causa. Los otros son los también ex militares Naldo Miguel Dasso, José Anselmo Appelhans, Gonzalo Jaime López Belsue –los tres acusados por el secuestro, torturas y desaparición de Papetti–, Jorge Humberto Appiani, Guillermo Quintana –el único excarcelado–, la ex agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost y el médico Hugo Mario Moyano.

La etapa de producción de pruebas prevé la declaración de testigos, sobrevivientes y familiares de las víctimas en audiencias públicas. Appiani, en ejercicio de su autodefensa, pidió que se cite a 126 personas entre agentes del Servicio Penitenciario, militares, policías federales y ex detenidos políticos, según pudo saber Página Judicial. Eso está siendo analizado por la jueza y será resuelto en las próximas semanas.

Fuente: Página Judicial y El Diario.
Foto: Juan Martín Casalla.