Renace la industria del juicio por ajuste de salarios para gendarmes
11/10/2017
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La justicia investiga si un abogado y ex gendarme paranaense introdujo datos falsos en una demanda tendiente a que un jubilado obtenga un aumento salarial y por eso terminó imputado por el delito de estafa procesal, del mismo modo que su cliente. Juan Cruz Varela De
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
La justicia investiga si un abogado y ex gendarme paranaense introdujo datos falsos en una demanda tendiente a que un jubilado obtenga un aumento salarial y por eso terminó imputado por el delito de estafa procesal, del mismo modo que su cliente.
El abogado Juan Alberto Manuel Liva, que cumplió funciones en el escuadrón de Gendarmería de Formosa, se jacta de representar con su firma a casi ¡10 mil gendarmes! que reclaman ajustes salariales ante los tribunales federales. Por segunda vez fue acusado por el delito de estafa procesal. Antes fue absuelto en un juicio oral.
Desde hace unos años Liva sostiene una fenomenal industria del juicio utilizando un criterio de prórroga de competencia, es decir, que se permita litigar en Paraná a personas que no tienen domicilio en la provincia. En su mayoría son gendarmes. Muchos de ellos provienen de Formosa. En un principio, eso fue habilitado por la Cámara Federal de Apelaciones, hasta que el propio tribunal cambió el criterio, declaró la incompetencia territorial y comenzó a rechazar esas demandas.
Los números asustan: en 2009 se multiplicó por seis la cantidad de causas que ingresaron al Juzgado Federal Número 2 de Paraná, donde tramitan las cuestiones previsionales. Sólo ese año se registraron 36.386 nuevos expedientes iniciados por agentes de las fuerzas armadas y de seguridad de diferentes puntos del país que reclamaban una readecuación de sus salarios.
A mayor abundamiento, un ejemplo expone cómo funcionaba el esquema: Liva tiene su estudio en División Los Andes 1378 de Paraná y en el año 2012 patrocinó con su firma un expediente en el que representó a 456 actores y otro con el poder de 789 gendarmes.
De Formosa a Paraná
En los últimos meses hubo un reverdecer en la litigiosidad por parte de agentes retirados de las fuerzas armadas y de seguridad en los tribunales paranaenses: solo este año, Liva presentó demandas en representación de más de ¡2 mil gendarmes!
Esto se explicaría en los movimientos que están por producirse en la Cámara Federal de Apelaciones, con la inminente designación de Beatriz Estela Aranguren, y la vuelta de Edgardo Daniel Alonso al Juzgado Federal Número 2 de Paraná. Alonso es el único juez que sostiene el criterio de prórroga de competencia y esa decisión traería de la mano el dictado de medidas cautelares para que a los demandantes se les efectúen las liquidaciones de sueldos de acuerdo a sus reclamos.
Como se dijo, Liva cumplió tareas en la Agrupación VI “Formosa” de Gendarmería, hasta que lo pasaron a retiro obligatorio en 2003. La medida fue confirmada en 2006, luego de que una junta médica dictaminara que presentaba “‘trastorno adaptativo’, con ansiedad e inhibición laboral específica” y lo clasificó como “incapacitado para todo servicio”. El informe médico aclara que tal afección no guardaba relación con ningún acto de servicio.
También el juez Alonso estuvo en el escuadrón de Gendarmería de Formosa, entre 1985 y 1999.
Un abogado flojo de papeles
La sospecha es que Liva continuó buscando la reivindicación salarial para los retirados y pensionados de las fuerzas armadas y de seguridad, aún después del cambio de criterio por parte de la Cámara Federal de Apelaciones, pero por caminos turbios.
En un expediente, el 28 de diciembre de 2012, un gendarme presentó una demanda civil, con el patrocinio letrado de Liva, pidiendo que el Estado Nacional le reconociera una serie de adicionales que le significarían un aumento en sus haberes. El reclamante acompañó una fotocopia de la primera hoja de su DNI, en la que no constaba su domicilio, y habría dado datos falsos sobre su lugar de residencia. El 5 de septiembre de 2014, el mismo gendarme reiteró la demanda, aportando esta vez una fotocopia de un documento de identidad en el que consta como su domicilio el lugar donde funciona el estudio jurídico del abogado Liva.
La sospecha es que el gendarme no vive en Paraná, ni siquiera en Entre Ríos, y que fijó un domicilio falso en la capital provincial al solo efecto de tramitar la demanda judicial en esta jurisdicción.
Ambos fueron acusados por estafa procesal, un delito que prevé penas de hasta seis años de prisión. Se trata de un delito que comete quien manipula pruebas en un procedimiento penal con el objetivo de hacer incurrir al juez en un error, perjudicando los intereses económicos de un tercero, en este caso, el Estado Nacional.
En principio, para zanjar esa duda el juez Leandro Ríos dispuso que se realice una pericia caligráfica a fin de determinar si los datos falsos fueron inscriptos por el gendarme demandante o por el abogado; y la Cámara Federal de Apelaciones no descartó que, dependiendo del resultado de la pericia y de la producción de otras medidas de prueba, puedan surgir otros delitos en que hubiera incurrido el letrado.
Lo cierto es que esta causa que enfrenta el abogado por el delito de estafa procesal no es una novedad. Hace unos meses, en junio, el Tribunal Oral Federal de Paraná lo sobreseyó de una acusación idéntica. En ese caso, el letrado llegó a juicio acusado de haber falsificado la firma de un cliente, de presentar fotocopias de un documento falsificado para simular que el gendarme al que representaba vivía en Paraná, cuando en realidad estaba radicado en el partido bonaerense de San Miguel y de haber duplicado el reclamo. En esa ocasión, el propio cliente negó haber promovido la demanda y una pericia corroboró que la firma era falsa. Liva, en su descargo, dijo que pudo haberse tratado de un error entre las miles de demandas que promovió y el tribunal lo absolvió.