El Poder Judicial, un inquilino como cualquier otro

11/09/2017

Oscar Londero Para Página Judicial Hasta julio pasado el Poder Judicial de Entre Ríos había autorizado el alquiler de 13 propiedades para el funcionamiento de otros tantos organismos. Pero reunir la información oficial no fue fácil. Oscar Londero Para Página Judicial Hasta julio pasado el Poder Judicial de Entre Ríos había autorizado el alquiler de

Mediante una cédula, emitida el 25 de agosto y entregada seis días más tarde, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) mencionó 10 resoluciones del Tribunal de Superintendencia que sirvieron para convalidar idéntica cantidad de contratos. Los detalles de los tres restantes surgieron de la consulta a la página web de la Justicia provincial.

No se trata, claro está, de la totalidad de los convenios suscritos por la Justicia entrerriana. En su informe correspondiente al Año Judicial 2017, el STJ indicó que administra 103 inmuebles, de los cuales 17 son propios (17 por ciento); 15 funcionan en centros cívicos (15 por ciento), 12 fueron cedidos en comodato (12 por ciento) y los 59 restantes son alquilados (57 por ciento) (ver informe adjunto).

Por eso durante el Acuerdo General Número 22/17, celebrado el 15 de agosto último, el STJ señaló que no debía “abocarse a la producción de información pública que, justamente por revestir ese carácter, se encuentra disponible no sólo para Usted sino para la ciudadanía toda en el sitio web del Poder Judicial de Entre Ríos”. La frase entrecomillada formó parte de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que el autor de estas líneas formuló el pasado 1 de agosto. Fue con la intención de conocer la fecha de los contratos suscriptos durante el presente año, las ubicaciones de los inmuebles, los montos de los alquileres y las resoluciones por las que se autorizaron los diferentes convenios.

A continuación se detallan los contratos reconocidos por el STJ en lo que va del año:

–Resolución de Superintendencia Número 32/17, del 2 de febrero: fue suscripta por los vocales Bernardo Salduna (a cargo de la Presidencia), Emilio Castrillón, Susana Medina de Rizzo y Daniel Carubia. Posibilitó que se renovara el alquiler del inmueble situado en Balcarce 110, de la ciudad de Colón, para funcionamiento del Archivo Judicial de esa jurisdicción. El contrato se fijó con retroactividad al 1 de enero y por tres años, a razón de 4.900 pesos mensuales durante 2017, 5.880 pesos mensuales en 2018 y 70.059 pesos mensuales en 2019.

–Resolución de Superintendencia Número 40/17, del 21 de marzo: aprobó el contrato de locación del inmueble para el funcionamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú. El convenio es por tres años y su cumplimiento demandará 52.000 pesos mensuales durante la primera temporada, 62.400 pesos mensuales durante la segunda y 74.880 pesos mensuales en la tercera. Fue firmada por los vocales Claudia Mizawak, Castrillón y Salduna.

–Resolución de Superintendencia Número 54/17, del 30 de abril: autorizó el alquiler de un inmueble situado en Las Acacias s/n, de la ciudad de Ubajay, para que funcione el Juzgado de Paz. Se pagarán 6.600 pesos mensuales durante el primer año, 8.250 pesos en el segundo y 10.350 pesos en el tercero. Lo autorizaron los vocales Mizawak, Salduna y Leonor Pañeda.

–Resolución de Superintendencia Número 55/17: dispuso la renovación por un año del contrato de locación del inmueble ubicado en Mitre 230, de la ciudad de Diamante, para funcionamiento del Juzgado en lo Civil y Comercial y la oficina del técnico informático. El acuerdo se celebró a razón de 14.500 pesos mensuales, lo que representó un 38,3 por ciento más que en 2016. Fue dispuesto por los vocales Mizawak, Salduna y Castrillón.

–Resolución de Superintendencia Número 60/17, del 18 de abril: convalidó el contrato durante tres años para destinar la propiedad ubicada en Córdoba 228, de la localidad de Hernandarias, al funcionamiento del Juzgado de Paz. Durante el primer año se abonarán 3.500 pesos mensuales y luego se incrementará a 4.200 pesos (segundo año) y 5.000 pesos (tercer año). Firmaron los vocales Mizawak, Salduna, Castrillón y Carubia.

–Resolución de Superintendencia Número 61/17, del 18 de abril: autorizó el alquiler de oficinas a la Municipalidad de Hasenkamp durante el presente ejercicio. Hasta fin de año se abonarán 1.488 pesos mensuales y otros 384 en concepto de expensas. Brindaron su conformidad los vocales Mizawak, Salduna, Castrillón y Carubia.

–Resolución de Superintendencia Número 125/17, del 7 de junio: autorizó el alquiler de la propiedad ubicada en Urquiza 1398, de la ciudad de Federal, para uso de los Juzgados de Paz, Civil y Comercial, y de Garantías. Será por tres años, a razón de 21.000 pesos mensuales durante la primera temporada, incrementándose a 27.720 pesos en la segunda y a 36.590 pesos en la tercera. Así lo dispusieron los vocales Mizawak, Carubia, Castrillón y Salduna.

–Resolución de Superintendencia Número 138/17, del 15 de junio: permitió el alquiler del inmueble ubicado en Avenida 8 de Junio 372, de la ciudad de General Campos, para uso del Juzgado de Paz. Empezó a regir en agosto y se extenderá durante un año, a razón de 9.300 pesos mensuales, lo que representará un incremento del 49,62 por ciento respecto de 2016. Lo avalaron los vocales Mizawak, Carubia, Castrillón y Medina de Rizzo.

–Resolución de Superintendencia Número 144/17, del 29 de junio: autorizó la reubicación del Juzgado de Paz de la ciudad de Federal en la propiedad ubicada en Irigoyen 1282. Se fijó un canon de 7.580 pesos mensuales durante el primer año, de 9.854 pesos mensuales para el segundo y de 12.810 pesos mensuales para el tercero. Los vocales Mizawak, Carubia, Castrillón y Salduna dieron su conformidad pero señalaron que si bien los montos eran elevados se habían privilegiado las comodidades del inmueble por ajustarse “a las características edilicias generales mínimas requeridas (ambientes, superficie, localización, etcétera), de acuerdo con el informe técnico del Área de Planeamiento e Infraestructura Edilicia”.

–Resolución de Superintendencia Número 165/17, del 12 de julio: dispuso el alquiler de un inmueble (3 de Febrero 356) para el funcionamiento del Juzgado de Garantías de San Salvador junto con la Oficina de Mediación, el Departamento Médico Forense y el Equipo Técnico de la Jurisdicción. Tendrá vigencia durante tres años: 14.000 pesos mensuales en el primero, 18.000 pesos en el segundo y 23.000 pesos en el tercero. Fue autorizado por los vocales Salduna, Carubia y Germán Carlomagno.

En tanto, los convenios que surgen de la información disponible en la web del Poder Judicial son los siguientes:

–Resolución de Superintendencia Número 136/17: dispuso, a partir del 1 de junio pasado, la adecuación del canon por el inmueble que la Caja Forense posee en la ciudad de La Paz. Se acordó el pago de 11.937 pesos mensuales. La medida fue suscripta por los vocales Salduna, Carubia, Castrillón y Medina de Rizzo.

–Resolución de Superintendencia Número 162/17, del 12 de julio: aprobó, con la firma de los vocales Salduna, Carubia y Carlomagno la “adecuación del canon locativo del inmueble de la Sección Diamante de la Caja Forense a partir del corriente mes de julio de 2017”, elevándose el alquiler a 32.531 pesos mensuales. El incremento fue dispuesto “habiéndose considerado para su determinación el importe promedio de la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (Tasa Judicial) y la Tasa Badlar (Tasa de Encuesta publicada por el Banco Central de la República Argentina), conforme lo establecido en el convenio firmado con el locador y que fuera convalidado mediante Resolución de Superintendencia Número 302/16”.

–Resolución de Superintendencia Número 187/17: autorizó el alquiler de la propiedad ubicada en Andrade 649, de la ciudad de Gualeguaychú, para el funcionamiento del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Fue por el término de un año, a partir del 1 de febrero pasado, a razón de 9.000 pesos mensuales. Así lo dispusieron los vocales Salduna, Carubia, Castrillón y Medina de Rizzo.

Al aludir a la infraestructura con que cuenta, el STJ precisó en su informe anual que “esta característica de la titularidad de los inmuebles donde funcionan nuestros organismos limita la capacidad de intervención sobre los edificios, generando diversas dificultades nada fáciles de resolver”.

La rendición de cuentas se hizo pública el 17 de abril último, cuando se inauguró formalmente el Año Judicial, aunque sin el tradicional discurso. Quienes pensaban escuchar a Mizawak debieron quedarse con las ganas.