Un peligroso antecedente se juega en la Justicia en materia laboral
23/08/2017
De la Redacción de Página Judicial En las próximas horas, trabajadores de El Diario de Paraná serán interrogados por una jueza laboral que pretenderá hacerles reconocer si un compañero es quien está pintando con aerosol una pared del edificio del matutino. Los testigos fueron convocados en una causa que se abrió en el marco de
De la Redacción de Página Judicial
En las próximas horas, trabajadores de El Diario de Paraná serán interrogados por una jueza laboral que pretenderá hacerles reconocer si un compañero es quien está pintando con aerosol una pared del edificio del matutino. Los testigos fueron convocados en una causa que se abrió en el marco de una protesta tras más de un año de salarios adeudados, sometimiento a condiciones indignas para los empleados y deudas en las cargas sociales por parte de la empresa, entre otras irregularidades.
La titular del Juzgado del Trabajo Número 2, Viviana Murawnik, interrogará este jueves a Jorge Riani, Fabián Reato, Alfredo Alarcón y Oscar Riani, todos empleados de El Diario. Quiere, en boca de ellos, construir la certeza de que Fabián Larrea, otro trabajador de la empresa, fue quien empuñó el aerosol.
Esa estrategia de delación llevada a cabo por el abogado de El Diario, Andrés Arias, de estrecha relación con Murawnik, tiene como objetivo sacarle la inmunidad gremial que tiene Larrea como delegado del Sindicato Gráfico. Pero el objetivo de fondo es despedirlo con justa causa: por otro andarivel tramita una causa penal contra el trabajador que se manifestó en reclamo del pago de sueldos atrasados y el medio aguinaldo. En este caso, la denuncia es por haber dañado el edificio con las pintadas.
El 23 de diciembre del año pasado, trabajadores de todas las áreas de El Diario se concentraron frente a la empresa, en la esquina de Urquiza y Buenos Aires, para reclamar el pago de salarios atrasados y el medio aguinaldo. La protesta fue sin incidentes: se entregaron volantes explicativos a los automovilistas y transeúntes, hubo una bazucada, se pintó la fachada con consignas gremiales y se quemaron cubiertas. Eso derivó en la denuncia contra Larrea que se presentó tres meses después.
Una decisión punitiva contra Larrea afectaría directamente el derecho a la protesta contemplado en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión y de resguardo de los derechos laborales (artículos 14, 14 bis y 32).
En el caso de esa protesta de los trabajadores del matutino –como todas las que han hecho– no se registró un solo acto de violencia. ¿Las pintadas no son, acaso, una forma de expresarse? ¿Se atreverá una jueza a quitarle los fueros a un trabajador por una pintada en una pared? Si lo hiciera estaría generando un pésimo antecedente; y lo haría, precisamente, una jueza que también tiene antecedentes.
La empresa Sociedad Anónima Entre Ríos, editora de El Diario, tiene como cara visible es Ramiro Nieto, que representa a la mayoría accionaria; y la otra parte pertenece a la familia Etchevehere. Dos de sus integrantes ostentan hoy cargos de relevancia: Luis Miguel es el presidente de la Sociedad Rural Argentina; y Juan Diego es presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos y titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la provincia.
La tragedia del centenario matutino comenzó cuando el entonces gobernador Sergio Urribarri se apropió en 2010 de la mayoría accionaria de la empresa a través de un mutualista amigo, Walter Grenón, quien le cedió luego las acciones a Nieto.
Durante todos esos años se produjo un vaciamiento en la empresa. No es una especulación, sino una investigación impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por evasión de impuestos en el marco préstamos que una mutual hizo a una tercera firma asociada a los Etchevehere para la concreción de operaciones inmobiliarias que tuvieron como su objeto el vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos. Esa denuncia había sido impulsada por Dolores Etchevehere, hermana de los aludidos Luis Miguel y de Juan Diego.
Los integrantes del grupo familiar también están siendo investigados por la explotación laboral de peones y su reducción a la servidumbre en la estancia La Hoyita, propiedad de su familia, en el departamento Tala.