Citaron a declarar a Feltes, Marizza y Szczech por la Cumbre del Mercosur
18/08/2017
De la Redacción de Página Judicial Tres años después de haberse gestado la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), una funcionaria pública y cuatro empresarios de la construcción deberán prestar declaración de imputado, en el marco de una causa en la que se investigan irregularidades en la adjudicación directa de una serie de obras públicas
De la Redacción de Página Judicial
Tres años después de haberse gestado la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), una funcionaria pública y cuatro empresarios de la construcción deberán prestar declaración de imputado, en el marco de una causa en la que se investigan irregularidades en la adjudicación directa de una serie de obras públicas realizadas con motivo de la XVLII Reunión Ordinaria del Consejo de Mercado Común del Sur, celebrada en diciembre de 2014 en Paraná.
Se trata de la actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez de Feltes; y los empresarios Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú, que dirigen empresas de la construcción.
Tras reunir pruebas y requerir diversas pericias, los fiscales Juan Francisco Malvasio y Alejandro Cánepa decidieron este viernes citar a quienes estuvieron de un lado y otro del mostrador. Alicia Benítez de Feltes se desempeñaba en aquel momento al frente de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la provincia y fue designada como coordinadora general del Comité Operativo de la UOCM.
Desde el Ministerio Público Fiscal pusieron en duda el celo con que la funcionaria efectuó su trabajo.
En base a los elementos colectados en el legajo, los fiscales dejaron entrever que eso pudo facilitar el pago de sobreprecios para la ejecución de obras y servicios, tal es así que hasta le pusieron una cifra al perjuicio causado al Estado: su estimación es que la UOCM autorizó el pago de 17 millones de pesos más de lo necesario.
La funcionaria tuvo un puesto clave: representó a la provincia en una comisión creada para canalizar las obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur. Miguel Marizza, en tanto, fue nombrado en representación de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción.
A criterio de los fiscales, Benítez de Feltes no fue lo suficientemente estricta en los controles y avaló pagos por encima de los valores de mercado. Entre otras cosas, llamó la atención que los presupuestos presentados por las contratistas fueron avalados los mismos días en que se presentaron y sin que merecieran objeciones, consignó el periodista Oscar Londero en El Entre Ríos.
Para que las empresas pudieran cobrar las cifras que están bajo sospecha, necesitaron que Benítez de Feltes reconociera la necesidad de los trabajos a través de diversas resoluciones. Esos documentos fueron suscriptos por la funcionaria y por el representante del sector privado ante el Comité Operativo de la UOCM, Miguel Marizza.
El empresario también fue citado a prestar declaración de imputado y por tres motivos: por haber integrado la comisión con Benítez de Feltes, por ser vicepresidente de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción y por su condición de presidente de Caballi SA.
Esa firma realizó una serie de trabajos en la Escuela Del Centenario y en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, las dos sedes utilizadas para la Cumbre del Mercosur. De acuerdo con documentación emitida por la UOCM percibió 11.722.585 pesos.
Otro de los que deberá afrontar la indagatoria será Néstor Iván Szcezech, presidente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción y máximo responsable de la firma Szczech & Szczech. A esa contratista se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos.
Rubén Grasso, presidente de la firma Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc) SRL, también tendrá que dar las explicaciones del caso durante la serie de indagatorias previstas para el mes de septiembre. La empresa que dirige, de acuerdo con los datos de la UOCM, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos.
La lista de empresarios citados por la Justicia también incluyó a Daniel Hereñú, presidente la firma Organización Integral Constructora SA (OICSA). Según las resoluciones emitidas desde la UOCM, la contratista efectuó obras por 5.784.289 pesos.