Investigan si un juez cometió estafa procesal y falsificó sellos judiciales

27/07/2017

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El caso podría derivar en un escándalo: un juez provincial está siendo investigado por una presunta estafa procesal y la falsificación de sellos judiciales para simular la presentación de un escrito en un expediente que tramitaba previo a asumir como magistrado. Juan Cruz Varela De la

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El caso podría derivar en un escándalo: un juez provincial está siendo investigado por una presunta estafa procesal y la falsificación de sellos judiciales para simular la presentación de un escrito en un expediente que tramitaba previo a asumir como magistrado.

Lo que se inició como una investigación administrativa a raíz del extravío de un escrito en un expediente judicial, motivó la apertura de una causa penal por la posible comisión del delito de estafa, por una “defraudación, substituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante” que podría alcanzar a un juez.

Concretamente, lo que se investiga es un fraude procesal, una figura que se produce cuando una persona interesada en resolver un determinado asunto se presenta ante alguna autoridad judicial y provoca un error a través de informaciones falsas, con la finalidad de obtener un beneficio, el cual no habría sido posible si la información ofrecida fuese la verdad. La jurisprudencia ha establecido que el delito se consuma con la producción del error, aunque no alcance a manifestarse en una sentencia.

En este caso, la investigación surgió a partir de que una abogada que pertenece al mismo estudio donde trabajara el magistrado efectuó un pedido de caducidad de instancia en una causa iniciada por la filial local de una empresa multinacional, a raíz de un reclamo que le hiciera un municipio entrerriano por una deuda en concepto de derechos de publicidad, propaganda, uso y ocupación de espacios públicos correspondiente a los años 2001 a 2002, que la comuna reclamó a mediados de 2006. La firma pagó la multa, pero lo hizo bajo protesta, primero por la vía administrativa, hasta que el 2 de febrero de 2009 promovió una demanda contencioso administrativa contra el municipio, pidiendo la anulación de la resolución por la cual se establecía el tributo y el reintegro del dinero que ya había abonado.

La caducidad que se discute en esta instancia es una figura que surge cuando hay una presunción de que alguna de las partes perdió el interés por la continuidad del trámite judicial y eso motiva una inactividad procesal prolongada, como ocurrió en este caso.

A siete años de iniciada la causa, la abogada asegura haber presentado un pedido de caducidad de instancia ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Número 1 de Paraná, con la pretensión de dar por concluido el proceso. Pero el escrito no aparece en el expediente ni existen constancias del mismo en el sistema informático.

La letrada, sin embargo, exhibió en la mesa de entradas una copia de la presentación y su registro tiene un sello y fecha de recibido en el tribunal, aunque no contiene la firma de ningún empleado del tribunal, como lo establece el reglamento del fuero.

Ahora bien, del análisis de la copia del escrito que supuestamente habría presentado la abogada, surgen algunas particularidades que hizo notar el fiscal Alejandro Cánepa cuando dispuso abrir la investigación. Dice el fiscal que el escrito tiene un sello que “en apariencia” coincidiría con el que “luce en otro escrito presentado por el mismo letrado”, el hoy magistrado, pero “con la (notoria) diferencia de que se advierte que aquel no se encuentra suscripto por él, que no obra ‘cargo’ de recepción con indicación de la hora e identificación y firma de la persona que recibiera el escrito, y que el contenido del escrito en cuestión (su objeto) no guarda relación con la instancia procesal en la que se encontraba el expediente, ya que en el mismo solicita ‘se pasen autos para sentencia’, cuando ni siquiera se había clausurado el período de prueba”.

En principio, el fiscal plantea que se debe investigar si hubo una defraudación a la administración de justicia por supresión de documentos, con el objetivo de simular el impulso del proceso para evitar su caducidad.

En tanto, no se pudo probar que también se hubiera cometido el delito de falsificación de sellos oficiales, ya que en la pericia documentológica realizada sobre el sello estampado en el escrito en cuestión “no se pudo determinar” que fuera otro distinto de aquellos que utiliza la propia Cámara en lo Contencioso Administrativo.

La otra hipótesis, que no ha sido descartada todavía, es que se trate de un grosero error del personal de mesa de entradas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y que el escrito haya sido presentado y efectivamente se extraviara, como invoca la letrada.