Rodríguez Signes presentó una nota en la Justicia por la Cumbre
19/07/2017
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Julio Rodríguez Signes fue un hombre de la mesa chica durante el gobierno de Sergio Urribarri. De esto se jactó el propio ex gobernador en un programa de Alejandro Fantino, cuando recorría canales porteños durante su campaña presidencial. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Julio
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Julio Rodríguez Signes fue un hombre de la mesa chica durante el gobierno de Sergio Urribarri. De esto se jactó el propio ex gobernador en un programa de Alejandro Fantino, cuando recorría canales porteños durante su campaña presidencial.
¿Qué pudo hacer y no hizo el fiscal de Estado cuando –aparentemente- se sustanciaban delitos en el seno de la administración? Esa pregunta se la están haciendo algunos abogados denunciantes del ex gobernador. También algunos periodistas. Rodríguez Signes tiene respuesta. Un hecho concreto lo llevó a tribunales hace unos días mediante para aclarar una cuestión que trascendió, supo Página Judicial.
La respuesta de la Fiscalía de Estado, cuando se consulta su actuación en los últimos nueve años, se remonta a más de una década atrás. El Tribunal de Cuentas supo ser un organismo de contralor que dejó de serlo desde el momento mismo en que se le quitó una herramienta fundamental que era el juicio por responsabilidad tras el reconocido caso Morel. Allí comenzó la tragedia por la falta de controles a los gobernantes. Esa tragedia se fue profundizando con los años por impericia política. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) fue un organismo creado por Sergio Montiel que impulsó pesquisas que terminaron convirtiéndose en causas de corrupción y que en algunos casos hubo condena. Abelardo Pacayut y el desvío millonario de fondos destinados al Puerto Ibicuy, por ejemplo.
Jorge Busti, en su tercer mandato, eliminó el organismo y creó la Oficina Anticorrupción. Fue un área que no impulsó una sola denuncia. Dependía de Fiscalía de Estado. Con Urribarri en su primera gobernación se llevó adelante la reforma constitucional. Allí se estableció en el artículo 209 que establece que la Fiscalía de Estado es el encargada de “defender el patrimonio del Estado Provincial” y que participará “en toda controversia judicial” cuando se “pudiera comprometer al erario provincial”. La acción penal, en cambio, la sostendrá el Ministerio Público Fiscal. Este cambio de paradigma fue acompañado con la implementación del nuevo Código Procesal Penal y la puesta en marcha del sistema acusatorio.
La Fiscalía de Estado, entonces, dejó de presentarse como querellante en las causas de corrupción durante la investigación penal. Lo hará ahora en el juicio de Héctor Alanis porque el caso se tramitó durante el viejo sistema. La Constitución del 2008, a propuesta de Julio Federik, manda a crear la Fiscalía Anticorrupción. Esto se intentó en el ámbito legislativo sin suerte. El peronismo bloqueó esa posibilidad. No obstante, las causas avanzan aunque con escasísimos recursos. En resumen: el nuevo paradigma exige que Rodríguez Signes bregue por el erario público; y Jorge García por la acción penal. Esta explicación el fiscal de Estado la ha repetido infinidad de veces y la repite ahora cuando se le pregunta por su intervención en la causas que tramitan en la actualidad y que tienen a funcionarios imputados.
El caso Báez
El fiscal de Estado fue señalado por Pedro Báez en la indagatoria que Página Judicial reveló hace unas semanas. En el marco de la causa de la Cumbre del Mercosur, el ex ministro de Cultura y Comunicación dijo que había recibido de Rodríguez Signes una sugerencia de abordar cuestiones presupuestarias de su cartera en el seno de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), un ente creado por ley que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa por las supuestas urgencias que requería la organización del evento diplomático.
Lo cierto es que el fiscal de Estado presentó un escrito en el cuál – a groso modo- aclarando que tuvo ninguna intervención en cuestiones vinculadas a la publicidad de la Cumbre del Mercosur. Mucho menos a la contratación que se le hizo a la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge Corcho Rodríguez y Facundo De Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; por la cual están imputados Báez y Urribarri. Ambos firman el decreto.
En Fiscalía de Estado – aducen- que no tienen nada que hacer hasta tanto haya condena y, en caso que la haya, tiene que haber una lesión al erario público. De darse esas circunstancias el organismo iniciaría un juicio civil. Una negociación incompatible no necesariamente puede causar un detrimento del patrimonio estatal. Esos argumentos y sostiene Rodríguez Signes cuando se le consulta por su accionar ante las causas que se están investigando.