La indagatoria completa de Báez y la entrega de Urribarri que no fue

07/07/2017

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

La secuencia de hechos fue así. Sobre el mediodía de este miércoles se conoció que Sergio Urribarri, a través de una nota presentada por sus abogados en el Ministerio Público Fiscal, se ponía a disposición para declarar en la causa en la que se investigan negociaciones incompatibles y peculado en el marco de la organización de la Cumbre del Mercosur, que se desarrolló en diciembre de 2014. Varias horas después se reveló que el ex gobernador será indagado el 31 de agosto.

Según un sector de la Procuración General –y así lo difundieron algunos medios– la nota presentada por Urribarri fue una maniobra ante la inminente imputación. Una especulación más que razonable. La pregunta, entonces, sería: ¿Quién hizo llegar a oídos del ex mandatario o de su defensor, Marcos Rodríguez Allende, que sería imputado? Adivinanza.

La otra certeza que se difundió fue que la declaración indagatoria de Pedro Báez fue lo que empujó la imputación del ex gobernador. Pero esto no es así. Como ocurre cuando una persona debe declarar como acusado por la comisión de un delito, lo primero que ocurre es que se le lean los hechos que motivan la imputación: “A través de la gestión realizada en el Expediente Administrativo Número 1656798, iniciado con fecha 25 de noviembre de 2014, se sustrajo de la partida presupuestaria asignada a las erogaciones para la organización de la Cumbre Mercosur (DA 988) –cuya administración y disposición estaba a cargo de Sergio Daniel Urribarri en su carácter de Gobernador de la provincia de Entre Ríos– la suma de 28.400.000 pesos, la que fue aplicada para su beneficio personal a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a Presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015”.

Entonces, ¿era necesario que Báez abriera la boca para imputar al ex gobernador? Está claro que antes de que el ex ministro dijera cualquier cosa, Urribarri ya estaba imputado por la sustracción de un dinero para su campaña presidencial. Punto.

En declaración de imputado –que Página Judicial publica íntegramente– Báez comienza diciendo que la administración que integró como ministro y, “en general para los gobiernos, la comunicación es un tema de primer orden y que por lo tanto los aspectos centrales de la misma se debatían y se resolvían en el primer nivel del gobierno, que trasciende al área específica, llámese Dirección de Prensa o Ministerio de Comunicación y que en todo caso el área específica era la responsable de instrumentar los mecanismos administrativos para llevar adelante esas decisiones”.

En la causa se imputa a los funcionarios por los delitos de peculado y supuestas irregularidades en las contrataciones que se hicieron para llevar adelante la Cumbre del Mercosur, que contó con la presencia de buena parte de los mandatarios de América Latina. Para la organización, la Legislatura aprobó a pedido del Poder Ejecutivo la Ley 10.327 que creó la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), un ente que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa.

Báez, ante los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, explicó que la campaña publicitaria requeriría una magnitud que el Ministerio de Cultura y Comunicación no estaba en condiciones de afrontar. Entonces se lo comentó a otros funcionarios y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, le sugirió que la publicidad se canalizara a través de UOCM. “Para mí fue una decisión que me provocó un gran alivio, por lo que rápidamente le enviamos una nota a la Unidad Operativa (…) poniendo en conocimiento de la misma la existencia de unos spot que podían servir para la campaña demandada (…) Luego me desentendí del tema, tenía suficiente trabajo para ocuparme. Volví a tomar contacto con el tema, no recuerdo cuantos días después, a raíz de la remisión de propuestas que nos hace la Unidad Operativa en calidad de autoridad aplicación en lo que hace a contrataciones publicitarias”, explicó Báez en su declaración.

La UOCM estaba integrada por Hugo Céspedes, como coordinador general, en representación del Poder Ejecutivo; Gustavo Darío Tortul, que era director general del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación y ejerció como coordinador administrativo; Alicia Benítez de Feltes, que era en ese momento secretaria de Obras Públicas de la provincia. Por el sector privado, fue designado Miguel Marizza, en representación de la Cámara Argentina de la Construcción.

Cépedes y Tortul están imputados en la causa, no así Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y única funcionaria, actualmente. No es un dato menor que al otro día de que fueran allanadas las oficinas de la DPV, las tapas de los diarios se cubrieran con la foto de Gustavo Bordet apoyando a su funcionaria.