El fiscal pidió que Mazzaferri sea condenado a 20 años de prisión
29/06/2017
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial “Mazzaferri era un protagonista fundamental en la maquinaria de represión ilegal”. Así definió el fiscal José Ignacio Candioti el rol de José Darío Mazzaferri en el esquema de represión ilegal que funcionó en la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay durante la última
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
“Mazzaferri era un protagonista fundamental en la maquinaria de represión ilegal”.
Así definió el fiscal José Ignacio Candioti el rol de José Darío Mazzaferri en el esquema de represión ilegal que funcionó en la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar.
Mazzaferri era el jefe de la denominada “oficina técnica”, el área de inteligencia de la Policía Federal durante la dictadura, comandaba los procedimientos de secuestro de personas, conducía los interrogatorios y era quien adiestraba a los otros integrantes de la patota en el uso de la picana eléctrica en los cuerpos de los detenidos.
En el juicio está acusado por el allanamiento ilegal del domicilio de tres personas, la privación ilegítima de libertad e imposición de tormentos respecto de ocho víctimas, y como integrante de una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos. Por esos delitos, el fiscal Candioti pidió que sea condenado a 20 años de prisión; mientras que los querellantes María Isabel Caccioppoli, Marcelo Boeykens, Lucía Tejera y Sofía Uranga solicitaron que se le imponga una pena de 25 años de cárcel.
El dato relevante que aportaron los querellantes surgió del legajo del propio Mazzaferri y podría motivar la apertura de nuevas causas judiciales por su posible participación en la detención ilegal de dos personas que se encuentran desaparecidas.
Destacó Boeykens que en el legajo personal surge un “reconocimiento” en los días posteriores al secuestro y desaparición de Julio Alberto Solaga. “El señor jefe de la Policía de Entre Ríos, Jefatura Departamental de Concordia, inspector mayor Pedro Fernando Ramón Campbell hace llegar al causante (Mazzaferri) su más sincero reconocimiento por el valioso aporte profesional y patriótica colaboración, significando que nada hubiera sido posible sin el apoyo del mismo y demás personal de la Delegación”, consta en el legajo, con fecha del 25 de noviembre de 1976.
Un testigo contó que la noche del 22 de noviembre, tres días antes, Solaga conversaba con un vecino, cuando tres personas que se identificaron como de la Policía Federal le pidieron documentos y, antes de que pudiera exhibirlos, se lo llevaron a punta de pistola en un Renault 12 blanco y sin patente.
La sugestiva mención en el legajo permite inferir que Mazzaferri pudo haber tenido algo que ver en el secuestro de Solaga y por eso, en febrero de 2015, se pidió la indagatoria por este hecho, pero el juez Pablo Seró la rechazó.
El otro dato relevante que exhibe el legajo de Mazzaferri, y que fue destacado por el querellante Boeykens, es una felicitación que le hizo el jefe de la Segunda Brigada de Caballería Blindada de Paraná en 1976, Abel Teodoro Catuzzi, por “la eficiencia, entusiasmo y espíritu de servicio evidenciado por el causante y demás personal, especialmente en lo referente a la detención y desarticulación de la OPM (Organización Peronista Montoneros) del oponente y al esclarecimiento del asesinato del General de División (R) Jorge Cáceres Monie y de su señora esposa”.
La mención en el legajo está fechada el 22 de septiembre de 1976. Dieciocho días antes, el 4 de septiembre, se produjo el secuestro de Carlos José María Fernández, en la Fábrica Coego Hermanos, en Teodelina, provincia de Santa Fe, a manos de cuatro individuos que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal. El hecho ocurrió en presencia de sus compañeros de trabajo y fue denunciado por los propios dueños de la empresa ante la comisaría local. El 8 de septiembre, una patota secuestró a Juan Alberto Osuna en el Hospital Iturraspe, en la ciudad de Santa Fe. Ambos terminaron asesinados en un simulacro de enfrentamiento, en la denominada Masacre de La Tapera, el 25 de septiembre. Un parte militar consignó que Fernández “antes de morir reconoció ser uno de los autores materiales de la muerte del general Cáceres Monie” y que “conocía al otro subversivo como Lucho”. Ambos están desaparecidos.
La barbarie extrema
En su alegato, el fiscal Candioti resaltó la importancia de que “ante un acto de barbarie tan extrema, como es el hecho de aplicar tormentos a chicos adolescentes indefensos y vulnerables se le debe responder siempre con la aplicación del Estado de Derecho, con la actuación de la justicia, con un juicio ante los jueces de la Constitución y garantizando el respeto de todas las garantías constitucionales”.
Candioti expuso el contexto en el cual se produjo el secuestro y torturas a un grupo de estudiantes secundarios y militantes populares, a partir del 19 de julio de 1976, en Concepción del Uruguay. Dijo que las fuerzas armadas pergeñaron “un plan sistemático de represión ilegal” y “se valieron del aparato estatal para cometer múltiples delitos, como privaciones ilegítimas de la libertad, violaciones, vejaciones, robo de bebés” e insistió en que “personas como Mazaferri se valieron del poder estatal, utilizaron la maquinaria estatal, controlaban los estamentos judiciales a su favor y generaban un temor generalizado en la población, que no pudo realizar las denuncias sino hasta el retorno de la democracia”.
El fiscal general resaltó que “Entre Ríos fue parte de todo esto y una patota integrada por Mazzaferri fue protagonista de la comisión de estos delitos”.
Mazzaferri estaba al frente de la denominada “oficina técnica”, que era un destino interno de las delegaciones de la Policía Federal cuya misión era recabar información y, se presume que el personal integrante de la oficina realizaba, al mismo tiempo, diversas tareas orientadas a la persecución política, según explicó, citando un “Informe sobre la actuación de la Policía Federal Argentina en la denominada ‘lucha contra la subversión’”, que se incorporó como prueba en el juicio.
El represor, concretamente, participó de los secuestros y torturas de César Román, Juan Carlos Rodríguez, Roque Minatta, Juan Carlos Romero, Carlos Martínez Paiva, Carlos Valente, Hugo Angerosa y Jorge Felguer. Al respecto, el fiscal aseguró que las víctimas, en su mayoría, “eran chicos que estuvieron privados de su libertad porque se los acusaba de tener un mimeógrafo con el que imprimieron volantes en contra del gobierno de facto”, apuntó que “sufrieron apremios, golpes, amenazas, fueron terriblemente torturados y hoy padecen terribles secuelas físicas y psicológicas”.
Cada uno, en los distintos momentos de su cautiverio, sufrió pasajes de picana eléctrica por el cuerpo, submarino seco, simulacros de fusilamiento, empalamientos. “Esto revela el sadismo de Mazzaferri”, advirtió. En algunos casos, también sufrieron lo que se denomina “tortura oblicua”, es decir, los secuestrados eran obligados a presenciar las sesiones de tortura de otros, describió el fiscal.
En ese escenario de horror, el fiscal sostuvo que Mazzaferri “era uno de los principales torturadores”, aseguró que “aplicaba las torturas con un sadismo impresionante”, acotó que “era la voz cantante en los simulacros de fusilamiento, dirigía los operativos y daba las órdenes para el secuestro de personas”. En los procedimientos, se movilizaba en su propio automóvil Dodge 1500 de color negro, que reconocieron las víctimas, y siempre vestía de civil, como lo manifestaron inclusive sus compañeros.
Un horror inenarrable
La querellante Caccioppoli, por su parte, habló del accionar “autoritario” que caracterizó a Mazzaferri en su actuación en la Policía Federal de Concepción del Uruguay; pero resaltó que “cometió atrocidades cumpliendo órdenes emanadas desde el Ministerio del Interior (entonces a cargo de Albano Harguindeguy, que falleció en 2012, mientras era juzgado en Paraná) para la persecución de militantes políticos”.
En ese sentido, Marcelo Boeykens destacó que el tribunal que juzgó y condenó a Julio César Rodríguez y Francisco Crescenzo, en 2012, “no pudo omitir aludir a las responsabilidades de Mazzaferri en la sentencia, por lo que ya fue condenado, en una suerte de juicio en ausencia”, teorizó.
El querellante Boeykens planteó que los crímenes de lesa humanidad por los que está acusado Mazzaferri deben ser considerados en el contexto del “segundo genocidio nacional”, como ya fue reconocido por el Tribunal Oral Federal de Paraná. En ese sentido, destacó que los hechos ocurridos durante la dictadura “no fueron delitos comunes, sino de hechos más graves, por la masividad y porque se persiguió a una porción específica de la población”, hechos que permitirían, a su criterio, enmarcar los hechos como cometidos en el marco de un genocidio.
“Fue un genocidio, no porque se trató de un ataque generalizado e indiscriminado contra la población civil, sino porque fue un ataque discriminado, tendiente a vulnerar la colectividad de pertenencia de quienes luchaban por un país distinto al que pretendía imponer la dictadura”, describió el letrado en otro tramo de su alegato.
En ese marco, caracterizó a Mazzaferri como el perpetrador de los padecimientos sufridos por las víctimas y dijo que “la tortura es un hecho inenarrable; el lenguaje se vuelve insuficiente para relatar la trama de lo que les tocó vivir; las víctimas no pueden expresar con palabras el horror padecido; y nosotros, quienes asistimos a este juicio, somos testigos de los testigos”, concluyó Boeykens.