La Corte Suprema decidirá quién investiga a las carmelitas de Nogoyá
14/06/2017
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad y tormentos en el convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá quedó en una especie de stand by que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que ocurre es que la justicia federal
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
La investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad y tormentos en el convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá quedó en una especie de stand by que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lo que ocurre es que la justicia federal y la justicia provincial rehúsan ejercer la investigación del caso y, entonces, el asunto deberá ser dirimido por el máximo tribunal, a raíz de lo que se denomina un conflicto negativo de competencia.
En agosto del año pasado, una investigación periodística de la Revista Análisis reveló situaciones de malos tratos, torturas físicas y psicológicas que supuestamente sufrían las religiosas del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá.
Por estos hechos, el fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, abrió una investigación de oficio e imputó a la madre superiora, Luisa Ester Toledo, por el delito de privación ilegítima de la libertad respecto de dos mujeres que fueron monjas en el convento.
De acuerdo con la investigación periodística, todas las semanas las monjas de clausura debían autoflagelarse golpeándose en las nalgas con un instrumento parecido a un látigo, pero con puntas metálicas, durante treinta minutos; utilizar un cilicio en las piernas, a veces durante varios días, como sacrificio; y hasta llevar una mordaza en la boca, durante las 24 horas y por espacio de siete días, para cumplir un voto de silencio. También se consignaba que el escarmiento por no cumplir con las “reglas” de la congregación era imponerles una dieta de pan y agua durante una semana.
Los defensores de la madre superiora, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, impugnaron la investigación por considerar que “las conductas supuestamente delictivas que se le imputan a la Superiora de la Congregación, amén de no constituir delito alguno, han sido desplegadas en cumplimiento de normas dictadas por la autoridad papal de la Santa Sede”, por lo que plantearon la incompetencia de la justicia provincial.
Sin embargo, tanto el fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada, como el juez federal Leandro Ríos rechazaron que la investigación pase al fuero federal; del mismo modo que el fiscal Uriburu rechazó su incompetencia.
Los defensores apelaron ambas resoluciones. La jueza Alicia Vivian, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, hizo lugar al reclamo, declaró la incompetencia de la justicia provincial y remitió las actuaciones a la justicia federal. La medida fue recurrida por el fiscal Lisandro Beherán, pero no prosperó.
Sin embargo, cuando la causa volvió a la justicia federal, Ríos ratificó su incompetencia, en líneas generales, porque lo que se investiga son posibles hechos delictivos y no violaciones a normas establecidas en un tratado internacional donde se reconoce que “las órdenes religiosas despliegan en la Argentina sus actividades de acuerdo a sus normas de organizaciones internas reconocidas y autorizadas por la Santa Sede”.
De allí que la resolución del conflicto quedó ahora en manos de la Corte Suprema, se indicó a Página Judicial.
Mientras tanto, la madre superiora Luisa Toledo, que dentro del convento utiliza el nombre de Madre María Isabel, declaró como imputada ante el fiscal Uriburu, pero no está resuelta su situación procesal. Además, fue apartada de la conducción del convento y derivada a otra residencia de la misma congregación en Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco.