Después de 17 años, los Alanis van a juicio oral por un hecho de corrupción
01/06/2017
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Es un caso emblemático en la historia de la Justicia de Entre Ríos. Por el tiempo que pasó y el hecho mismo. Es una de las más emblemáticas causas en las que se investigó un hecho de corrupción. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Es
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Es un caso emblemático en la historia de la Justicia de Entre Ríos. Por el tiempo que pasó y el hecho mismo. Es una de las más emblemáticas causas en las que se investigó un hecho de corrupción.
Entre el 17 y 31 de octubre, elecciones legislativas de por medio, se realizará el juicio oral y público al ex vicegobernador Héctor Alanís; su sobrino Maximiliano Alanís; el ex director administrativo, José Crettón Pereyra; y el ex vicepresidente primero del Senado y ex legislador provincial por el radicalismo, Humberto Ré. Serán juzgados por un supuesto desvío millonario de fondos en el seno de la Cámara Alta entre 1995 y 1999. Las audiencias serán –se precisó a Página Judicial– a partir de las 9 y habrá un número importante de testigos.
El emblemático caso tuvo idas y vueltas en estos últimos 17 años. Se procesó, se sobreseyó y se volvió a procesar.
El primer paso fue la puesta en reserva y posterior archivo de la denuncia, en 2007, por el entonces juez de Instrucción Número 6, Gustavo Maldonado.
La jueza Marina Barbagelata avanzó y procesó bajo la figura de la comisión del delito de peculado. Sin embargo, la Cámara Primera en lo Penal de Paraná –integrada por Elvio Garzón, Hugo Perotti y Miguel Giorgio– dispuso el sobreseimiento. El caso llegó a la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, que revocó el sobreseimiento.
Modus operandi
El desvío de fondos millonarios en plena gestión de Jorge Busti se había convertido en la estafa más grave de los últimos 20 años cometida en el Estado.
El robo fue denunciado por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en diciembre de 2000. En su presentación, el organismo que luego en la tercera gestión Busti decretó su muerte para crear la deslucida Oficina Anticorrupción, sostuvo que a partir de la existencia de dos programas presupuestarios separados –el denominado Programa 17, a cargo de Crettón Pereyra; y el Programa 18, responsabilidad de Maximiliano Alanis– se “realizaron maniobras consistentes, principalmente, en la sustracción de fondos públicos de todos los canales administrativos, contables y renditivos de la partida correspondiente”, por una suma que durante 1999 habría alcanzado a los 5,9 millones de pesos/dólares.
También hubo un manejo irregular de otros 5,2 millones de pesos/dólares que les fueron transferidos por la Tesorería General de la Provincia para el pago de Servicios No Personales, pero que habrían sido utilizados para el pago de contratos de personal, “a pesar de que falta la documentación respaldatoria de la utilización de dichos fondos en el supuesto pago de contratos no quedando, por lo tanto, justificada”. Tampoco existía la individualización de los contratos y los de los titulares, hecho que impedía “establecer los importes correspondientes a cada uno”.
La denuncia, que primeramente apuntó a una cifra de 11 millones de pesos/dólares, se acrecentó llegándose a hablar de una cifra próxima a los 20 millones de pesos/dólares, destacó que el modus operandi suponía un uso discrecional de “los fondos destinados a la partida identificada como Servicios No Personales del Programa 18 (aquí generalmente se incluyen contratos de personal temporario), sin dictar las normas reglamentarias que así lo autorizaran”.
Dos por uno… negocio
El sobrino de Alanis, Maximiliano, pareja de Florencia Busti (hija del ex gobernador), también fue procesado por estafa. La causa 3171 abierta en el año 2015, en rigor, está caratulada como “estafa reiterada en concurso real”. La imputación de ese delito también recae contra Víctor David Taglioretti.
A ambos se le atribuye haber invocado falsamente el ser representantes de la Mutual de la Cámara de Diputados de la Nación para hacer negocios relacionados con la venta de camiones marca Volkswagen a través de una línea de créditos otorgada por el Banco de la Nación Argentina. La operación era a través de Fernando Gabriel Felli, quien se dedica a la venta de acoplados y semirremolques a particulares. La intermediación era, supuestamente, de la mencionada entidad mutual, abonando los adquirentes el precio del rodado en 60 cuotas sin interés y pagando la primera de ellas a los 180 días de retirada la unidad.
Para acceder a la operatoria, los compradores debían pagar la suma de 5.000 pesos para habilitar el crédito y firmar el contrato de prenda, luego debían abonar 4.600 pesos más en concepto de patentamiento y finalmente otros 5.000 para retirarlo. Lo cierto es que Felli, creyendo que se estaban llevando adelante operaciones reales y legales, vendió aproximadamente 102 camiones a distintos particulares, obteniendo así sumas de dinero en concepto de anticipo, gastos de patentamiento, costos administrativos y gastos del contrato de prenda. Esto ocurrió entre los meses de octubre y diciembre de 2008 en las ciudades de Paraná y Santa Fe. Según el expediente, el operador recaudó unos 500.000 pesos, monto que junto con la documentación fue entregado a Taglioretti para que éste presente a la mutual que decía representar.
Lo cierto es que –según supo Página Judicial – a raíz del acuerdo de un juicio abreviado celebrado entre la fiscal de coordinación, Carolina Castagno, y los defensores de Alanís, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, el mismo se desarrollará en las audiencias anunciadas. Maximiliano tendrá un dos por uno.