Críticas a la justicia y pedidos de absolución para narcos y policías

31/05/2017

Juan Cruz Varela Los abogados defensores solicitaron que se declare inocentes y se dicte la absolución de los catorce acusados de integrar una organización dedicada a la venta de cocaína y marihuana en las localidades de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. Juan Cruz Varela Los abogados defensores solicitaron que se declare inocentes y se

Juan Cruz Varela

Los abogados defensores solicitaron que se declare inocentes y se dicte la absolución de los catorce acusados de integrar una organización dedicada a la venta de cocaína y marihuana en las localidades de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay.

En una extenuante jornada de siete horas y media de alegatos, los defensores plantearon una serie de nulidades respecto de las actas de los procedimientos, de las escuchas telefónicas –porque, según dijeron, llegaron de manera irregular a obtener los números y hasta deslizaron que se habrían sin orden judicial– y de los allanamientos; y, en un caso, se esbozó la inconstitucionalidad de la figura de la asociación ilícita, que se imputa a nueve de los catorce acusados.

Los defensores también lanzaron durísimas críticas a la Justicia y a la Policía, que personalizaron en el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, y el secretario José María Barraza; y dijeron que no había pruebas para sostener la acusación.

Francisco Azcué afirmó que la investigación fue como “una película cuyo guionista y director es el juez Pablo Seró”; mientras que Juan José Buktenica también le apuntó al secretario Barraza, de quien dijo que “hizo justicia por mano propia” por haberse sentido traicionado por uno de los acusados, a tal punto que en un tramo de su alegato reconstruyó un diálogo donde el funcionario judicial le habría dicho:
–Estaba durmiendo con el enemigo, con Acosta sentado acá todos los días –en referencia a que el gendarme Carlos Francisco Acosta, del escuadrón de Concordia, que era quien llevaba los oficios judiciales y está acusado de haber brindado protección a la banda.

Entre otros calificativos, también dijeron que hubo “incoherencias”, “absurdos jurídicos”, “violación sistemática de los derechos de los imputados”, “resoluciones infundadas”, calificaron la investigación como un “mamarracho” y aseguraron que no había pruebas objetivas contra ninguno de los acusados.

Los cuestionamientos también se extendieron a la Policía de Entre Ríos. El abogado Rafael Briceño insistió en atribuir la detención del comisario inspector Mario Alberto Núñez, ex jefe de Operaciones de la Dirección de Toxicología, a una interna y aseguró que “los subordinados de (el subjefe de Policía, José) Lauman vinieron sorpresivamente a declarar acá todo lo malo y todo lo sucio que era Núñez”.

Según los defensores, son todos inocentes: Mario Roberto González y Javier Alejandro Caire, los organizadores de la asociación ilícita y líderes de banda; Elsa Cristina Caram, la pareja de González, señalada como la encargada de la recepción y distribución de la droga en Concordia; Carlos Alberto Segovia, yerno de González, y Santiago Javier Acosta, que trabajaban como remiseros y utilizaban sus vehículos como pantalla para hacer el reparto de la droga; María Isabel González y Rosana Isabel Tenis, la madre y la hermana del Gordo, respectivamente, acusadas de vender drogas al menudeo, todos ellos integrantes de la estructura que operaba en Concordia; del mismo modo clamaron la inocencia de Nicolás Alberto Stur y Néstor Javier Neuvirth, que trabajaban para Caire y están acusados de ser quienes transportaban la droga desde Buenos Aires para luego distribuirla en las distintas bocas de expendio en Colón y Concepción del Uruguay. Del mismo modo, pidieron que sea declarada inocente Mirta Noemí Sayavedra, sospechada de vender drogas para Caire en la localidad del sur entrerriano.

También dijeron que eran inocentes los policías federales Sergio Andrés García y José María Gómez y el gendarme Acosta, acusados de integrar la asociación ilícita brindando datos y protección a la banda.

Lo mismo pidió el defensor del policía provincial Mario Alberto Núñez, excluido de la asociación ilícita, pero acusado por incumplimiento de sus deberes de funcionario público y por el encubrimiento del narcotraficante González.

Cabe recordar que el fiscal no había sostenido la acusación contra Orlando Daniel Caire, el padre de Javier, que será absuelto por el tribunal.

Acuerdo de voluntades para cometer delitos

La figura de la asociación ilícita está prevista en el Código Penal como un delito contra el orden público, es decir, lo que la ley busca es proteger a la sociedad contra el caos o el desorden, como sería la situación en la que varias personas deciden poner en práctica un proyecto de ataque mediante la comisión de delitos indeterminados.

En su alegato, el fiscal José Ignacio Candioti señaló que, en este caso, González y Caire organizaron una asociación ilícita dedicada a la venta de estupefacientes en distintas localidades entrerrianas.

Dijo también que existió una conjunción de voluntades para llevar adelante “una verdadera empresa criminal”, retomando una calificación que hiciera la Cámara Federal, y destacó la cobertura que recibían de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad.

Este martes, los abogados defensores rechazaron de plano que los acusados integraran una asociación ilícita y, cada uno a su turno, fueron desmenuzando los requisitos por los cuales consideran que el encuadre no era correcto y que, a su criterio, no se podría probar su participación como miembros de la estructura delictiva.

Francisco Azcué –que representa a González, su pareja, su madre, su hermana, Segovia y Caire– dijo que “no hubo acuerdo de voluntades ni se probó cuál fue el aporte de cada uno” y agregó: “Nunca se acreditó la existencia de una asociación ilícita; tampoco que vendieran drogas. Pero si así fuera, la asociación ilícita requiera de una fuerte organización interna, donde cada uno de los integrantes presta una colaboración que no es individual, sino para el sostenimiento de la asociación ilícita”.

También cuestionó la investigación, dijo que la investigación se sostiene en escuchas telefónicas cuyas interpretaciones “son arbitrarias” porque donde la Policía dice que se habla de paquetes que contenían cocaína, en realidad “están referidas a repuestos y autopartes” para el taller mecánico que regenteaba Caire. En ese sentido, el defensor oficial, Mario Franchi, apuntó que “no se ha probado que los paquetes tuvieran droga”.

Del mismo modo, Azcué relativizó las conversaciones que el otro líder de la banda mantenía con los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad. En ese sentido, señaló que “González quería información y lo que les contaba eran cosas que sacaba de internet”.

Además, cuestionó la imputación contra Cristina Caram: “Es una barbaridad lo que hicieron; lo único que se le puede reprochar es que sea la pareja de González”, dijo.

Por su parte, Juan Pablo Temón consideró que “no puede imputarse la pertenencia del policía federal García en forma estable a una asociación ilícita”; mientras que Rafael Briceño apuntó que “no se ha podido probar un acuerdo previo de voluntades para que el policía federal Gómez integrara” la organización, aunque admitió que “podría encontrarse incurso en delitos menores, pero no en una asociación ilícita que desconocía”.

Muy duro estuvo el defensor oficial Mario Franchi –en representación del gendarme Carlos Acosta, Santiago Acosta, Stur y Neuvirth–, al señalar que “hubo una investigación por asociación ilícita por la frustración de los procedimientos en los que no se encontró lo que esperaban los investigadores” y agregó que “se ha creado una cuestión artificiosa, es como que ante la falta de pruebas se apeló a la figura de la asociación ilícita”, se quejó. “No hubo asociación ilícita, no hay ninguna prueba de que (los acusados) se sometieran a ciertas reglas, ni que tuvieran orientación a formar parte con sentido de permanencia a una sociedad”, insistió.

Franchi consideró además que “debió profundizarse la investigación, pero eso no se hizo” y aseguró que “se seleccionó a algunas personas, las suficientes, para sostener una imputación como integrantes de una asociación ilícita”.

En tanto, José Pedro Peluffo, se quejó de que el fiscal acusara a Sayavedra por tenencia de drogas para la comercialización y no como integrante de la asociación ilícita. “Ese cambio de calificación afecta el principio de congruencia y la coloca en un estado de indefensión”, dijo. El defensor dijo que la droga que encontraron en su casa era de su hijo, que es consumidor y se encuentra detenido en Corrientes.

Otra vez la interna policial

El defensor Rafael Briceño, insistió en atribuir la detención del comisario inspector Mario Alberto Núñez a una interna policial y aseguró que “los subordinados de (el subjefe de Policía, José) Lauman vinieron sorpresivamente a declarar acá todo lo malo y todo lo sucio de Núñez; esto fue un libreto, pero no está probado que Núñez conociera la identidad de sus interlocutores, no hay ninguna posibilidad de que Núñez supiera con quién hablaba ni dónde estaba González”.

También resaltó que “no hay ninguna escucha de la cual surja que Mario Núñez le brindara información a González que permitiera mantenerse en rebeldía”.

Del mismo modo, insistió en que “no se ha probado nada, ni siquiera el encubrimiento y lo que se pretende ahora con la condena de Núñez es justificar los 25 meses que lleva detenido”, por lo que pidió no solo la absolución sino que el tribunal deje expresamente aclarado “que no se afecta su buen nombre y honorabilidad”.

Fuente: Página Judicial y El Diario.