El fiscal pidió condenas y habló de los dueños del negocio narco
25/05/2017
Juan Cruz Varela “Acá tenemos sentados a los dueños del negocio”. Quien habla es el fiscal José Ignacio Candioti y se refiere a los jefes de una asociación ilícita tendiente dedicada a la venta de cocaína y marihuana en Concordia, Colón y Concepción del Uruguay, y la exportación a la República Oriental del Uruguay. Juan
Juan Cruz Varela
“Acá tenemos sentados a los dueños del negocio”.
Quien habla es el fiscal José Ignacio Candioti y se refiere a los jefes de una asociación ilícita tendiente dedicada a la venta de cocaína y marihuana en Concordia, Colón y Concepción del Uruguay, y la exportación a la República Oriental del Uruguay.
“Muchas veces hemos juzgado hechos donde se secuestró una gran cantidad de droga y decíamos que las personas traídas a juicio eran perejiles. En este caso no se secuestró tanta droga, pero tenemos a los dueños del negocio y a los miembros de las fuerzas de seguridad que les brindaban protección”, resaltó Candioti.
Los aludidos “dueños del negocio” son Mario Roberto González y Javier Alejandro Caire. Ellos eran los organizadores de la asociación ilícita, los líderes de una organización que se aprovisionaba de drogas en la Ciudad de Buenos Aires, la hacían enviar hasta distintas localidades entrerrianas y luego, a través de sus subalternos, la distribuían entre quienes comercializaban al menudeo.
González y Caire lideraban lo que Candioti denominó como “una verdadera empresa criminal”, “una asociación ilícita cuya funcionalidad era la de cometer delitos de narcotráfico y donde cada uno tuvo su rol”. En ese esquema, hasta tenían repartido el territorio: González manejaba el negocio en Concordia y Caire lo hacía en Colón y Concepción del Uruguay. Así funcionaban, al menos, desde 2014, aunque las presunciones permiten inferir que lo hacían desde antes.
En su alegato, los fiscales acusaron a González y Caire como organizadores de la asociación ilícita y pidieron que sean condenados a seis años de prisión.
Una organización familiar
Debajo de ellos, la organización dividía su actividad.
Elsa Cristina Caram, la pareja de González, era la encargada de la recepción y distribución de la droga en Concordia; Carlos Alberto Segovia, yerno de González, y Santiago Javier Acosta trabajaban como remiseros y utilizaban sus vehículos como pantalla para hacer el reparto de la droga; mientras que María Isabel González y Rosana Isabel Tenis, la madre y la hermana del Gordo, respectivamente, vendían drogas al menudeo. En Concepción del Uruguay, Nicolás Alberto Stur y Néstor Javier Neuvirth tenían contacto directo con Caire, trabajaban con él en un taller mecánico y eran los encargados de transportar la droga desde Buenos Aires para luego distribuirla en las distintas bocas de expendio.
Para todos ellos, los fiscales Candioti y Ardoy pidieron penas de cuatro años y cuatro meses de prisión, como integrantes de la asociación ilícita.
El fiscal coadyuvante, Leandro Ardoy, señaló que “el orden público se vio alterado por un grupo de personas que trabajaba en forma coordinada y consustanciada para cometer delitos de narcotráfico y que recibía apoyo de miembros de fuerzas de seguridad que en lugar de combatir el delito, lo reforzaban” y agregó: “El andamiaje delictivo tuvo tres ejes: el aprovisionamiento de estupefacientes en Buenos Aires; el traslado a Entre Ríos y su comercialización”. A su vez, la organización tenía “dos ramas, una de Concordia, con González a la cabeza; y la otra de Concepción del Uruguay, con Caire como jefe”.
Los fiscales también pidieron que Mirta Noemí Sayavedra sea condenada a cuatro años de prisión, pero no como integrante de la asociación ilícita, sino por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La mujer, según dijo, vendía drogas para Caire en Concepción del Uruguay.
En tanto, los fiscales no sostuvieron la acusación contra Orlando Daniel Caire, el padre de Javier, por lo que el tribunal decretará su sobreseimiento.
Un aporte fundamental
En su alegato, los fiscales Candioti y Ardoy consideraron que la organización tenía protección que le brindaban agentes de las fuerzas policiales y de seguridad y resaltaron que “el aporte que realizaban tornaba aún más peligrosa a la asociación ilícita”.
A partir de los datos recogidos en las escuchas telefónicas, los fiscales establecieron que el rol de los miembros de las fuerzas de seguridad era fundamental para el sostenimiento de la organización, ya que brindaban información y protección a los cabecillas a cambio de dinero.
Ardoy se refirió, concretamente, a los policías federales Sergio Andrés García y José María Gómez; y al gendarme Carlos Francisco Acosta. Dijo que “los miembros de las fuerzas de seguridad aportaban datos concretos sobre allanamientos e información sobre los móviles que utilizaban sus compañeros para realizar tareas de inteligencia y hasta sobre aspectos de la vida personal e íntima de sus compañeros”. Candioti, en tanto, destacó que en la conversaciones que García y Gómez mantenían con González, lo instaban “a pegarle corchazos” y “meterle fruta” a sus propios compañeros.
A cambio de la información que le aportaban a González, los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad recibían dinero. En las conversaciones telefónicas hablaban de “pasajes”, “entradas” o “cargas de celular”, para referirse a la contraprestación.
Entre los múltiples delitos que les achacaron a García, Gómez y Acosta, los fiscales enumeraron: incumplimiento de sus deberes de funcionario público, dejar de promover la persecución del delito y encubrir al prófugo González. También pusieron de resalto que con esa conducta “defraudaron las expectativas que la sociedad había puesto en quienes tenían la función de velar por la seguridad, el orden y el respeto de la ley”. Para ellos, pidieron condenas de cinco años de prisión.
El otro encubridor
El fiscal Candioti, sin embargo, excluyó al comisario inspector Mario Alberto Núñez, de la Policía de Entre Ríos, de la asociación ilícita; en cambio, lo acusó de haber incumplido con sus deberes de funcionario público y del encubrimiento del narcotraficante González. Por eso, pidió que sea condenado a tres años y seis meses de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos.
Según dijo, “Núñez sabía que la persona con la que hablaba por teléfono era González y sabía que González estaba prófugo desde hacía años”.
Sin embargo, aclaró que “no se ha probado que Núñez recibiera una contraprestación, tampoco que aportara datos que permitieran a González eludir la acción de la justicia ni le informó sobre movimientos de la Policía” en torno a su búsqueda. Según dijo, “no se ha probado que tuviera un ánimo de lucro”.
Durante la investigación también se captaron conversaciones entre González y Caire donde quienes hablaban de “el amigo Mario”, “el amigo de Paraná” o “el del Aveo blanco”. Se presumía que hablaban de Núñez. Durante el juicio se determinó que en la Dirección de Toxicología, donde cumplía funciones Núñez, había dos automóviles de esas características, que eran utilizados por Fernando Alsina y José Lauman, director y subdirector; y que Núñez tenía asignados otros vehículos.
En su alegato, Candioti afirmó que “no se ha podido acreditar que ‘el del Aveo blanco’ al que aluden González y Caire en sus conversaciones telefónicas sea efectivamente Mario Núñez” y “tampoco hay constancias registrales de que Núñez usara el Aveo”. Esto último, en función de lo consignado en el sumario administrativo que se le hizo al comisario inspector, luego de que fuera detenido.
Sin embargo, el fiscal advirtió que “es evidente que sabía” que la persona con la que hablaba por teléfono era Mario González y que se trataba del narcotraficante prófugo desde 2008. Por eso pidió que sea condenado.
Un golpe al bolsillo
Un aspecto central en la lucha contra el crimen organizado es lo que el fiscal Candioti denominó como “la afectación del núcleo económico del delito”. De lo que se trata es de romper con la cadena de financiamiento de las bandas que muchas veces sigue funcionando aunque sus líderes se encuentren en prisión.
Concretamente, se trata de que el Estado recupere para sí aquellos bienes que han sido adquiridos con dinero del narcotráfico o los que son utilizados por la estructura criminal.
En ese sentido, el fiscal Candioti solicitó el decomiso de una camioneta Chevrolet S-10, dominio OOA-011, a nombre de Elsa Cristina Caram; una camioneta Chevrolet Meriva, patente FYO-942, a nombre de González y que utilizaban Segovia y Acosta para transportar la droga; y un automóvil Chevrolet Onix, patente NFH-787, a nombre de Nadia Soledad Maidana, la pareja de Caire, que también era utilizado para el transporte de los estupefacientes por el propio Caire y por Neuvirth, que tenían a su nombre cédulas azules que los autorizaban a conducirlo.
Además, el fiscal pidió el decomiso de 61.200 pesos que Caire tenía escondidos en el extractor de aire de la cocina de su casa; 23.900 pesos que tenía González en su departamento en el barrio porteño de Liniers; 9.400 pesos que se le secuestraron a Neuvirth cuando fue detenido; 139.000 pesos que Acosta guardaba en la casa de su suegra; y 26.800 pesos que se hallaron en la casa de Sayavedra.
Fuente: Página Judicial y El Diario.