Pidieron dos años y tres meses de prisión condicional para Barreiro

16/05/2017

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El fiscal Alejandro Cánepa pidió que el empresario Ricardo Fabián Barreiro, conocido como el jardinero presidencial, sea condenado a dos años y tres meses de prisión condicional e inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos por haber falseado datos en la declaración jurada

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El fiscal Alejandro Cánepa pidió que el empresario Ricardo Fabián Barreiro, conocido como el jardinero presidencial, sea condenado a dos años y tres meses de prisión condicional e inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos por haber falseado datos en la declaración jurada que presentó cuando se inscribió en el Registro de Proveedores del Estado.

Los defensores del empresario rechazaron el cargo que se le atribuye y pidieron que sea declarado inocente. Raúl Barrandeguy dijo que “la acusación viene repitiéndose con muy pocos fundamentos”, apuntó a la exposición que los medios dieron de la denuncia y de la figura de Barreiro y que “el Ministerio Público Fiscal se ha visto compelido por el periodismo” para sostener la acusación. En tanto, Candelario Pérez insistió en que Barreiro no era funcionario, que nunca fue designado ni ejerció funciones.

En el final de la audiencia, en sus últimas palabras antes de que el juez emita sentencia, Barreiro se quejó de que “se habla de supuestos y más supuestos, de que Barreiro, por su inteligencia y su capacidad, debía saber”, dijo refiriéndose a sí mismo en tercera persona. “Me acusan por supuestos, se habla de la retórica del derecho internacional, pero yo lo que quiero son pruebas, señor fiscal. No se mostró ninguna prueba de que yo haya sido funcionario. El expediente dice claramente que no lo soy. No existo”, insistió.

En el final, retomó el embate contra los medios y dijo que “los funcionarios públicos no deben participar en ninguna influencia mediática” y acotó: “Espero que esto no se transforme en un circo romano o en una inquisición, donde se acusa con un dedo y se ejecuta con otro”.

El juez Pablo Vírgala anunció que el veredicto se conocerá el próximo martes a las 8. Antes le hizo una advertencia a Barreiro: “Si la sentencia es condenatoria o no, se va a basar en los hechos. Si le dicen jardinero k es irrelevante; yo no lo juzgo a usted por lo que dicen que es, sino por lo que hizo, ese es un principio fundamental del derecho penal”.

Barreiro era funcionario

Barreiro está acusado por haber introducido datos falsos en una declaración jurada que presentó al momento de inscribirse en el Registro de Proveedores. De acuerdo con la acusación, fue designado coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), desde el 15 de agosto de 2012, a través del Decreto Número 2.693/2012. Sin embargo, el empresario omitió esos datos al registrarse. Aunque la designación era “ad honorem”, a partir del 7 de noviembre de ese año se le asignaron viáticos por las tareas que desempeñaba.

Según dijo el fiscal, ese decreto, “reproduce, formaliza e intitucionaliza las tareas” que desarrollaba Barreiro para el Ceicer y “lo convierte en funcionario público” e incluso deja aclarado que “ese ejercicio de funciones puede ser remunerado u honorario”.

A su vez, la empresa RP Transportes, con sede en El Calafate, provincia de Santa Cruz, fue contratada por el Ministerio de Turismo para trasladar estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta Tecnópolis. Por esos viajes cobró 220.000 pesos.

El fiscal Cánepa aseguró que hubo, de parte de Barreiro, un “evidente perjuicio ocasionado contra la fe pública y la administración”, dado que participó de una licitación que le estaba vedada y consideró que también “faltó a la buena fe” al omitir su condición de funcionario público en una declaración jurada.

También dijo que Barreiro podía no pedir la revocación de su propia designación, pero sí pudo haber renunciado a ella, al menos luego de que el hecho se conoció públicamente, tras la denuncia del abogado Guillermo Mulet; y sin embargo se mantuvo en funciones al menos hasta el 10 de diciembre de 2015, según lo ratificó el ex ministro Pedro Báez.

En un momento de su alegato, hizo una reconstrucción del hecho y, apelando a una fuerte dosis de ironía, destacó que “Barreiro conocía su condición de funcionario público” y que la explicación que ha dado al respecto “ofende la lógica y el sentido común”.

Explicó el fiscal: “(El titular del Ceicer, Sebastián) Lorenzo le propone a Barreiro una representatividad ad-honorem para actuar en nombre del Estado; Barreiro acepta una chapa ad-honorem que lo habilita a gestionar para el Ceicer y el Ministerio de Cultura; Lorenzo tramita esa chapa ante el ministro; Báez le da forma de designación ad-honorem como coordinador del Ceicer y se lo eleva al gobernador. Pero no le dice nada a Lorenzo ni le dice nada a Barreiro –a quien conocía y conocía de sus gestiones–. Lorenzo, que es amigo de Barreiro, no le cuenta nada de sus gestiones; tampoco le pregunta a Báez. Sale el decreto de Barreiro, Báez lo refrenda, pero no le dice nada a Lorenzo ni tampoco a Barreiro. Luego Lorenzo, sin saber que Barreiro había sido designado, le pide a Báez una autorización de viáticos. ¿Se imaginan esa conversación? Lorenzo, desconociendo la situación de Barreiro, le pide a Báez que le pague viáticos; y Báez, que conoce la situación de Barreiro, no le dice nada a Lorenzo de que había sido designado y que podía percibir viáticos”.

El sainete continúa después, pero en otra área del Estado: “Luego Báez se entera de la licitación del Ministerio de Turismo; sabe que Barreiro participa y la gana, pero no le dice nada a (Hugo) Marsó, su colega ministro; tampoco le dice nada a Lorenzo ni a Barreiro” y recarga la ironía el fiscal: “¿Qué pasa con esta gente que no habla, no hablan entre ellos? Parecen un matrimonio desavenido que perdió la conversación, mientras que aquí hablaron de colaboración, solidaridad, trabajo febril, codo a codo, mano a mano, amistad, compañerismo, militancia. Es ilógico”, remarcó.

Barreiro no era funcionario

A su turno, Barrandeguy cuestionó “la utilización de la denuncia penal como herramienta de lucha política” –aunque aclaró que el denunciante Guillermo Mulet ejerció un derecho ciudadano–; se quejó del tratamiento periodístico que se dio al caso (dijo que “el activismo en los medios detrás de una condena es antidemocrático” y sugirió que el fiscal “acusa a cualquier precio porque a lo mejor no quiere salir en las páginas de publicaciones on line que se ocupan de cubrir estos acontecimientos”), dijo que Barreiro ha sido “estigmatizado” bajo el mote de “jardinero k” y lanzó dardos hacia el juez que instruyó la causa, Humberto Franchi, de quien dijo que no tiene acuerdo del Senado.

Chicanas aparte, Barrandeguy dijo que “la acusación ha venido repitiéndose con muy pocos fundamentos”.

El letrado dijo que “no se ha probado” la falsedad ideológica del documento público; aseguró que “Barreiro no sabía que era funcionario, y no se ha probado que sí sabía” y remarcó que “objetivamente” se comprobó que Barreiro no cobró viáticos: “Está enjuiciado sin haber cobrado un solo peso de viáticos”, enfatizó.

Respecto del carácter de funcionario público de Barreiro, el defensor sostuvo que Barreiro no figuraba en la nómina que solicitó el Registro de Proveedores en julio y diciembre de 2012 y tampoco en mayo de 2013.

Como se dijo, el fiscal remarcó que Barreiro fue designado mediante el Decreto Número 2.693/2012. Candelario Pérez replicó que “la designación de un funcionario público no es un procedimiento formal”, insistió en que Barreiro “no quiso aceptar una función pública y, por lo tanto, no podía consumarse la falsedad ideológica” que sería la inserción del dato falso en la declaración jurada.

Pérez advirtió entonces que “se debe analizar cómo debía ser notificado Barreiro de esa designación” y resaltó que “no consta en el expediente que Barreiro haya aceptado ese cargo, por lo tanto, si no hay acto de aceptación del cargo, esa designación es ineficaz” y luego también la tildó de “irregular”.

Más adelante insistió en que “Barreiro “nunca ejerció funciones”, sino que “había tomado contacto con funcionarios nacionales”. Incluso mencionó que “el decreto ni siquiera establece qué funciones debía desempeñar”.