Guastavino dice que fue un fracaso la ley provincial de narcomenudeo
15/05/2017
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El debate sobre la ley provincial de narcomenudeo parecía encapsulado hasta que el gobernador Gustavo Bordet desempolvó una idea de la que todavía nada se sabe. Sin aportar detalles, el mandatario anunció el envío de un anteproyecto a la Legislatura y que confiaba en que la
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El debate sobre la ley provincial de narcomenudeo parecía encapsulado hasta que el gobernador Gustavo Bordet desempolvó una idea de la que todavía nada se sabe. Sin aportar detalles, el mandatario anunció el envío de un anteproyecto a la Legislatura y que confiaba en que la sanción de una nueva ley sea fruto de “diálogo” y “consenso” entre las distintas fuerzas políticas y los sectores judiciales.
Pues bien, dos circunstancias motivaron al gobernador a poner nuevamente sobre la mesa de discusión un proyecto que ha tenido sus idas y vueltas en la provincia. El primer episodio lo tuvo como testigo silencioso, el 31 de marzo pasado, cuando la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respondiendo a preguntas del periodismo, dijo en Paraná que “todo narcomenudeo tiene un narcotraficante mayor, porque el narcomenudeo es nada más que la llegada de la droga hasta un pequeño punto, pero esa droga viene de algún lado, de una red mayor” y agregó que “lo más importante no es separar taxativamente narcomenudeo de narcotráfico sino que las fuerzas federales y provinciales trabajen en conjunto”. El otro dato que movió al mandatario a reinstalar el tema fue algo más propio de la política en un año electoral, como un sondeo de opinión que revela la preocupación social que genera el florecimiento de kioscos de droga en Concordia.
Lo curioso, si se quiere, es que cuando oficialistas y opositores en la provincia parecen acordar en la necesidad de discutir una ley para la provincia; a nivel nacional coinciden, pero en el fracaso de la ley que habilita a las provincias para perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos relacionados con el tráfico de drogas.
El primero en admitir ese fracaso fue el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino (Frente para la Victoria), en un proyecto de ley que propone devolver la competencia plena a la justicia federal para la investigación de los delitos de narcotráfico, es decir, pretende que las justicias provinciales ya no tengan facultades para investigar causas de narcotráfico (ver adjunto).
El proyecto fue presentado junto con los senadores Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Abal Medina. La diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) presentó un proyecto similar en agosto del año pasado. El argumento es idéntico: el fracaso de la ley de desfederalización.
Si bien el proyecto fue archivado hace algunas semanas, porque no llegó a ser tratado, lo cierto es que Guastavino (Pichetto y Abal Medina) deja en evidencia una contradicción al menos en el discurso con el Gobierno provincial.
Lo que se llama “ley de narcomenudeo” se aprobó en diciembre de 2005, mediante la Ley Número 26.052 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, luego de una serie de violentos delitos en el conurbano bonaerense, ligados al narcotráfico. Era, básicamente, una ley para la provincia de Buenos Aires que en ese momento había planteado la necesidad de impulsar una política de proximidad como un intento por hacer más eficiente el trabajo policial en el control de la comercialización de drogas a nivel local, y disminuir los índices de violencia y criminalidad en los barrios.
El argumento es calcado al que se expuso en 2014 en Entre Ríos, después de una serie crímenes violentos en barrios paranaenses, cuando se presentó la adhesión parcial a ley nacional, que luego fue declarada inconstitucional por los jueces federales Leandro Ríos y Pablo Seró; y es el mismo que ahora repite Bordet.
La ley nacional preveía una especie de “distribución de funciones” en la lucha contra el narcotráfico entre las policías provinciales y las fuerzas de seguridad nacionales. “Unos investigarían los delitos menores, y otros trabajarían exclusivamente a la investigación de los ilícitos más complejos”, se planteaba.
De todas maneras, en el debate parlamentario se acordó que luego de transcurrido un tiempo de la puesta en vigencia de la ley “era necesario observar el resultado de su aplicación”.
Pues bien, a una década de la sanción de la ley, la conclusión es que ha fracasado: “El atomizar la competencia entre las distintas jurisdicciones provinciales implicó una arquitectura institucional ineficiente, que contribuyó a debilitar y fragmentar la presencia del Estado en la materia”, plantean Gustavino, Pichetto y Abal Medino.
Las estadísticas elaboradas por organismos oficiales en aquellas provincias que adhirieron a la ley nacional revelan que la evolución de las cantidades de causas iniciadas “permite demostrar que, desde la perspectiva de la competencia federal, la posibilidad de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos ha disminuido considerablemente”, a la vez que se ha registrado un “incremento en la persecución de las figuras de tenencia simple y tenencia para el consumo personal” en las justicias provinciales.
El proyecto agrega otro ingrediente para el análisis, como es el reproche que existe a nivel internacional respecto de la eficacia de este tipo de iniciativas: “La Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas de la OEA había observado que la descentralización puede ser considerada en los aspectos de prevención y tratamiento, donde es importante que las agendas locales tengan gran desarrollo, pero no en materia de control y aplicación de sanciones y la judicialización”, se advierte en el proyecto. Cabe resaltar que Entre Ríos no tiene ningún centro público de internación para la atención y prevención de adicciones.