Reacciones de la Justicia ante la denuncia de abuso de menores

01/05/2017

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial La causa en la que se reveló una denuncia de abuso de menores en un hogar de niñas que trajo como consecuencias complicaciones en torno a un proceso de adopción derivó en reacciones por parte de integrantes del Poder Judicial en Gualeguay. Fue en esa ciudad entrerriana


Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial


La causa en la que se reveló una denuncia de abuso de menores en un hogar de niñas que trajo como consecuencias complicaciones en torno a un proceso de adopción derivó en reacciones por parte de integrantes del Poder Judicial en Gualeguay. Fue en esa ciudad entrerriana en la que se suscitó una serie de hechos que dieron motivo a un informe publicado la semana pasada en Página Judicial.

La historia tiene como protagonistas al matrimonio de Marcelo Colinas y María del Rosario Taraburelli, quienes emprendieron el largo camino de adoptar a una nena de cuatro años que vivía en el Hogar San José. Hubo un proceso de vinculación espontánea con la menor que alentó a las autoridades de la entidad, en rigor a su directora Ana Crespi, para que la adopción se concrete. Sin embargo, un día el proceso se iba a empañar. En una de las jornadas en que la pareja llevó a la niña a su casa, tomaron conocimiento por parte de la menor de situaciones y hechos que encuadrarían en supuestos abusos por parte de Crespi. Colinas y Taraburelli no dudaron y se presentaron ante la defensora de Menores de Gualeguay, María Belén Lardit, con el objetivo de que se investigue si se estaba ante la comisión de un posible delito contra las menores alojadas en el hogar. La investigación la llevó adelante el fiscal Ignacio Telenta, a cargo de la Unidad Fiscal N°2, conocido por estos días por tener en sus manos el caso de Micaela García. La causa se archivó.

“Es bueno aclarar que en el trámite de la denuncia que fuera formulada ante dicho funcionario se le confirió intervención a la defensa y al Ministerio Pupilar, mediante notificaciones cumplimentadas debidamente, según consta en las actuaciones de referencia. También se anotició al Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) y al Hogar San José. De manera tal que el procedimiento llevado a cabo por la Fiscalía de Gualeguay surge como irreprochable”, sostuvo el fiscal en un comunicado acercado a Página Judicial en el que también afirmó que “en el video que reflejan las declaraciones de las menores alojadas en el referido hogar, permitieron concluir a la psicóloga Diana Tonon, integrante del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que ‘no se aprecia en ninguna de las niñas entrevistadas, indicios de ser víctimas de hechos abusivos de origen sexual en la Institución que las aloja’”. Paso seguido aportó que fue el mismísimo procurador general de la provincia Jorge García, ante una denuncia de la Asociación Red Alerta de Entre Ríos, quien se expidió corroborando “enfáticamente lo actuado por la UFI Gualeguay, en el sentido que no existe ilícito penal a investigar y archivar lo actuado”. Esta decisión es del 24 de febrero de 2016.

Adopción

El proceso de adopción siguió por otra vía, aunque se trabó pese a los avances que se habían dado en torno a la vinculación de la menor con el matrimonio y los informes de profesionales.

Es insoslayable un dato e imposible no abrir un paréntesis en toda esta historia: el entonces juez de Familia que actuaba en la causa y que se intentó sin éxito apartarlo era Gustavo Piquet, entonces pareja de la denunciada Crespi.

Lo cierto es que el pedido de guarda de la menor por parte de Colinas y Taraburelli recayó en la Sala Primera Civil y Comercial Cámara Apelaciones de Gualeguaychú. Este organismo; integrado por Guillermo Delrieux, Ana Clara Pauletti y Gustavo Britos; no la otorgó bajo el argumento que no se cumplían los pasos establecidos: “Es el Registro Único de Adoptantes de Entre Ríos (Ruaer) el organismo que lleva la nómina de aspirantes y quien cuenta con los recursos necesarios para determinar la aptitud adoptiva”. Así lo expresa el fallo que el tribunal acercó a Página Judicial. (Ver resolución textual) Pauletti, en una comunicación telefónica con este medio, dijo desconocer al momento de la presentación de los peticionantes la denuncia sobre abusos en el hogar que se había interpuesto con anterioridad.

Es necesario abrir otro paréntesis. La pareja se había anotado en el Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la Ciudad de Buenos Aires donde se determinó que ambos estaban capacitados para ahijar a un niño. Una vez instalados en Entre Ríos solicitaron que el legajo 26/14 tramitado en Capital Federal pase al Ruaer. Éste, sin embargo, no encontró en el matrimonio “amor de padres adoptivos”. ¿Qué pudo haber pasado para que un organismo (CABA) encuentre en Colinas y Taraburelli una posibilidad cabal para adoptar y el órgano entrerriano no?

Crespi fue apartada del hogar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se apartó no la apartaron? No se conocen las respuestas a esas preguntas, por lo menos públicamente.