Otro jury en camino, con la proscripción de la sociedad civil

17/04/2017

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

La Constitución de Entre Ríos se reformó en 2008. El 1 de noviembre de ese año se puso en vigencia el nuevo texto. Han pasado más de ocho años y la reglamentación de algunos institutos y organismos sigue siendo una deuda. Cuando surge un conflicto, el vacío legal se hace visible. Fue lo que ocurrió con la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas: fue nominado sin la ley reglamentaria que preveía el concurso público.

Un juicio político no es algo que ocurra a menudo; sin embargo, en la provincia en los últimos meses se abrieron dos procesos a vocales del Superior Tribunal de Justicia: Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak. En el caso de los miembros del STJ, es la Legislatura la que se transforma en tribunal de acusación y juzgamiento.

El asesinato de Micaela García dio lugar a que se promuevan seis pedidos de jury a Carlos Alfredo Rossi, juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, por las causales genéricas de mal desempeño en sus funciones. El magistrado será defendido por los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli.

El artículo 218 de la Constitución Provincial establece que el instituto que juzgue a los funcionarios judiciales sea un cuerpo colegiado que estará integrado por tres miembros del Superior Tribunal de Justicia, dos legisladores, cuatro abogados inscriptos en la matrícula de la provincia y dos designados por organizaciones sociales “en representación ciudadana debidamente reconocidas en la defensa del sistema democrático y los derechos humanos”. Estos dos últimos quedaron fuera de la integración porque el Jurado de Enjuiciamiento no se ha reglamentado. Esta deuda legislativa implica lisa y llanamente la proscripción de la sociedad civil. La constitución del jury apelará, otra vez más, a la vieja redacción. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto en este sentido el 23 de septiembre de 2009, pero el Senado no le dio tratamiento.

Con la crisis institucional de 2001, una lectura política acertada fue la necesidad de sumar a la sociedad civil en la toma de decisiones del Estado. El primer caso, en Entre Ríos, fue el Consejo de la Magistratura. El organismo que evalúa a los postulantes a ocupar un lugar en el Poder Judicial está integrado por representantes de la sociedad civil a través de las organizaciones que eligieron su miembro. Los referentes sociales intervienen en la tercera etapa de la entrevista personal. Es una de las más saludables iniciativas que se conocen en materia institucional y de transparencia en los últimos quince años.

Ese esquema por el cual se impulsa la participación ciudadana se trasladó al jury, aunque sin suerte. La reglamentación del artículo 218 no está en la agenda de ninguno de los legisladores.

La última vez que se reunió el jury fue el año pasado para analizar una denuncia contra José Luis Gea Sánchez, vocal del Tribunal de Cuentas. En su caso, el tribunal decidió no formar causa. Entonces, para encontrar la última sentencia dictada por el Jurado de Enjuiciamiento hay que remitirse al año 2005, cuando se juzgó al juez de Instrucción de Feliciano Emir Artero, quien resultó absuelto.

El Jurado de Enjuiciamiento se reunirá este martes para comenzar a tratar la situación del juez Rossi. El tribunal encargado de analizar el caso está integrado por Emilio Castrillón, Bernardo Salduna y Daniel Carubia, por el STJ; Ángel Giano, en representación de la Cámara de Senadores; Diego Lara, por la Cámara de Diputados; Jorge Campos y Roberto Behéran, por el Colegio de Abogados de Entre Ríos.