Rozanski estuvo en Paraná y habló del nuevo contexto político y judicial

07/04/2017

De la Redacción de Página Judicial Carlos Rozanski llegó a Paraná por una invitación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), donde brindó una charla sobre “Nuevos desafíos en los juicios de lesa humanidad en el actual contexto político. La disputa de sentidos en torno al pasado reciente de la Argentina. Perspectivas jurídicas y

De la Redacción de Página Judicial

Carlos Rozanski llegó a Paraná por una invitación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), donde brindó una charla sobre “Nuevos desafíos en los juicios de lesa humanidad en el actual contexto político. La disputa de sentidos en torno al pasado reciente de la Argentina. Perspectivas jurídicas y comunicacionales”.

El ex juez federal y ex presidente del Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata fue una especie de bicho raro dentro de la Justicia. Llegó casi de casualidad y dejó su sello. Elaboró el proyecto por el cual se retiró a los menores de los estrados judiciales, fue el primer camarista del país elegido por concurso e introdujo la figura del genocidio en las condenas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Renunció el año pasado tras una fuerte presión del Consejo de la Magistratura, que le abrió una investigación por “maltrato laboral”. Su salida fue vista con buenos ojos por el gobierno nacional.

En su visita a Paraná, Rozanski habló con algunos medios, abordó la resignificación del pasado que se impulsa por estos días desde diferentes sectores. “El tema del pasado siempre es complicado porque de acuerdo a quien lo haya protagonizado va a pensar que hay que acordarse o no del pasado, así que hay que tenerlo bien presente a la hora de pensar cuáles son los discursos que consideran que es bueno o es malo recordar el pasado”, sostuvo.

Para el ex magistrado, cuando se habla del pasado se está hablando de “temas trágicos, por lo tanto siempre, aunque sea triste, será positivo socialmente recordar el pasado, el tema es que hay que afrontar una cantidad de cuestiones que atraviesan la sociedad. Ahí es donde viene esa lucha de décadas entre aquellos sectores, empezando por las víctimas, que lucharon con todo derecho para que se sepa qué es lo que había pasado; y continuando por aquellos sectores que se identificaron con esas víctimas y coincidieron también en que era importante. Y también el otro sector, que no tiene interés en que se conozca el pasado”.

“Tuvimos 12 años de una posición, no diría total pero mayoritaria en la Argentina acerca del proceso de memoria, verdad y justicia, y sostuve siempre que era irreversible, por lo que yo viví y por la convicción que vi en la sociedad. Hoy estoy vacilando, pero no sobre si es irreversible el proceso que ya se dio, sino porque tengo la sensación de que la representación actual del Estado no piensa eso”, lamentó Rozanski.

El ex magistrado presiente que detrás de la estrategia de resignificación del pasado reciente hay una estrategia para no continuar con los juicios, porque el próximo paso sería avanzar con la sociedad civil, es decir, los sectores económicos que participaron del genocidio.

En ese sentido, señaló que “la discusión de las cifras es sólo una estrategia, porque técnicamente no tiene ninguna importancia. Sería lo mismo con cinco muertes, esto es así técnicamente. Puede haber un plan genocida que se concreta con algunas muertes y luego se frustra por alguna razón, pero siegue habiendo un genocidio; el genocidio no depende de un número. En el Holocausto murieron seis millones, en Camboya un millón y medio y el Estado turco-otomano asesinó a un millón y medio de armenios. No es el número, es la metodología”, explicó el ex juez que condenó a Miguel Etchecolatz.

Señales de la Corte Suprema

Rozanski también fue consultado por la actualidad en materia jurídica. Para el ex magistrado, la designación de Carlos Rosenkrantz como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una señal de los tiempos que se avecinan. “Escribió un trabajo antes de ser designado donde hace una desvalorización del derecho internacional de los derechos humanos. Esto es importante porque hace muy poco la Corte emitió un fallo donde estableció, incluso contrariando doctrina de algunos de sus miembros, en cuanto a la no obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto es gravísimo para la Argentina y para la región”, señaló.

En ese sentido, se explayó: “Argentina forma parte del sistema internacional de derechos humanos y, como tal, suscribió el Pacto de San José de Costa Rica. Eso fue doctrina de la Corte argentina en distintas composiciones. Desde la doctrina Giroldi en adelante los fallos de la Corte Suprema ratificaron, uno tras otro, que la Argentina forma parte de este sistema y que los fallos de la Corte Interamericana nos obligan. Hoy nos están diciendo lo contrario. Es una cuestión que hay que discutirla porque se ha modificado un criterio jurisprudencial que a mi entender es muy grave”.

Por otro lado, se refirió al fallo que reconoció las facultades de la Convención Constituyente de 1994 para imponer un límite de 75 años para ejercer la función judicial, lo que implicaría que decenas de jueces queden al borde de la jubilación si no consiguen una ratificación del Senado.

Al respecto, dijo estar “confundido” porque “hay contradicción con otros anteriores” y explicó: “Estaba el antecedente de (Raúl) Zaffaroni, cuando anunció que al momento de cumplir 75 años se jubilaba y dio sus razones. Una fue por lo que establece la Constitución, la otra es porque consideraba que el cargo eterno es de un sistema monárquico y, entonces, decidió predicar con el ejemplo”. No obstante, invitó a “pensar por qué razón alguien que pensó de una manera durante muchos años (los demás integrantes de la Corte Suprema), ahora piensa lo contrario. Es llamativo”, apuntó.

También habló del proyecto del gobierno para bajar la imputabilidad. “Eso siempre se instala en diferentes momentos políticos. Es un tema sencillo, no trae ningún tipo de complicación para el que quiere ver. El argumento es que cada vez los delincuentes están recurriendo a chicos más chicos, por lo cual hay que bajar la edad. Eso lleva al absurdo: si encontramos un chico de 4 años de edad robando, lo vamos a meter preso. No tiene ningún sentido. La edad, y todo lo que tiene que ver con la edad, es en función de la etapa evolutiva del ser humano, no hay dificultad de entenderlo cuando pensamos que a los 3 años no podemos ponerlo en la facultad porque no pasó otras etapas anteriores. Además de otras cosas que no puede hacer porque no creció, no evolucionó”, opina.

Para el ex magistrado, “bajar la edad de imputabilidad es afectar un principio elemental que está contenido en la Convención por los Derechos del Niño, que establece lo que es un niño. Cuando bajamos la edad de imputabilidad queremos llamar adulto a un niño. Podemos decir que es un niño violento, grandote, peligroso, pero no lo podemos tratar como un adulto”, dice Rozanski que, además, es especialista en legislación sobre maltrato y abuso infantil y que en 1996 acusó a un colega de haber sometido a un interrogatorio perverso a una adolescente de 16 años con un serio retraso mental, durante el juicio en el que se investigaba su presunta violación.