Salduna tiene su proyecto de reforma y propone eliminar la Sala Penal
08/03/2017
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Bernardo Salduna hizo punta tras el anuncio del Gobernador. El vicepresidente e integrante de la Sala del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) elaboró un proyecto de reforma judicial que ya circula en los despachos de algunos legisladores. La iniciativa, aclara en su primera línea, es
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Bernardo Salduna hizo punta tras el anuncio del Gobernador. El vicepresidente e integrante de la Sala del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) elaboró un proyecto de reforma judicial que ya circula en los despachos de algunos legisladores. La iniciativa, aclara en su primera línea, es a título personal.
El vocal empieza por la composición del alto cuerpo. Ve la “necesidad de reducir el número de miembros”. Salvo Entre Ríos –deja constancia– el único tribunal que tiene nueve miembros es el de Misiones. Y, recientemente, Jujuy elevó el número de miembros, “todos sabemos por qué”, ironiza Salduna. El gobernador Gerardo Morales, de extracción radical, aumentó de cinco a nueve miembros en el alto cuerpo para obtener una mayoría favorable.
Para el magistrado concordiense, el número ideal sería cinco, como marca la Constitución, aunque supone que ello “demoraría porque sería necesario esperar varias vacantes”, aunque sugiere que “por el momento sería bueno dejarlo en siete”, según se desprende del texto al que tuvo acceso Página Judicial.
Salduna explica en su proyecto que “en los recientes conflictivos procesos de juicio político se planteó el temor respecto a la eventual mayoría de la Sala Penal” y “para aventar dicho peligro” cree que “lo mejor sería, directamente, suprimir esa Sala”. Así lo explica: “Ahora que existen las cámaras de casación estas deben ser las instancias máximas en materia penal. La Sala Penal del STJ no tiene razón de ser. Que sea el pleno del cuerpo el que, eventualmente, entienda en algún recurso extraordinario si se plantea en un proceso penal o alguna cuestión constitucional”, justificó. También insistió en “quitarle a esa Sala la potestad de amparos, habeas corpus y, en general, temas constitucionales. Que los entienda el pleno del cuerpo”, sugirió.
Lo que propone Salduna al respecto es algo que instauró Sergio Montiel cuando les sacó la exclusividad a Daniel Carubia, Miguel Carlín y Carlos Chiara Díaz para la resolución de amparos y la pasó al pleno del STJ. Jorge Busti, nuevamente en el poder, se la devolvió al trío.
Salas
En el texto enviado a los legisladores y que más abajo redacta en formato de proyecto de ley (ver en Adjuntos), Salduna refiere a las autoridades del STJ. “Para evitar formación de grupos, bloques o ‘trenzas’ (se propone) que la Presidencia y Vice del Superior Tribunal, como ocurre en otras provincias, sea rotativa y sin posibilidad de reelección”. Recuerda que su correligionario Juan Carlos Arralde planteó esto en la Convención Constituyente de 2008.
También pone de resalto que el Superior Tribunal de Justicia tiene plazos para resolver las causas, pero no hay sanciones cuando se producen demoras, “y ha ocurrido con alarmante frecuencia”, advierte Salduna, que cita como ejemplo la acción de inconstitucionalidad presentada por Arralde respecto de la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas, planteo que devino abstracto tras años de mora.
“Como no existe ningún órgano judicial por encima (del STJ), nadie lo puede obligar. Aunque parezca increíble, el o la presidenta del tribunal, aunque la Ley Orgánica le impone ‘vigilar el movimiento de las causas’ carece de ‘poder de policía’ para controlar el cumplimiento de los plazos por parte de los señores y/o señoras vocales. Se propone una modificación que obligue al presidente a intimar al vocal remiso y, en caso de retardo injustificado, ello será causal de juicio político”, explica y plantea el vocal.
Otra propuesta es eliminar la potestad del Poder Ejecutivo para disponer a qué Sala será destinado el nuevo vocal que se elija cuando se produce una vacante. Para Salduna, debe ser el propio STJ el que decida la integración de las Salas. En la actualidad es el Gobernador quien al momento de designar a un candidato explicita el destino del elegido.
A lo que no hace referencia el proyecto de Salduna es a algún tipo de control en el manejo de los fondos del Poder Judicial. En rigor, los viáticos, tema central en lo que fueron los procesos de juicio político a Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak. Raro porque Salduna reconoció en una entrevista que hubo desmanejos, a pesar de que al otro día, en otra entrevista y ejerciendo un extraño auto-derecho a réplica, se desdijo. La anécdota quedará en los anales de la historia del Poder Judicial. Y también del periodismo.