Chiara Díaz quiso evitarlo pero finalmente comenzó a ser juzgado en ausencia

06/02/2017

Oscar Londero Para Página Judicial Se esperaba la ausencia de los legisladores de Cambiemos, pero el que ayer faltó a la cita fue Guillermo Brunner, el abogado defensor del suspendido vocal Carlos Chiara Díaz, quien lo anunció verbalmente y en una oficina del Senado. El hecho formó parte de la serie de novedades que se

Oscar Londero
Para Página Judicial


Se esperaba la ausencia de los legisladores de Cambiemos, pero el que ayer faltó a la cita fue Guillermo Brunner, el abogado defensor del suspendido vocal Carlos Chiara Díaz, quien lo anunció verbalmente y en una oficina del Senado. El hecho formó parte de la serie de novedades que se conocieron minutos antes de que la Corte de Justicia iniciara su deliberación.

Es que Brunner, además de informar que no iba a participar del debate, también indicó que su defendido tenía previsto renunciar a su cargo en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Fue a través de un escrito de apenas una carilla, que de inmediato circuló por los pasillos del Senado.

“Es decisión de mi defendido, la que es compartida por la totalidad de su grupo familiar, de renunciar en forma indeclinable e irrevocable al cargo que desempeña como vocal de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia a partir del 31 de mayo de 2017, por motivos de salud, la que se ha visto deteriorada con motivo de circunstancias que son de público conocimiento”, indicó Brunner en uno de los párrafos de su nota.

Los problemas de salud ya habían sido invocados por el defensor de Chiara Díaz el jueves pasado, cuando presentó un certificado médico expedido por una profesional del Hospital Italiano. A lo que sumó el pedido de postergación de las audiencias hasta que su cliente estuviera en condiciones de ejercer su derecho a defensa.

Brunner pidió hoy al senador Aldo Ballestena (FPV-La Paz), en su condición de presidente de la Corte de Justicia, que “haga conocer a los integrantes de la Corte la información que le estoy refiriendo antes del tratamiento del pedido de suspensión de la audiencia de vista de causa y de la prueba testimonial de este juico, atento a la incidencia directa que tiene la renuncia en la continuidad del juicio político”.

El defensor de Chiara Díaz también informó que en el transcurso de la semana el magistrado presentaría su renuncia ante el gobernador Gustavo Bordet. Mientras eso sucedía, en el alto cuerpo decían enterarse a raíz de las consultas periodísticas.

La decisión de Brunner fue objeto de críticas por parte del Frente para la Victoria (FPV). El que inició los cuestionamientos fue Ángel Giano, presidente del bloque de senadores oficialistas, quien aludió a la responsabilidad institucional de la Corte de Justicia y a la manda constitucional.

El legislador de Concordia advirtió sobre “la falta de responsabilidad por no ejercer la defensa técnica” y opinó que “sólo existe una manifestación de quien ejerce su defensa técnica, por lo que no hay razón para que este escrito nos impida seguir con este juicio”.

Giano precisó que por tratarse de un juicio político “se tienen que evaluar las conductas y debemos analizar si puede o no seguir en el cargo”. Por eso resaltó que “esta Corte tiene que estar a la altura de las circunstancias, haciendo el máximo esfuerzo para que el respeto a la democracia y a la independencia de poderes se cumplan con la máxima razonabilidad”.

Tras recordar que la Corte hizo lugar a todas las pruebas aportadas por la defensa de Chiara Díaz y a su propuesta de testigos, Giano se mostró sorprendido por el certificado médico presentado por su defensor. “Nos enteramos por los medios que el acusado tendría una situación de enfermedad desde el 11 de enero, pero el certificado no dice mucho y fue presentado el último día hábil antes de esta audiencia”, detalló el legislador.

Giano reparó que “plantear una situación de hipotética enfermedad no es suficiente para suspender el juicio, ya que paralizarlo por una incapacidad física nos podría generar un cambio de causal, de acuerdo a lo que dice el artículo 140 de la Constitución”.

A su turno, en su condición de presidente de la Comisión Acusadora, el diputado Diego Lara expresó que “la defensa intentó obstaculizar este procedimiento” con la presentación del certificado médico y opinó que el documento “ni siquiera habla de una presunta enfermedad y sólo informa que debe someterse a estudios”.

El legislador también aludió a la falta de respeto de Bunner por informar de manera verbal sobre su ausencia del recinto y cuestionó la falta de asidero del escrito de renuncia a futuro. “La renuncia debe ser en forma personal ante el titular del Poder Ejecutivo y debe ser aceptada”, explicó Lara.

Por eso opinó que se trataba de “algo premeditado para que caiga el juicio político. Es algo muy desatinado y una falta de respeto a los testigos, a la Comisión Acusadora y a todas las instituciones de Entre Ríos”, precisó el diputado.

Por su parte el senador Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) pidió verificar lo que sucede con Chiara Díaz y propuso acudir al Hospital Italiano para recabar más información. “Hay que comprobar su estado de salud porque estamos al límite de violar los derechos humanos”, añadió el legislador.

A su entender Chiara Díaz “no está en condiciones de regresar al Poder Judicial”, dejando entrever que la causal de su alejamiento podría ser una eventual incapacidad física o mental. Y por eso pidió suspender el juicio hasta que el magistrado suspendido pudiera presentarse para seguir ejerciendo su derecho a defensa.

Para fundamentar su pedido se refirió a diversos antecedentes, haciendo hincapié en un dictamen del Tribunal Oral Federal de Paraná. Fue el que dispuso suspender el proceso al exgeneral Genaro Díaz Bessone, imputado en la causa Harguindeguy, en la que se investigaba la comisión de delitos de lesa humanidad.

“Hay razones que ameritan que se suspenda este juicio hasta el próximo lunes, para que se designe a un médico que verifique la veracidad del certificado médico. Y lo digo porque no quiero ser cómplice de la violación del derecho a defensa y del debido proceso”, advirtió Kisser.

Tras insistir sobre un nuevo dictamen médico, el senador opositor opinó que era imprescindible para determinar “si existe incapacidad física o mental, porque no podríamos seguir con un juicio a un insano o un incapacitado mental. Sería una grave violación a los derechos humanos”, explicó Kisser, quien planteó la moción y también pidió que se votara por la suspensión del juicio.

Por su parte, el senador Héctor Blanco (Justicialistas Todos por Tala) explicó: “Primero debe haber un diagnóstico presuntivo, y a través de los estudios, se debe llegar a un diagnóstico definitivo. Se debería haber adjuntado copia de la historia clínica”.

Al hacer uso de la palabra el senador Pablo Canali (FPV-Colón) sugirió que de existir dudas debía remitirse un oficio al Hospital Italiano pero sin interrumpir el juicio, mientras que Lucas Larrarte (FPV-San Salvador) compartió la opinión de sus compañeros de bancada y solicitó que el juicio no fuese suspendido.

Desde la oposición la otra voz que se alzó fue la de Roque Ferrari (Cambiemos-Victoria), para quien la postergación de la audiencia “no supone la caída del juicio” y por eso anticipó su decisión favorable a la suspensión temporal de las actuaciones.

Sometidas las dos mociones a votación, el FPV hizo prevalecer su mayoría: a sus nueve votos sumo el de Rubio. De esa forma se impuso 10 a 7, rechazando también por idéntico marcador la propuesta de un cuarto intermedio de media hora propuesto por Kisser.

Luego de eso se tomó juramente a los primeros cinco testigos y comenzó a declarar la secretaria del STJ, Elena Salomón. Y así comenzaba un hecho inédito en la vida institucional de Entre Ríos: el juicio político a un ausente vocal del STJ.