Se hizo otro allanamiento por la causa de la tarjeta Sidecreer
27/01/2017
De la Redacción de Página Judicial La Policía de Entre Ríos allanó este jueves un departamento en el que viviría la suegra de Juan José Canosa, ex presidente de la tarjeta Sidecreer durante las dos gestiones de Sergio Urribarri como gobernador. El ex funcionario está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública. De la
De la Redacción de Página Judicial
La Policía de Entre Ríos allanó este jueves un departamento en el que viviría la suegra de Juan José Canosa, ex presidente de la tarjeta Sidecreer durante las dos gestiones de Sergio Urribarri como gobernador. El ex funcionario está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública.
El allanamiento se concretó en un departamento ubicado en calle Buenos Aires 461, sexto piso, donde viviría la suegra de Juan José Canosa. El ex funcionario y actual asesor de la Cámara de Diputados está casado con Paula Montefiori, que es defensora pública oficial del Poder Judicial.
La información fue confirmada a Página Judicial por el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná). El legislador había anticipado que presentaría una ampliación de la denuncia que realizó a mediados de diciembre por irregularidades en Sidecreer y este jueves declaró ante el fiscal Juan Francisco Malvasio, que lleva adelante la investigación. “Tenía un dato concreto de que en el departamento de esta señora había documentación que podría ser de interés para la causa, lo aporté a la justicia y se avanzó”, explicó. El dato, según dijo, le fue aportado por un testigo que habría visto a personas ingresando con documentación que podría estar vinculada a Sidecreer en el departamento.
En su momento, Kisser denunció “un posible tráfico de influencias y direccionamiento hacia determinadas empresas” y advirtió también sobre “el proceso de vaciamiento y posterior intento de privatización» de la tarjeta estatal. Sin embargo, tras la ampliación dijo que “la causa es mucho más grande de lo que se suponía al momento de presentar la denuncia” y remarcó que “podría tener varios involucrados”.
El legislador dijo desconocer qué tipo de documentación se secuestró en el allanamiento de este jueves, pero que le habían advertido que en el departamento podría haber documentación sobre Sidecreer. Trascendió que los policías se llevaron papeles y computadoras que deberán ser peritadas.
El procedimiento en el departamento de calle Buenos Aires fue ordenado por la jueza Paola Firpo a pedido del fiscal Malvasio. La magistrada le aclaró a Página Judicial que el allanamiento “fue en un domicilio, no sobre una persona” De todas maneras, confirmó que “se presume que allí vive la suegra de (Juan José) Canosa, pero el allanamiento salió sin ese nombre”. La mujer fue quien recibió la cédula y atendió a los oficiales de justicia.
El lunes se habían realizado otros cuatro allanamientos en Paraná y Santa Fe. Los operativos se concretaron en la casa y en empresas de personas allegadas a Carlos Alberto Canosa, hermano del ex presidente de Sidecreer, que habrían sido beneficiados con contrataciones para la provisión de insumos informáticos y uniformes al personal de la empresa por sumas millonarias.
Concretamente, en Santa Fe, se allanó la sede de Excelcom SA, una empresa a la que Sidecreer le pagó 635.000 dólares por la provisión de insumos informáticos, entre 2008 y 2015. Si bien Juan José Canosa no aparece en el directorio, los accionistas son personas allegadas: María José Cuestas y Diego Aníbal Urba figuran como presidente y vicepresidente, respectivamente; y a partir de 2014 se incorporó Alicia Cuestas como directora titular, es decir, la pareja de Carlos Alberto Canosa, su hermano. Alicia y María José Cuestas son hermanas entre sí e hijas de Mirta Graciela Gueler y Néstor Cuestas, uno de los integrantes del reconocido dúo folclórico Los Hermanos Cuestas.
En los procedimientos también se secuestró documentación relacionada con Mirta Gueler, la suegra de Carlos Canosa, ya que la mujer le habría vendido indumentaria a Sidecreer por 262.300 dólares, entre 2012 y 2015.
Otro allanamiento se concretó en las oficinas de Diveria SRL, una consultora que desarrolló un software para la tarjeta de crédito estatal.