El Frente para la Victoria impuso su mayoría y salvó a Mizawak
12/01/2017
De la Redacción de Página Judicial No hubo sorpresas: la Cámara de Diputados rechazó el juicio político a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, tal como se había anticipado. El oficialismo impuso su mayoría y sumó algunos aliados para aprobar un dictamen que rechaza la denuncia promovida por un grupo de
De la Redacción de Página Judicial
No hubo sorpresas: la Cámara de Diputados rechazó el juicio político a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, tal como se había anticipado. El oficialismo impuso su mayoría y sumó algunos aliados para aprobar un dictamen que rechaza la denuncia promovida por un grupo de abogados.
El Frente para la Victoria logró imponer su dictamen y terminó salvando a Mizawak. El oficialismo sumó a sus huestes al radical Ricardo Troncoso y a los bustistas Gustavo Zavallo y Daniel Koch. En contra del dictamen de mayoría de la Comisión de Juicio Político votaron los legisladores de Cambiemos y Alejandro Bahler (Unión Popular-Frente Renovador). La votación fue 21 a 12.
La presidenta del STJ había sido denunciada a partir de las manifestaciones que hiciera Carlos Chiara Díaz en ocasión de efectuar su descargo ante la comisión investigadora en el proceso de juicio político en su contra. Se le achacó la causal de mal desempeño por los viajes que habría realizado por cuenta del Poder Judicial, una supuesta falta de control en el otorgamiento y rendición de viáticos, la participación en sociedades comerciales, la percepción de “sobresueldos”, la manipulación de votos en la acción de inconstitucionalidad respecto de la designación de Guillermo Smaldone en el Tribunal de Cuentas y una negligencia que habría favorecido el robo de armas del depósito de tribunales.
Durante las cuatro horas y media que duró la sesión hubo un intenso debate en el que también intervino el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri. Dijo que “las palabras y las afirmaciones del vocal Chiara Díaz son absolutamente falsas” y que el día en que efectuó su descargo ante la comisión “estaba fuera de control”. También señaló que “las palabras de la mayoría de los denunciantes son falsas, irresponsables, maliciosas, falaces y persiguen un solo objetivo, que es el que desgraciadamente vengo soportando desde hace más de un año, que es mancillar a la persona y la actuación de quienes pasamos por la administración de la provincia de Entre Ríos”.
Por otra parte, llamó la atención la mención que hizo señalando la presencia de los hijos de Mizawak en el recinto, a quienes, parece, conoce. Efectivamente, en uno de los palcos se encontraba la “empresaria” Eugenia Ormache, que integra el directorio de Construyendo SA y Residential SA, junto con Jorge Mizawak –el padre de la magistrada–, Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Marcelo Javier Tortul y Claudio Raúl Tortul.
Lo que dice el oficialismo
El presidente de la Comisión de Juicio Político, Diego Lara (Frente para la Victoria), leyó extractos del dictamen y los fundamentos y pruebas analizadas para concluir que “ninguno de los hechos denunciados y endilgados a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia poseen asidero fáctico y probatorio que permitan siquiera presumir la existencia de conductas irregulares o dudosas atribuibles a la doctora Claudia Mizawak que puedan ser consideradas como causales de mal desempeño”.
Lara no ahorró críticas al suspendido vocal Chiara Díaz, a quien acusó de haber mentido al momento de ejercer su defensa; ni a los denunciantes, respecto de quienes dijo que “sólo desde el absurdo y pensando que viven en el país de las maravillas de Alicia es posible pensar que tienen razón. Incluso, también cargó contra “un determinado sector de la prensa” por haber difundido información “dirigida a generar suspicacias, especialmente en la ciudadanía, sobre el resultado del trabajo de la comisión”. (sic).
En cuanto al desglose del dictamen, el oficialismo consideró que “de la prueba de los denunciantes, de la denunciada y sobre todo de la excesiva prueba pedida por parte de algunos miembros de la comisión, se evidencia que la mayoría de las declaraciones vertidas por el vocal hoy suspendido Chiara Díaz y por parte de un sector de la prensa que citan los denunciantes, han resultado falaces, no reconociendo ningún sustento probatorio, lo que demuestra la liviandad y ligereza de la actitud de los denunciantes al formular una denuncia de tamaña relevancia institucional sin prueba alguna”.
Respecto de “los viajes, abandonos excesivos de la jurisdicción, y falta de diligencia debida en el control de viáticos y licencias” por parte de Mizawak, el oficialismo concluyó que “no se advierte abuso o uso indebido” de viáticos; y que “ha quedado demostrado que las licencias y ausencias solicitadas por la magistrada con motivo de comisiones de servicios (es decir, para realizar ‘trabajo’ fuera de su despacho) han sido efectivamente realizadas, con el detalle exacto de qué hizo, con quién lo hizo, dónde lo hizo y cuál fue el resultado de lo que hizo”.
Por lo demás, ubicaron a Mizawak en un rol de víctima de las mentiras de Chiara Díaz, tanto en el STJ como ante la comisión investigadora: “Hay pocas posibilidades reales de control frente a la mentira formalizada en trámites administrativos nada menos que de un colega que integra el órgano de gobierno”, consignó el dictamen.
En cuanto a la participación de Mizawak en sociedades comerciales, el oficialismo –como también la oposición– destacó que “no hay ningún elemento que, siquiera como indicio, dé cuenta de una relación societaria pasada o presente” con Urribarri.
El oficialismo y sus aliados, en cambio, admitieron que Mizawak era poseedora de acciones en la empresa denominada A y M Emprendimientos Sociedad Anónima, junto con su esposo, Raúl Arroyo, pero que “a partir del año 2008 ni siquiera conservó la titularidad accionaria”. La denuncia señalaba que Mizawak había ejercido como directora suplente hasta ocho meses después de ser designada en el STJ, algo que fue confirmado por un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ). Pero el dictamen del oficialismo consideró que “la titularidad de acciones no está subsumida en la incompatibilidad” prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
También resaltaron los diputados oficialistas que “se constató que dicha sociedad jamás contrató con el Estado Nacional, provincial, municipal o sus entes autárquicos, ni realizó obra pública alguna” y tampoco con el Poder Judicial; y que “no apareció ningún acto jurisdiccional o administrativo de la magistrada que relacione esa sociedad, o la que integra su padre (y su hija) o su marido con su actividad y que pudiera haberla colocado en la posición de excusarse o someterse al proceso de recusación”.
Respecto de la percepción de sobresueldos, en el dictamen se consignó que en el STJ “no existen fondos o gastos reservados”, sino que los califica como “gastos protocolares”; y se aseguró que se trata de “una partida sancionada sucesivamente y unánimemente desde el año 2010 hasta 2016 por la Legislatura provincial (…) que no se distribuyó ilegítimamente como un ‘salario encubierto’, que fue rendida y aprobada por el Tribunal de Cuentas”.
Lo que sí se encargó de señalar Lara en la lectura del dictamen es que “no existió apropiación a título personal y/o salarial de los dineros provenientes de esa partida por la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia o por la anterior, o por alguno de los demás vocales”.
Nada dice, sin embargo, sobre la acusación que hizo el bloque de diputados de Cambiemos respecto de que Mizawak administraba esos “gastos reservados” a través de una cuenta sueldo del Poder Judicial, ni explica por qué se eliminaron.
El dictamen del oficialismo también rechazó que Mizawak haya incurrido en una maniobra de manipulación de la acción de inconstitucionalidad en la designación de Guillermo Smaldone, promovida por el ex senador Juan Carlos Arralde; y también la acusación que se le hizo por su “inidoneidad e incumplimiento de obligaciones” en cuanto al control de las armas que se encontraban secuestradas en el depósito de tribunales: “Es imposible achacar culpas a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia por los delitos cometidos por los empleados judiciales”, se consignó.
“De todo lo expuesto y acreditado en estas actuaciones, se concluye que ninguno de los hechos denunciados y endilgados a la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia poseen asidero fáctico y probatorio que nos permitan siquiera presumir la existencia de conductas irregulares o dudosas atribuibles a la doctora Claudia Mizawak, que puedan ser consideradas como causales de mal desempeño en su función”, concluyó el dictamen del oficialismo y sus aliados.
Lo que dice la oposición
Los legisladores de Cambiemos defendieron en el recinto su dictamen de minoría, que proponía la suspensión de Claudia Mizawak para que sea sometida a juicio político por mal desempeño de sus funciones y mala conducta.
Básicamente, los diputados de la oposición hicieron una valoración de la prueba recolectada que difiere de la que plantea el dictamen del Frente para la Victoria. Como ya consignara Página Judicial, aluden a las ausencias que registra desde que fue designada, contaron con detalle los viajes al exterior que realizó y por los cuales percibió viáticos aún cuando se trataba de cuestiones personales; señalaron que entre 2013 y 2016 habría recibido 4.224.000 pesos en concepto de “gastos reservados”, que integró una sociedad comercial junto con su esposo hasta seis meses después de haber asumido en el STJ y que en su descargo presentó documentación falsa.
“A lo mejor tiene la virtud de algunos santos de estar en dos lugares al mismo tiempo” ironizó la diputada Gabriela Lena, sobre el hecho concreto de que la magistrada registra sentencias firmadas como si estuviera en su despacho en días en que la Dirección Nacional de Migraciones informó que se encontraba fuera del país. Por ejemplo, hay sentencias firmadas en fechas en que se encontraba en España.
“Acá se está queriendo salvar a una persona; y si no contamos estas situaciones somos nosotros quienes ponemos en situación de indefensión a los justiciables”, sentenció Lena, interpelando a los legisladores oficialistas.
Tras el debate, la votación se hizo de manera nominal:
Ayelén Acosta (Cambiemos): negativo.
José Ángel Allende (Frente para la Victoria): afirmativo.
Leticia Angerosa (Frente para la Victoria): afirmativo.
Martín Anguiano (Cambiemos): negativo.
José Artusi (Cambiemos): negativo.
Pedro Báez (Frente para la Victoria): afirmativo.
Juan José Bahillo (Frente para la Victoria): afirmativo.
Alejandro Bahler (Unión Popular-Frente Renovador): negativo.
Marcelo Bisogni (Frente para la Victoria): afirmativo.
Juan Carlos Darrichón (Frente para la Victoria): afirmativo.
Gustavo Guzmán (Frente para la Victoria): afirmativo.
Sergio Kneeteman (Cambiemos): negativo.
Daniel Koch (UNA-Frente Renovador): afirmativo.
Joaquín La Madrid (Cambiemos): negativo.
Miriam Lambert (Frente para la Victoria): afirmativo.
Diego Lara (Frente para la Victoria): afirmativo.
Gabriela Lena (Cambiemos): negativo.
Jorge Monge (Cambiemos): negativo.
Juan Reynaldo Navarro (Frente para la Victoria): afirmativo.
Gustavo Osuna (Frente para la Victoria): afirmativo.
Emilce Pross (Frente para la Victoria): afirmativo.
Rosario Romero (Frente para la Victoria): afirmativo.
Alberto Rotman (Cambiemos): negativo.
Daniel Ruberto (Frente para la Victoria): afirmativo.
Fuad Sosa (Cambiemos): negativo.
María del Carmen Toller (Frente para la Victoria): afirmativo.
Ricardo Troncoso (Recuperación Radical): afirmativo.
Sergio Urribarri (Frente para la Victoria): afirmativo.
Silvio Valenzuela (Frente para la Victoria): afirmativo.
Ángel Vazquez (Frente para la Victoria): afirmativo.
Gustavo Zavallo (UNA-Frente Renovador): afirmativo.
María Elena Tassistro (Unión Popular-Frente Renovador): ausente.
Total: 21 votos afirmativos. 12 votos negativos.