Menores, imputabilidad y mentiras

06/01/2017

Alejandro Haimovich (*) La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en la Argentina es cíclica. Suele plantearse, generalmente, cuando se avecinan tiempos electorales. Las principales fuerzas políticas coinciden en la demagogia punitiva que significa acotar el asunto a un número. Desde el kirchnerismo hasta el PRO, pasando por el sciolismo y el


Alejandro Haimovich (*)

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en la Argentina es cíclica. Suele plantearse, generalmente, cuando se avecinan tiempos electorales. Las principales fuerzas políticas coinciden en la demagogia punitiva que significa acotar el asunto a un número. Desde el kirchnerismo hasta el PRO, pasando por el sciolismo y el Frente Renovador han coincidido en agitar el tema de manera espasmódica.

El consumidor de estos discursos podría preguntarse, legítimamente, si hay tanta coincidencia en este punto por parte de las voluntades políticas mayoritarias, ¿por qué nunca hasta ahora ha podido efectivizarse esta modificación al Código Penal?

La respuesta es bastante simple. Hay normas internacionales de máxima jerarquía, tratados de derechos humanos y la propia Constitución Nacional que lo impiden. Desde la Convención Internacional de Derechos Del Niño y las normas internacionales específicas en la materia (Reglas de Beijing y Directrices de Riad), Argentina tiene la obligación de sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil adecuada y respetuosa de los derechos y garantías de los menores de edad.

Continúa vigente un decreto-ley, sancionado por la última dictadura militar, que ha sido unánimemente considerado inconstitucional. Los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sancionado a nuestro país por no adecuarse a la normativa internacional en este punto.

Se necesita entonces una reforma integral del régimen de los menores de edad, respetuosa de sus derechos, donde la edad de imputabilidad sea solo un punto más de esa discusión.

Dejemos de lado las consideraciones acerca de la problemática del castigo como elemento de resosialización de los menores de edad, o los análisis de las políticas públicas necesarias para abordar el problema de la pobreza y del consumo de sustancias en esta etapa de la vida.

Evaluemos solo el siguiente punto: ¿sirve una propuesta de este tipo para mejorar la seguridad? La baja de la edad de imputabilidad, como punto aislado en una reforma de este tipo no soluciona nada. No aporta en nada, no tiene ningún efecto pues, entre otros puntos:

–Un porcentaje ínfimo de menores de edad son partícipes de delitos (menos del 1 por ciento).

–Los menores de 16 años son efectivamente intervenidos por el sistema penal, más allá de la edad de imputabilidad, a través de institucionalizaciones o medidas de seguridad.

Es decir que el remanido debate sobre la baja de la edad de imputabilidad como medida que mejoraría la seguridad pública es solo cosmética, maquillaje, propuesta demagógica preelectoral. No tendrá ningún efecto significativo, salvo en la vida particular de quienes sean alcanzados por la normativa y por sus familias.

Al resto de la sociedad, le están mintiendo.

(*) Abogado, docente e investigador de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

El artículo fue publicado en El Diario.