Un empleado admitió que robaba armas de tribunales y las vendía
27/12/2016
De la Redacción de Página Judicial La investigación por la venta de armas que habían sido secuestradas y debían estar bajo resguardo judicial está en su etapa final; y este lunes se presentó un acuerdo de juicio abreviado en el que un empleado judicial y otras dos personas admitieron que integraban una organización que se
De la Redacción de Página Judicial
La investigación por la venta de armas que habían sido secuestradas y debían estar bajo resguardo judicial está en su etapa final; y este lunes se presentó un acuerdo de juicio abreviado en el que un empleado judicial y otras dos personas admitieron que integraban una organización que se dedicaba a la sustracción de armas del depósito de tribunales para venderlas en el mercado ilegal.
Si el juez José Eduardo Ruhl homologa el acuerdo al que arribaron el fiscal Ignacio Aramberry y los abogados defensores, habrá tres condenados, aunque ninguno irá a prisión: Maximiliano Bertoni, empleado del Departamento Médico Forense del Poder Judicial; Eduardo Borgogno y Mario López Alonso.
Mientras tanto, continúa su curso la investigación respecto de quien está sindicado como la cabeza la organización: Antonio Daniel Vitali, el perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El fiscal Aramberry logró probar que “durante aproximadamente dos años, hasta el 6 de mayo de 2016, Vitali y Bertoni, agentes del Poder Judicial de Entre Ríos, sustrajeron armas de fuego que se hallaban depositadas en dependencias de la oficina ‘Sección Depósito de Efectos Secuestrados’ (…) Que los objetos, eran sacados por el primero de los nombrados de los lugares donde se encontraban y a los cuales éste tenía acceso en su carácter de perito oficial del STJ, especializado en balística”.
Un inventario determinó sobre de más de 3 mil armas que había en el depósito de tribunales, faltaban alrededor de cincuenta, de distinto tipo y calibre: 9 milímetros, revólveres calibre 22, 32 y 38 y armas de guerra.
Ahora, Bertoni admitió que era quien recibía las armas de manos de Vitali y se las entregaba a Borgogno y López Alonso “para que éstos las vendieran a personas que carecían de la condición de legítimo usuario”, es decir, Borgogno y López Alonso “se encargaban de conseguir los adquirentes” de las armas y de la comercialización. El producto de la venta se lo repartían entre ellos y “otra parte era entregada por Bertoni a Vitali”, según ellos mismos lo admitieron ante el fiscal.
El esquema de la organización no se terminaba en ellos: el fiscal ha identificado a compradores y guardadores de armas.
Respecto del encargado del depósito de armas, Fabricio Santapaola, no hay pruebas de que esté involucrado en la comercialización de armas, pero sí habría una omisión en su deber de control de la oficina. En su caso, está suspendido preventivamente en sus funciones y enfrenta un sumario administrativo.
Si el juez homologa el acuerdo, Bertoni deberá purgar una pena de tres años de prisión condicional por los delitos de peculado, sustracción de objetos custodiados en forma reiterada y provisión ilegal de armas de fuego. También deberá realizar tareas comunitarias no remuneradas durante un año. Además, tendrá que cumplir una serie de reglas de conductas, como la prohibición de intimidar a testigos; tampoco podrá contactarse con los testigos ni imputados, ni podrá acercarse a los tribunales, salvo para cumplir trámites relacionados con la causa; y tendrá prohibido reunirse con personas que tengan armas ni concurrir a lugares donde las haya.
En caso de ser condenado, Bertoni también podría perder su trabajo, ya que el STJ le inició un sumario administrativo por las causales de negligencia o falta grave en el desempeño de sus funciones, falta grave intencional que perjudique moral o materialmente a la administración, indignidad moral de vida y costumbre; y un posible incumplimiento de los deberes del empleado judicial de desempeñar con dignidad y eficacia el cargo y la obligación de guardar una conducta pública y privada compatible con el cargo.
En cuanto a Borgogno y López Alonso, en caso de que se homologue el acuerdo, serían condenados por los delitos de receptación sospechosa y provisión ilegal de armas de fuego. El primero debería cumplir una pena de tres años de prisión condicional y tendría que realizar tareas comunitarias durante un año; mientras que el segundo purgaría una pena de un año y seis meses de prisión y realizaría tareas no remuneradas en beneficio de alguna institución durante seis meses.
El juez Ruhl anunciará el jueves 29 de diciembre su veredicto. Si el magistrado decidiera rechazar el acuerdo del juicio abreviado, se realizaría un juicio oral y público.