Chiara Díaz fue suspendido y será sometido a juicio político
13/12/2016
De la Redacción de Página Judicial La Cámara de Diputados aprobó el juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz. El magistrado fue suspendido en su cargo y ahora será enjuiciado por el Senado, tal como lo establece la Constitución Provincial. De la Redacción de Página Judicial La Cámara de
De la Redacción de Página Judicial
La Cámara de Diputados aprobó el juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz. El magistrado fue suspendido en su cargo y ahora será enjuiciado por el Senado, tal como lo establece la Constitución Provincial.
Durante dos horas y media el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento, Diego Lara (Frente para la Victoria), leyó el dictamen con los fundamentos y las pruebas en las que se sustenta la acusación por mal desempeño de sus funciones contra el vocal del STJ.
El legislador oficialista dio detalles del proceso que se llevó adelante durante los últimos treinta días e incluso volvió sobre causales de índole personal, que habían sido rechazadas por Chiara Díaz en ocasión de efectuar su descargo ante la comisión por considerar que constituían “cosa juzgada”, en función de la acusación anterior, que había sido rechazada por la comisión.
Sin apartarse un ápice del dictamen escrito (ver adjunto), Lara defendió los pasos realizados por la comisión y destacó que se garantizó “el derecho de defensa” del magistrado. “La comisión ha hecho una minuciosa investigación con todos los datos aportados”, subrayó y leyó los informes solicitados a varias universidades públicas y privadas. “Han sido elementos probatorios que sustanciaron este expediente”, señaló.
Lara también citó informes entregados por el STJ, con planillas comparativas de viáticos y ausencias de los vocales “puestos a disposición en carácter voluntario el 5 de diciembre por la doctora (Claudia) Mizawak”. La presidenta del alto cuerpo presentó ese detalle luego de que Chiara Díaz la calificara como “la reina de los viajes” durante su exposición ante la comisión investigadora, en su descargo ante la denuncia interpuesta por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, enrolado en el Frente Renovador.
Además, Lara dio datos contundentes sobre las ausencias de Chiara Díaz: dijo que en los últimos diez años, el magistrado se ausentó de su despacho durante 948 días, “que son prácticamente dos años y medio” si se contara en días corridos, consignó el dictamen de la comisión. “Fueron licencias con goce de sueldo y autorizaciones para ausentarse de la jurisdicción, por fuera de la feria”, detalló el presidente de la comisión. “Hay 516 en los que se cubrieron viáticos y pasajes aéreos y traslados a aeropuerto con vehículo oficial y chofer y muchas veces viáticos para el chofer, y otros días en que se tomó licencia extraordinaria con goce de haberes pero sin viáticos”, agregó Lara.
El legislador estimó en 1.290.000 pesos el dinero percibido por Chiara Díaz por esa vía, lo que resulta de multiplicar los días de viático por el valor actual que rige para los vocales (2.500 pesos por día), a lo que habría que sumar “viáticos del chofer, pasajes aéreos (más costosos que los viáticos) y demás reconocimientos de gastos en cada caso (como nafta en ocasiones)”; y también las cifras que habría recibido por brindar charlas y clases en distintas universidades públicas y privadas que lo tenían como docente.
“No es en vano reprochar la actitud de un juez –de la máxima jerarquía judicial que existe en la provincia– que, a sabiendas de que no le correspondía percibir viáticos (más gastos de traslados) para realizar actividades de su vida privada (docencia), sistemáticamente los solicitó y cobró esos fondos y simultáneamente cobró otros fondos (en concepto de honorarios, sueldos, etcétera) para desarrollar las mismas tareas e incluso, en no pocas oportunidades cobró viáticos dobles para realizar un único e idéntico traslado”, expuso Lara, citando el dictamen de la comisión investigadora.
“Hay una comparación odiosa”, dijo Lara en otro tramo de su exposición: en el año 2010 Chiara Díaz registró 99 días de licencias y 62 ausencias, mientras que Mizawak, a quien el propio magistrado calificó como “la reina de los viajes” tuvo 39 días de licencia y 25 ausencias, según consta en un informe presentado por la propia presidenta del STJ.
Según lo consignado en el dictamen de la comisión investigadora, Chiara Díaz “no ha tenido la dedicación exclusiva que establece la Constitución” y “ha hecho abuso de las normas en desmedro del servicio de justicia”.
A las 14.05, Lara leyó los aspectos resolutivos del dictamen de comisión:
1)- Promover el procedimiento de juicio político al doctor Carlos Alberto Chiara Díaz, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, por haber incurrido en la causal de mal desempeño en sus funciones (conforme los artículos 138 y siguientes de la Constitución de Entre Ríos), en virtud de los hechos expuestos en el presente.
2)- Suspender al doctor Carlos Alberto Chiara Díaz, en los términos y con los alcances del artículo 145 de la Constitución Provincial.
3)- Acusar al doctor Carlos Alberto Chiara Díaz, juez del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (conforme los artículos 144 y 146 de la Constitución de Entre Ríos) sobre la base de las consideraciones efectuadas precedentemente.
4)- Notificar al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y al doctor Carlos Alberto Chiara Díaz, juez del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, a los efectos previstos por el artículo 145 de la Constitución Provincial.
La posición radical
El diputado Jorge Monge fue el encargado de explicitar la postura del bloque de Cambiemos. “Se nos presentaron algunos interrogantes”, admitió en el inicio de su exposición. “El 30 de agosto se rechazó in limine una acusación grosera, pero que tenía los mismos fines que ésta a la que ahora se la da curso”, agregó. Luego Monge celebró el “brote de frescura de republicanismo” que significa esta decisión de la cámara baja.
El legislador hizo luego una historización sobre la figura del juicio político, a la que calificó como “un arma que decidimos sacar del galpón”; repasó la única vez que se aplicó en la provincia y también hizo referencia al debate que se dio en la Convención Constituyente de 2008 –de la que fue parte–, cuando se instrumentaron cambios mínimos, disponiendo el “mal desempeño” como causal única, y descartando la posibilidad de incluir los tipos penales como fundamento posible para fundar una acusación.
También Ricardo Troncoso, en su propio nombre, como representante del bloque unipersonal Recuperación Radical, destacó la “contundencia y las pruebas reunidas” para darle curso al proceso de juicio político al vocal del STJ. “He pasado por juicios políticos”, dijo, recordando su encendida defensa del ex gobernador Sergio Montiel. “Chiara Díaz siempre ha atacado siempre al Poder Legislativo; hace un rato dijo que los delincuentes lo iban a juzgar. Creo que a esto hay que denunciarlo”, reclamó.
Troncoso, del mismo modo que luego lo haría Alejandro Bahler, del bloque Unión Popular-Frente Renovador, reclamó que se continúe por el mismo camino y se inicie una investigación respecto de la conducta de la presidenta del STJ, Claudia Mizawak.
El trámite en el Senado
La Constitución establece que desde el momento en que la Cámara de Diputados acepta la acusación y dispone la suspensión del magistrado, en este caso Chiara Díaz.
Un primer paso deberá darse en los próximos cinco días, ya que la Constitución establece que en ese plazo deberá reunirse el Senado para tratar la acusación.
A su vez, la Cámara de Diputados deberá conformar “una comisión de cinco de sus miembros para que la sostenga (a la acusación) ante la Cámara de Senadores”. Para esa tarea fueron elegidos Diego Lara, presidente de la comisión, Juan José Bahillo (Frente para la Victoria), María Alejandra Viola (UCR), Jorge Monge y Ricardo Troncoso.
El Senado, en tanto, se constituye como corte de justicia, es decir, una especie de tribunal de juicio, que será presidido por Aldo Ballestena (Frente para la Victoria-La Paz), como vicepresidente primero del cuerpo, para lo cual cada uno de los senadores deberá prestar un juramento especial “de fallar conforme a los dictados de su conciencia”. La Constitución establece términos “fijos y perentorios” de 90 días para expedirse.
Para poder sesionar, el Senado necesita de al menos dos tercios de la totalidad de sus miembros, es decir, 12 legisladores. Para dictar una sentencia condenatoria se requiera de la mayoría de esa misma totalidad, es decir, 7 senadores.
Fuente: Página Judicial y Página Política.