Otra vez investigan irregularidades en el manejo de fondos de la UNER
07/11/2016
De la Redacción de Página Judicial Una investigación judicial vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Se trata de una causa por una posible defraudación al Estado en la administración del plan Argentina Sonríe, que tenía por objetivo brinda atención odontológica de calidad a
De la Redacción de Página Judicial
Una investigación judicial vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Se trata de una causa por una posible defraudación al Estado en la administración del plan Argentina Sonríe, que tenía por objetivo brinda atención odontológica de calidad a los ciudadanos.
El fiscal federal porteño Eduardo Taiano imputó a quienes conducían el programa nacional, pero resaltó que también debería investigarse la “triangulación de los pagos con tres universidades nacionales” para la refuncionalización de los móviles sanitarios. El acondicionamiento de los camiones costó, según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, 31.411.100 pesos y la UNER se habría prestado para evitar el circuito correspondiente de administración.
“Se llama ‘Argentina Sonríe’, para que los pobres de este país que le faltan los dientes puedan sonreír con dignidad”. Así presentó Cristina Fernández Kirchner, a mediados de diciembre de 2014, al plan nacional cuyo objetivo era llevar atención en salud bucodental a todos los ciudadanos de cada punto del país.
Hace dos semanas, el Gobierno eliminó el programa y denunció sobreprecios, direccionamientos de las compras y favorecimiento de un único proveedor para la adquisición de los equipos y el acondicionamiento de los móviles sanitarios que recorrerían el país realizando prevención, atención y rehabilitación bucodental.
Ahora el fiscal Taiano imputó a Rocío García, pareja de Máximo Kirchner y titular del programa; Elena Morán, madre del diputado Andrés Larroque, que era coordinadora general del programa; la odontóloga María Belén César Gallardo, nuera de Julio De Vido y directora nacional de Salud Bucodental, entre otros ex funcionarios.
El plan nacional ya había sido cuestionado en el informe sobre el estado de la administración pública que difundió el Gobierno sobre la “herencia” recibida del kirchnerismo en junio pasado. Allí se habla de una inversión de 80 millones de pesos para la compra de las unidades sanitarias y su equipamiento, pero señala que el programa “tuvo problemas operativos desde el principio” y “en el año que estuvo en funcionamiento sólo hizo once viajes, seis de ellos a Santa Cruz y el resto a Buenos Aires y Entre Ríos”. La visita a la provincia se produjo en mayo de 2015 a Gualeguaychú.
En el informe titulado “El estado del Estado” se consignó además que “la compra del equipamiento médico y las unidades móviles se realizó en 2014 a través de una licitación pública que ganó la empresa metalúrgica Bonano SA. Sin embargo, no se registró ningún contrato ni orden de compra con la empresa. La adaptación de las unidades móviles para el programa fue realizada por la empresa Callmed SA, cuyo ejecutivo de ventas era familiar de uno de los responsables del programa”.
Lo que sospecha el fiscal Taiano es que la contratación para adquirir y adecuar los móviles se concretó mediante una triangulación realizada por el Ministerio de Salud a través de la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad del Chaco Austral. Por eso los trailers nunca fueron patentados ni transferidos a nombre del Ministerio. Las contrataciones fueron por una suma global de 45 millones de pesos, pero no hubo licitación pública sino que se contrató por vía directa con Callmed SA.
El fiscal también cuenta con el informe de una auditoría interna del Ministerio de Salud donde constan posibles sobreprecios y gastos innecesarios para la puesta en marcha del programa; y en cuanto a las universidades, se detectaron faltantes en las rendiciones de cuentas y que lo rendido no se puede corroborar en su totalidad.
Esta situación vuelve a complicar al rector de la universidad, Jorge Gerard, quien llegó al cargo luego de desempeñarse como director ejecutivo de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos (Actier).
La “triangulación” de contrataciones que se investiga en este caso es idéntica a la que motivó una causa penal por la compra de vehículos con dinero ingresado a la UNER través de la Oficina de Vinculación Tecnológica, un hecho que fue denunciado por Página Judicial. Las sospechas, aquella vez, surgieron cuando el ministro Jorge Lemus se enteró de que el auto oficial en el que se movilizaba todos los días había sido adquirido a través de la UNER. Eso motivó una investigación sobre el manejo de los fondos de la Universidad, pero un mes después, sorpresivamente, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, hizo lugar a un pedido de la fiscal Milagros Squivo para archivar las actuaciones.