Allanan las empresas de Marizza, Szczech, Losi y Vialidad Provincial
19/10/2016
De la Redacción de Página Judicial Otra investigación que involucra a funcionarios de la gestión anterior avanza en la Justicia. Se trata de la causa que se instruye por las contrataciones para la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se desarrolló en Paraná los días 18 y 19
De la Redacción de Página Judicial
Otra investigación que involucra a funcionarios de la gestión anterior avanza en la Justicia. Se trata de la causa que se instruye por las contrataciones para la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se desarrolló en Paraná los días 18 y 19 de diciembre de 2014, con la presencia de un puñado de presidentes latinoamericanos.
El fiscal Juan Francisco Malvasio dispuso este miércoles una serie de allanamientos en las oficinas de cinco empresas constructoras de Paraná: Caballi SA, que preside Miguel Marizza, en calle Gobernador Crespo 1471; Szczech & Szczech, a cargo de Iván Szczech, en calle Manuela Pedraza 580; Luis Losi SA, presidida por Gabriel Losi, en Avenida de las Américas 2604; Cemyc SRL, cuyo responsable es Enrique Morosoli, en calle San Juan 371; y OICSA, de Daniel Hereñú, en calle Pablo Crausaz 593. Solo estas cinco empresas le facturaron 41,9 millones de pesos por la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur.
También se allanó la sede de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos, ubicada en calle San Martín 1042, que preside Marizza.
Otro procedimiento se desarrolló en el despacho de la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez de Feltes, que fue coordinadora general del Comité Operativo de la Cumbre. A la funcionaria se le secuestró el teléfono celular y los peritos informáticos extrajeron información de su computadora personal.
A pesar de la discreción con que se manejaron los procedimientos, la información se filtró a través de fuentes del propio Gobierno y fue confirmada a Página Judicial desde los tribunales provinciales. Estuvieron a cargo de la Policía de Entre Ríos, junto con peritos contadores y delegados judiciales de la provincia. Según se indicó, buscaban documentación contable relacionada con las contrataciones para la Cumbre del Mercosur, computadoras, pendrives, otros medios de almacenamiento de información, teléfonos celulares y elementos que podrían ser de interés para la investigación.
Luego de los allanamientos, el fiscal Malvasio explicó que “toda la documentación e información secuestrada ahora deberá ser peritada”.
La causa se inició a raíz de informes periodísticos que revelaron datos llamativos respecto de las contrataciones de servicios que se hicieron para la cumbre de presidentes. “De la documentación analizadas hasta ahora surgen una serie de irregularidades en la contratación de las empresas y en los procedimientos de selección de las ofertas. Eso pudo haber causado un perjuicio patrimonial para el Estado”, señaló el fiscal.
El delito que se imputa, por ahora, es el de fraude contra la administración pública, por los sobreprecios en las contrataciones, pero podrían surgir otros delitos, por ejemplo, negociaciones incompatibles con la función pública, dado que Marizza integraba la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM) por el sector privado y en representación de la Cámara de Construcción de Entre Ríos y, a la vez, contrató a su propia empresa. No obstante, no hay imputados por el momento.
Desembolsos
Para que pudiera desarrollarse en Paraná la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur y Cumbre de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión que inicialmente se anunció como de 40,7 millones de pesos, aunque luego se duplicó, de acuerdo con la rendición de cuentas que hizo el Gobierno a la Legislatura. La empresa Caballi SA, de Marizza, ejecutó la mayoría de esas obras, 12 en total, por contratación directa, y el Estado entrerriano acordó pagarle 11.722.585 pesos.
Eso se convalidó a través de una serie de resoluciones emitidas por la UOCM, cuyo titular era Hugo Céspedes. Se trata de un ente creado por el Poder Ejecutivo mediante la Ley Número 10.327, que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios en forma directa. El ente tuvo como coordinadora general a Alicia Benítez de Feltes, por el sector público; y al empresario Marizza.
En la rendición de cuentas ante la Legislatura, el gobierno de Sergio Urribarri reconoció pagos por 84.577.000,29 pesos con motivo de la Cumbre de Mercosur, según consta en las planillas que Céspedes envió en marzo de 2015 a la Cámara de Diputados. En el informe, la UOCM admitió haber emitido 251 órdenes de pago.
A su vez, para el evento, la Cancillería transfirió 18 millones de pesos para gastos, mientras que el Gobierno provincial reconoció haber hecho desembolsos por 26,3 millones de pesos. En la documentación constan las 29 contrataciones directas efectuadas por la UOCM para adquirir lo requerido por la Cancillería, que se distribuyeron entre 21 contratistas, según publicó oportunamente el sitio AccesoLibre.org, que edita el periodista Oscar Londero.
En marzo, el fiscal Santiago Brugo, que investiga al ex gobernador Urribarri, familiares y allegados por el delito de enriquecimiento ilícito, había solicitado en la Cámara de Diputados la rendición final de los gastos de la Cumbre, algo que en su momento reveló Página Judicial.