Reclaman la cobertura de vacantes y que se habilite el nuevo tribunal oral
30/09/2016
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Hay algo no dicho detrás del duro reclamo de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura por las vacantes, y es la responsabilidad que le cabe al máximo tribunal en la habilitación de juzgados y tribunales cuya su puesta en funcionamiento podría contribuir a paliar
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Hay algo no dicho detrás del duro reclamo de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura por las vacantes, y es la responsabilidad que le cabe al máximo tribunal en la habilitación de juzgados y tribunales cuya su puesta en funcionamiento podría contribuir a paliar las demoras y falta de justicia en algunas zonas del país.
Dice la Corte Suprema que “preocupa la cantidad de vacantes existentes” porque “afecta severamente el normal funcionamiento de los tribunales”, en una que firmaron los cinco ministros del máximo tribunal: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
Para ponerlo en números: los tribunales federales de todo el país tienen 992 jueces, pero hay 324 cargos vacantes, es decir, el 32,7 por ciento. “Esas vacantes afectan el funcionamiento de la Justicia”, dice la Corte Suprema. Entre Ríos está apenas por debajo de esa media: hay 4 vacantes sobre 16 jueces federales, el 25 por ciento, aunque con la salvedad de que hay un tribunal con sus jueces designados pero que no están en funciones y tres juzgados todavía no habilitados.
La queja de la Corte Suprema exhibe la ineficiencia del Consejo de la Magistratura a la hora de hacer los concursos. En rigor, el organismo, creado en 1998, nunca fue expeditivo en esa tarea, y por eso los presidentes de las cámaras federales desde hace años vienen reclamando la cobertura de cargos donde actualmente se desempeñan jueces subrogantes porque eso implica que haya magistrados trabajando en más de un cargo.
Es el caso, por ejemplo, de Leandro Ríos, titular del Juzgado Federal Número 1 de Paraná y también tiene a su cargo el Juzgado Federal Número 2 porque su titular, Daniel Alonso, está cubriendo una vacante en la Cámara Federal de Apelaciones.
El 19 de septiembre, el camarista Javier Leal de Ibarra, presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras y Tribunales Federales, elevó una queja por nota ante la Corte Suprema, porque la demora en la cobertura de cargos vacantes afecta “el funcionamiento de los tribunales” y “la eficiente prestación del servicio de justicia”.
Esta semana, el máximo tribunal recogió el guante y dirigió una muy dura nota al Consejo de la Magistratura, donde le explicita que le corresponde la tarea de “selección y acusación de los magistrados, así como la administración del Poder Judicial federal y nacional” y decidió “exhortar” al organismo para que “se arbitren las medidas que sean necesarias para dar la mayor celeridad a los procesos de selección de magistrados que permitan proceder a su designación” y se confeccione una lista de conjueces, de conformidad con las leyes vigentes, para casos excepcionales.
Un dato que revela cómo la mayor demora en la cobertura de cargos vacantes se concentra en el Consejo de la Magistratura es que actualmente tiene en trámite 218 concursos, incluyendo la cobertura de cargos de juez de Victoria, Concordia y Gualeguaychú, y también el de camarista federal, cada uno con distinto grado de avance.
El caso del Juzgado Federal de Victoria es escandaloso: está operativo pero no habilitado, es decir, un fiscal instruye causas que tramitan en el Juzgado Federal de Paraná; y un informe revela que se han invertido más de 2 millones de pesos para la refacción y alquiler del inmueble donde funcionará la nueva estructura, ello a pesar de que la Municipalidad donó un terreno para construir el edificio propio.
Sumado a eso se conoció una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal en la que pide a la Corte Suprema la adopción de medidas tendientes a agilizar las causas por crímenes de lesa humanidad. En la nota “se advierte la urgente necesidad de que sean cubiertas las numerosas vacantes existentes en los tribunales orales en lo criminal federal de todo el país” y se menciona que “a la fecha, no se encuentran habilitados varios tribunales y sus respectivos cargos, tal es el caso del nuevo tribunal oral de Concepción del Uruguay, cuya habilitación corresponde a la Corte Suprema.
La paja en el ojo ajeno
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay se creó en 2008, buscando un cierto equilibrio en la administración de justicia entre ambas costas. El año pasado fueron designados los jueces Mariela Emilce Rojas, Jorge Sebastián Gallino y Juan Manuel Iglesias; y antes habían sido nombrados Estela Fabiana León como fiscal y Julieta Elizalde como defensora. Sin embargo, no hay noticias sobre su habilitación.
Hace unos meses, en ocasión de una visita de la consejera Adriana Donato, funcionarios judiciales y las autoridades del Colegio de Abogados de Entre Ríos le plantearon la necesidad de poner en funcionamiento la nueva estructura y le reclamaron, para eso, el alquiler de un inmueble hasta tanto se concrete la remodelación integral del edificio donde funcionará definitivamente, para adecuarlo a las necesidades del tribunal oral, tal como lo prevé el presupuesto anual del Consejo de la Magistratura.
Tras la designación de los jueces, los integrantes del tribunal oral de Paraná solicitaron “la urgente necesidad de que se suministre, a la mayor brevedad posible, las herramientas económicas y humanas necesarias para el funcionamiento” de la nueva estructura “en atención al cúmulo de causas en esa jurisdicción”.
Los números avalan las quejas: el Tribunal Oral Federal de Paraná dictó el año pasado 79 sentencias definitivas, de las cuales 22 fueron por juicios orales, es decir, el 28 por ciento; y se hicieron 72 juicios por delitos de narcotráfico. Del total de sentencias, 36 se originaron en la jurisdicción del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, lo que hace un 45,5 por ciento, según consta en un informe al que accedió Página Judicial.
También el fiscal José Ignacio Candioti se sumó al reclamo: “No puede haber en la provincia un solo órgano de juzgamiento para los delitos federales en materia criminal, al que ven a parar todas las causas de narcotráfico, que cada vez son más y más complejas; trata de personas, contrabando, lesa humanidad, delitos tributarios; sumado a las causas de ejecución, es decir, todos los trámites relativos a las salidas transitorias, libertades asistidas, condicionales y demás cuestiones relativas a los condenados”, dijo hace algunas semanas, ante una consulta de Página Judicial.