Un ex policía dijo haber recibido amenazas de una hija de Céparo
29/09/2016
Juan Cruz Varela A la prueba abrumadora de los testigos que pasaron por el juicio, más la documentación escrita que dio cuenta de la participación del ex policía Atilio Ricardo Céparo en procedimientos de traslado de detenidos políticos, en la última jornada de testimoniales se sumó el ingrediente de que un ex jefe policial dijo
Juan Cruz Varela
A la prueba abrumadora de los testigos que pasaron por el juicio, más la documentación escrita que dio cuenta de la participación del ex policía Atilio Ricardo Céparo en procedimientos de traslado de detenidos políticos, en la última jornada de testimoniales se sumó el ingrediente de que un ex jefe policial dijo haber sido amenazado de muerte por una persona que se identificó como hija del imputado.
El protagonista es Jacinto José Escobar, quien aseguró que el 23 de diciembre de 2014, cinco días después de la detención de Céparo, recibió el llamado de una persona que se identificó como su hija y lo amenazó de muerte. “Yo no puedo asegurar que fuera la hija (de Céparo), era una voz de mujer, me hizo una serie de consideraciones y me dijo que me iba a ultimar a mí y a mi familia”, relató Escobar ante una pregunta del fiscal José Ignacio Candioti. “Estimo que lo que querían era que declarara a favor de él”, agregó.
A raíz de esa situación, Escobar hizo una exposición policial y se inició un expediente que tramitó en la unidad fiscal de Gualeguaychú, donde vive el hombre; aportó su número de teléfono y dio precisiones de cuándo había sido la llamada, pero la causa terminó archivada. “La fiscal (auxiliar Lucrecia) Lizzi me dijo que no había llegado a nada positivo”, contó Escobar ante el tribunal que juzga a Céparo por delitos de la dictadura.
Esta circunstancia, desconocida hasta ayer, se suma a las intimidaciones que sufrió Lionel Luis López, el hombre que reconoció a Céparo como una de las personas que secuestró a la víctima, el 23 de septiembre de 1976, porque, según dijo, lo conocía de La Paz. El lunes, cuando declaró ante el tribunal, López dijo que al día siguiente de la detención de Céparo comenzó a recibir llamadas al teléfono de su casa y a su celular provenientes de números desconocidos con la característica de La Paz e incluso dijo que una persona fue a su casa, pero que no atendió ni abrió la puerta. El hombre lo consideró una intimidación proveniente de familiares de Céparo, pero no hizo ninguna denuncia. Sumado a eso, dos meses después recibió una carta documento firmada por Francia Céparo, hija del ex policía, instándolo a “rectificar o ratificar” aquella denuncia que no había sido tal (sic).
Francia, la hija de Atilio Céparo, admitió que intentó comunicarse con López y la autoría de la carta documento, pero dijo que no pretendió intimidarlo. “Fue un momento de desesperación… lo llamé varias veces a su casa y después fui con mi hijita; pero nunca lo intimidé porque no pude hablar con él, no lo conozco; nunca quise hacer nada malo, solo quería saber qué estaba pasando con mi papá”, relató ayer. “Me arrebaté, no consulté, hice todo mal”, agregó entre lágrimas. Sobre la carta documento que le envió a López, dijo haber sido “mal asesorada” por un abogado y concluyó: “Me equivoqué y le pido disculpas (a López) si se sintió intimidado”.
El curso “contrasubversivo”
Por lo demás, en la última jornada de testimoniales, dos ex policías volvieron a ubicar a Céparo en el esquema represivo, como integrante de los grupos de tareas al servicio de la represión ilegal.
En el legajo personal de Céparo consta que había sido seleccionado para participar de un curso en el Centro de Instrucción Contrasubversivo (CIC) de la Policía Federal y que egresó el 24 de enero de 1977. El objetivo de ese curso era “unificar y divulgar métodos, técnicas y procedimientos” entre los “órganos comprometidos en la erradicación de la delincuencia subversiva”, de acuerdo a la resolución de creación del CIC.
El dato, más allá de Céparo, revela la inserción de la Policía provincial en la represión.
Jacinto Escobar, que fue director de Investigaciones, aseguró que era el propio jefe de la Policía de Entre Ríos quien “seleccionaba al personal” que haría el curso “contrasubversivo”. En ese caso, debió ser el teniente coronel Juan Messina, un militar que también aparece en el listado de agentes de inteligencia que operaron en Salta y Jujuy durante la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, Escobar aclaró que “al personal lo manejaba (José Domingo) Gianotti”, el entonces subjefe de Investigaciones, a quien la víctima ubicó en la sesión de tortura a que fue sometida en la jefatura.
Por su parte, José Orlando Carrero, otro ex policía, explicó que los operativos de represión ilegal estaban a cargo de “la gente de Inteligencia”. El hombre aseguró que reprobaba esas acciones porque “la Policía debe ocuparse de los delitos comunes, no de los delitos políticos” (sic). Según dijo, “Céparo trabajaba en cuestiones con presos políticos”, en la Dirección de Investigaciones, que en 1976 funcionaba en el actual Museo Provincial de Bellas Artes “Pedro E. Martínez”. Luego aclaró que a los operativos por cuestiones políticas “los hacía el personal de Inteligencia, y Céparo era de Inteligencia”. Carrero, en tanto, cumplía funciones en el mismo sitio, pared de por medio, pero aclaró: “Yo no quería saber nada con ese tipo de gente”.
Los alegatos, el miércoles
En la jornada de ayer finalizaron las testimoniales y el próximo miércoles serán los alegatos del fiscal José Ignacio Candioti, los querellantes Marcelo Boeykens y Sofía Uranga y el defensor José Ostolaza.
Atilio Ricardo Céparo, ex policía provincial de 67 años, está acusado por la privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y/o sin las formalidades previstas por la ley y/o desempeñando un acto de servicio; vejación, aplicación de apremios ilegales o imposición de tormentos, en el caso de una mujer que fue secuestrada el 23 de septiembre de 1976 y permaneció desaparecida durante varios días. En caso de ser condenado, el ex policía podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión.
La sentencia también se conocería la semana próxima, pero antes el tribunal integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros debe resolver un pedido de la defensa para que al imputado se le conceda el beneficio del arresto domiciliario por motivos de salud.
El pase a retiro
Un aviso en un diario marplatense alertó a la familia. Era la foto de dos niñas de 4 y 2 años que habían aparecido unos días antes en la playa y de las cuales se solicitaba conocer la identidad. La información estaba en un rincón perdido del periódico, pero alcanzó para que les llegara a los familiares de las nenas, que enseguida marcharon desde Paraná para reencontrarse. De sus padres, en cambio, no había ningún dato.
Los protagonistas de esa historia son Lucía Perriere, Néstor Furrer y sus hijas.
Se sabe que fueron secuestrados por una patota de Prefectura el 4 de febrero de 1978 en Necochea, junto con otros cuatro militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), al que pertenecían. Los trasladaron a la Base Naval de Mar del Plata donde fueron sometidos a interrogatorios bajo torturas; y luego alojados en el centro clandestino de detención La Cacha, que funcionó en la localidad platense de Olmos. Lucía tenía 21 años y Néstor, 27. Ambos permanecen desaparecidos.
Su historia resurgió ayer en la voz de Jacinto Escobar, tío de Lucía, hermano de su madre. El hombre contó la historia y dijo que su retiro de la Policía se produjo luego de que el jefe de la fuerza le negara información sobre el paradero de ellos.
Fuente: El Diario.