Un testigo señaló a Céparo por la detención ilegal de una enfermera
27/09/2016
Juan Cruz Varela El ex policía provincial Atilio Ricardo Céparo se sentó frente a los jueces, les dijo que se sentía enfermo y pidió que se le permita que una de sus hijas estuviera sentada a su lado para asistirlo durante el juicio. Juan Cruz Varela El ex policía provincial Atilio Ricardo Céparo se sentó
Juan Cruz Varela
El ex policía provincial Atilio Ricardo Céparo se sentó frente a los jueces, les dijo que se sentía enfermo y pidió que se le permita que una de sus hijas estuviera sentada a su lado para asistirlo durante el juicio.
Así arrancó el cuarto juicio por crímenes de la dictadura en la provincia y el primero donde se analizará exclusivamente el rol de la patota de la Policía de Entre Ríos en las detenciones ilegales, traslados y alojamientos de personas en comisarías o casas operativas, donde permanecían en condiciones deplorables, con deficiente o nula alimentación, privados de toda higiene y padeciendo amenazas, golpes, vejaciones y torturas.
Se presume que Céparo, de 67 años, era parte del engranaje represivo como oficial ayudante de la División de Despacho de la Jefatura Departamental Paraná. Tal es así que en su legajo consta que el 24 de enero de 1977 egresó del Centro de Instrucción Contrasubversivo, aunque el imputado asegura no tener conocimiento de ello (sic).
En el juicio, concretamente, se le atribuye a Céparo la privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y/o sin las formalidades previstas por la ley y/o desempeñando un acto de servicio; vejación, aplicación de apremios ilegales o imposición de tormentos contra una mujer, en septiembre de 1976. Por esos hechos podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de cárcel.
Ayer, en el inicio del juicio, el ex policía se negó a declarar ante el tribunal integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros.
Céparo en el secuestro
La causa se inició en el año 2012, a partir de la denuncia que presentó una mujer que dijo haber sido secuestrada por tres policías provinciales –entre los que estaba Céparo– el 23 de septiembre de 1976, en horas de la mañana, del Sanatorio La Entrerriana, donde ella trabajaba como enfermera, y la trasladaron en un automóvil Ford Falcon, primero a la Jefatura Central de Policía y luego a la Comisaría Quinta.
La participación de Céparo en la detención ilegal de la mujer fue revelada por Lionel Luis López, que se encontraba en la sala de terapia intensiva del sanatorio porque en esos días tenía a su esposa internada y conocía al policía de La Paz, donde vivían.
López declaró ayer ante el tribunal que juzga a Céparo y dijo que aquella mañana lo vio “llegar solo y vestido de civil”, que el policía se acercó hasta la puerta de la terapia intensiva, le dijo a la señora que tendría que acompañarlo “y en unos minutos bajaron las escaleras, ella caminando adelante y él detrás”. El hombre lo describió como “un muchacho delgado, alto, de 1,75 metros del altura, aproximadamente, tez medianamente blanca, pelo crespo de color oscuro y con bigote”. Céparo tenía entonces 27 años.
López recordó que “ese día la señora bajó las escaleras y no volvió más” por los siguientes “siete u ocho días” en que estuvo ilegalmente detenida y fue sometida a torturas.
Las torturas en la jefatura
De acuerdo con la acusación, la detención de la mujer se realizó sin ningún motivo, tampoco se cumplieron las prescripciones legales (López dijo no haber visto que le exhibieran una orden de detención), no fue dispuesta por un juez ni se comunicó del arresto a ninguna autoridad.
La detención ilegal de la enfermera se produjo al día siguiente de que una patota policial se llevara a una amiga, también enfermera pero del Hospital San Martín, de la casa en la que ambas vivían, en Paraná. Los motivos no están del todo claros y ambas aseguran que los propios captores les dijeron que se había tratado de un “error”.
Como fuera, la mujer permaneció seis días en la Comisaría Quinta, hasta que Céparo se presentó nuevamente y pidió para trasladarla. Ella no lo conocía, pero escuchó que se identificó por su nombre en la guardia. Otra vez en la jefatura fue sometida a interrogatorios bajo tortura con picana eléctrica y allí, estando acostada en una parrilla, también alcanzó a ver a Céparo cuando le ataba los pies al borde de la cama, a través de un hilo de luz en la venda que le cubría los ojos.
En total, la mujer estuvo diez días secuestrada. En ese lapso, el abogado Juan María Garayalde hizo averiguaciones sobre su paradero, según contó ayer su esposa, Cecilia Arcaute, que también conocía a la víctima.
Garayalde era un abogado reconocido en la ciudad por su tarea en defensa de los presos políticos, lo que incluso le valió un atentado en su casa, el 20 de noviembre de 1975, casi de manera simultánea con el ataque que sufrió Luis Agustín Brasesco, a quien también le hicieron explotar una bomba en su casa con pocos minutos de diferencia.
Arcaute dijo haberse enterado del secuestro de la enfermera por un médico del Sanatorio La Entrerriana y recordó que su esposo preguntó por ella en la Jefatura Central de Policía y en la Comisaría Quinta, y que en ambos lugares le negaron que estuviera allí. “No pudimos localizarla, ni saber dónde estaba, ni visitarla”, señaló.
López, en cambio, dijo haberse enterado de que la enfermera estaba en la Comisaría Quinta y que volvió a verla “unos siete u ocho días después”, cuando se reintegró al trabajo. “Cuando nos encontramos, me abrazó y se puso a llorar; estaba muy deteriorada, delgada, con el rostro demacrado; me contó que había estado muy mal, que la habían golpeado y torturado y que no le deseaba ni a su peor enemigo lo que le pasó”, recordó.
También a Arcaute le contó “que la habían torturado y picaneado”; y le hizo un relato similar al Ramón Evaristo Giachi, un médico con el que trabajó unos años después, según él mismo lo contó ayer ante el tribunal. Arcaute, en tanto, aportó otro dato relevante: “Me dijo que un médico controlaba las torturas” y aseguró que luego de su liberación la enfermera “estaba muy mal, muy shockeada, y en la actualidad sigue muy mal”. Precisamente por ese motivo el tribunal accedió a tomarle declaración en su casa, lo que ocurrirá hoy.
Una prueba clave
El inicio del juicio arrojó una novedad importante: el fiscal general José Ignacio Candioti presentó como prueba una hoja amarillenta y mecanografiada donde consta una declaración que la víctima dio ante la Comisión Bicameral Legislativa, el 18 de enero de 1984 (ver adjunto).
En aquella declaración, ante el secretario de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Enrique Eduardo Savat –que luego se sabría que era un agente del Batallón de Inteligencia 601 infiltrado en los organismos–, la víctima relata el secuestro de su compañera y el suyo propio, las torturas a que fue sometida durante su cautiverio y las presunciones de que ambos hechos pudieron estar vinculados a que su amiga visitara unos días antes a Alicia Ángela Ferrer, otra detenida política que estaba internada en el Hospital San Martín porque había perdido un embarazo a raíz de las torturas a que fue sometida por una patota de la Policía Federal.
Pero el dato clave que aporta el documento es que ya en ese momento la enfermera menciona que fue detenida ilegalmente “por un oficial vestido de civil de apellido Céparo, para ser conducida a la jefatura policial, y luego llevada a la Comisaría Sexta (actualmente Comisaría Quinta) de San Agustín”. Relató también que en la jefatura fue “despojada de sus ropas y arrojada al piso y sometida a un interrogatorio que versaba solo sobre sexo” y “se la acusaba de tener amistad con terroristas”.
En esa declaración, además, cuenta que durante la sesión de tortura “incluso le hacen un examen ginecológico, por parte de alguien que debió ser un médico” y menciona la presencia de profesionales “porque luego de una hora y media de torturas con picana eléctrica es auscultada con estetoscopio muy bien manejado”.
El documento fue encontrado hace unos días entre los archivos de la megacausa Área Paraná que se encuentran en la Unidad Fiscal de Derechos Humanos y el tribunal admitió ayer su incorporación como prueba.
Fuente: El Diario.