Aguilera y Almada se abstuvieron de declarar en la causa por fraude

27/09/2016

De la Redacción de Página Judicial Juan Pablo Aguilera y su esposa Luciana Belén Almada se abstuvieron de declarar ante la fiscal Patricia Yedro. Fueron acompañados de su abogado, Marcos Rodríguez Allende. “Mis defendidos se abstuvieron porque queremos esperar que se presenten todos los imputados para luego nosotros producir nuestra prueba”, apuntó Rodríguez Allende a


De la Redacción de Página Judicial

Juan Pablo Aguilera y su esposa Luciana Belén Almada se abstuvieron de declarar ante la fiscal Patricia Yedro. Fueron acompañados de su abogado, Marcos Rodríguez Allende.

“Mis defendidos se abstuvieron porque queremos esperar que se presenten todos los imputados para luego nosotros producir nuestra prueba”, apuntó Rodríguez Allende a Página Judicial.

El cuñado de Sergio Urribarri y su esposa fueron citados en la causa “Aguilera, Juan Pablo y otros s/negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la administración pública, peculado y abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos”.

Aguilera, en la gestión anterior de Urribarri, se desempeñó como secretario del Senado y como coordinador de la Casa de Entre Ríos.

La fiscal imputó a otros ex funcionarios como el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y Gustavo Raúl Tamay, integrante de esa cartera. Emiliano Oscar Giacopuzzi y Alejandro Luis Almada – consignados como socios de Aguilera –deberán también comparecer ante la fiscal. Lo mismo Maximiliano Romeo Sena.

Para Yedro, “Urribarri, en su calidad de gobernador de la provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como director general de Información Pública del Gobierno y posteriormente como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los señores Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial, en una suma que aún resta determinar”.

La maniobra se habría concretado “de manera arbitraria y constante” desde 2010 hasta 2015, “sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente, direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos”, señaló la fiscal en su resolución.

“Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”, agregó.

Para graficar de lo que se está hablando, la imprenta que se atribuye a Aguilera facturó solo en el año 2014 una suma de 4.788.623,36 pesos al Estado provincial por la instalación de cartelería en la vía pública. Entre los impresos más vistosos e importantes en cuanto a dimensiones y precio, obviamente, están los que se solían lucir en el edificio del Concejo General de Educación. Allí se colocaron imágenes en homenaje a los combatientes en las Islas Malvinas y también a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras.

Aguilera, por su parte, está siendo investigado en la causa por enriquecimiento ilícito que involucra a toda la familia del ex gobernador. La pesquisa alcanza a la esposa del ex gobernador, Analía Aguilera; sus hijos Sergio Damián –ex empleado del Ministerio de Gobierno– y Mauro Gabriel –actual ministro de Gobierno–.

El mes pasado, la Justicia allanó la sede de la empresa TEP SRL –ex 5 Tipos, porque eran cinco socios–, que funciona bajo el nombre de Formato Urbano en un galpón ubicado en Boulevard Racedo 415. La empresa tiene otra oficina en calle Villaguay 842, que comparte con la Cámara Argentina de la Construcción.