Juzgan a un jefe narco que estuvo prófugo durante casi una década

20/09/2016

Juan Cruz Varela Mario Roberto González tenía un pedido de captura desde 2008 por delitos de narcotráfico, pero su habilidad y vinculaciones le permitieron mantenerse prófugo hasta poner la causa en un punto muerto. El Gordo González, como le dicen, está acusado de ser el líder de una asociación ilícita dedicada a la venta de

Juan Cruz Varela

Mario Roberto González tenía un pedido de captura desde 2008 por delitos de narcotráfico, pero su habilidad y vinculaciones le permitieron mantenerse prófugo hasta poner la causa en un punto muerto. El Gordo González, como le dicen, está acusado de ser el líder de una asociación ilícita dedicada a la venta de cocaína en Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y, no se descarta, en la República Oriental del Uruguay, con la complicidad, se presume, de un alto jefe policial y otros funcionarios públicos.

El fiscal José Ignacio Candioti pidió ayer que González sea condenado a cinco años de prisión y el pago de una multa de 5.000 pesos, en la primera de las causas que debe enfrentar en la justicia, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa que tiene a González en el banquillo se inició el 24 de agosto de 2006, cuando policías irrumpieron en su casa de Avenida Las Heras 1447, en Concordia, con una orden de allanamiento librada por un juez provincial que investigaba el violento robo sufrido por un empresario porteño a quien le habían sustraído una suma equivalente a 24 mil dólares, entre pesos y dólares, que tenía para comprar tambores de miel. El empresario contó que el estafador huyó en una moto tipo enduro con otras dos personas. La moto estaba en la casa de González y el dueño sería una pareja de la hija del Gordo.

Eso fueron a buscar los policías, pero en cambio hallaron 28 tizas de cocaína, que pesaron 238 gramos, dentro de una bolsa que González intentó esconder en un pozo ciego en el fondo de la casa, según dijo uno de los efectivos. También encontraron una balanza de precisión, seis botellas con éter y otras dos que contenían ácido clorhídrico. Ambas sustancias están consideradas como precursores químicos para el proceso de producción de la cocaína. Llamó la atención también el hallazgo de un recibo de sueldo de Cristian Humberto Pablo Rivero, un cabo primero de la Policía Federal, involucrado en causas judiciales por su complicidad con narcotraficantes. Sobre esto, González ensayó una explicación: “Éramos compañeros del barrio, jugábamos a la pelota y le salí de garante”.

La versión del acusado, en este punto, difiere de la que dio la Policía: González se presentó como un perseguido, dijo que a la droga y a los frascos con los líquidos se los plantaron para perjudicarlo y negó haber estado prófugo, pero dijo que no se presentó ante la justicia por consejo del abogado que tenía en ese momento. Respecto de la balanza, dijo que utilizaba una en la carnicería que había tenido en Concordia.

Dos versiones sobre un allanamiento

El debate estuvo centrado en el allanamiento. Los policías dijeron que al llegar, golpearon la puerta y, como nadie respondía, uno de ellos rodeó la casa e ingresó por el fondo, a través de un baldío que lindaba la vivienda. Después las versiones se bifurcan: el policía dijo haber visto a González corriendo por el patio con una bolsa blanca entre manos y que cuando le dio la voz de alto, arrojó el paquete hacia un pozo ciego, volvió sobre sus pasos, reingresó a la casa y les abrió a los otros efectivos. Esta versión es apoyada por el resto de los policías. El acusado, en cambio, aseguró que estaba dándole de comer a los animales que tenía en su casa cuando vio al policía arrojar una bolsa hacia su casa, que el paquete golpeó contra un poste y las tizas de cocaína quedaron desparramadas en el patio e incluso algunas saltaron hasta la casa de un vecino. La versión de González, sin embargo, no tiene sostén de ningún testigo y su defensor admitió que no pudo probarla.

En su alegato, el defensor Juan José Buktenica pidió que se declare la nulidad del procedimiento por “irregularidades manifiestas” y aseguró que “se violó el derecho de defensa y el debido proceso”.

El letrado cuestionó que se realizara un allanamiento sin testigos civiles, algo que ya había sido objetado por el juez federal, que hasta declaró la nulidad de las actuaciones y liberó a González, hasta que luego la Cámara Federal de Apelaciones revocó aquella medida. Según Buktenica, el procedimiento “estuvo mal hecho” y “los policías fueron intencionalmente sin testigos civiles”. Por eso pidió la nulidad del procedimiento y la absolución de González. En subsidio, solicitó que el acusado sea absuelto por el beneficio de la duda; o que, en caso de ser condenado, se le imponga la pena mínima de cuatro años de prisión.

El fiscal Candioti replicó que “la corrección del procedimiento es evidente”, agregó que “antes de entrar, los policías preguntaron a los vecinos (si querían salir de testigos del allanamiento) y todos dijeron que no; por eso los propios policías oficiaron como testigos”. También retrucó la versión de González respecto de que le hubieran plantado la cocaína y remarcó que “nadie lo escuchó decir que la droga no era suya”, como dijo el acusado en su declaración indagatoria ante el tribunal.

Los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros darán a conocer el veredicto el próximo jueves.

El jefe de la asociación ilícita

Mario Roberto González, el Gordo, fue detenido el 12 de mayo del año pasado en el departamento que tenía en el primer piso de la calle Pilar 747, en el barrio porteño de Liniers. Estaba con su concubina, Elsa Cristina Caram, que también fue arrestada.

En otros allanamientos realizados en Concordia, Colón y Concepción del Uruguay fueron detenidos los otros integrantes de la organización que lideraba González.

Las escuchas telefónicas permitieron reconstruir el organigrama de la banda. González era quien detentaba el liderazgo operativo; mientras que Javier Alejandro Caire –también detenido– fungía como organizador, es decir, el que aportaba la infraestructura, medios económicos, logística (respecto del comercio, traslado y distribución de la droga) y quien asignaba los roles y funciones a los otros miembros. Ambos eran, además, quienes proveían de droga a los vendedores para su comercialización al menudeo.

El rol de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad aparece como fundamental para el sostenimiento de la organización. A través de escuchas telefónicas se determinó que el Gordo González y Caire hablaban del comisario inspector Alberto Mario Núñez, uno de los jefes de la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos, como “el amigo de Paraná” o “el del Aveo blanco”, en referencia al automóvil en que, supuestamente, se movilizaba. Los tentáculos de la organización se extendían a otras fuerzas: los sargentos José María Gómez y Sergio Andrés García, de la Policía Federal; y un sargento ayudante de Gendarmería, Carlos Francisco Acosta, que se desempeñaba en el área de escuchas telefónicas en el Escuadrón 4 “Concordia”. Todos están acusados de integrar la asociación ilícita.

Fuente: El Diario.