Los ministerios públicos solicitaron más presupuesto para el año 2017
07/09/2016
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial El gobernador Gustavo Bordet hizo público un pedido que adelantó en privado a todo el funcionariado: optimizar recursos. Esa directiva parecería no haber llegado a la Justicia. Como ocurre en todos los poderes del Estado, generalmente, siempre faltan recursos para el adecuado funcionamiento. El Ministerio Público Fiscal
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
El gobernador Gustavo Bordet hizo público un pedido que adelantó en privado a todo el funcionariado: optimizar recursos.
Esa directiva parecería no haber llegado a la Justicia. Como ocurre en todos los poderes del Estado, generalmente, siempre faltan recursos para el adecuado funcionamiento. El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa presentaron ante el Senado el anteproyecto de presupuesto el ejercicio 2017.
La Procuración General, a cargo de Jorge Amílcar Luciano García, fue de los organismos judiciales que más creció en estructura. El procurador citó una serie de cuestiones vinculadas a los procesos investigativos que –según describió en el pedido– se han encarecido. Uno de ellos es el costo de los análisis de ADN, cuyo precio oscila los 9 mil pesos. Según García, en el caso de Josefina López, la adolescente de 17 años asesinada el año pasado en Concordia, se hicieron 40 estudios genéticos.
Solo en el primer semestre de 2016, la Procuración pagó 420 mil pesos para este tipo de pericias, según se desprende del informe ingresado en la Cámara de Senadores el 24 de agosto pasado, bajo Oficio Número 435, al que tuvo acceso Página Judicial.
En cuanto al personal, se solicitó la regularización de cinco cargos “técnicos” que estaban siendo desempeñados con carácter de “temporario”, con el objetivo de “fortalecer el área pericial”.
Los laboratorios de informática forense y de toxicología son otras de las áreas que estarían necesitando de recursos, de acuerdo con lo consignado en el proyecto.
Los alquileres para el funcionamiento de fiscalías también están a la orden del día. Para el año que viene, por ejemplo, se prevé alquilar un nuevo inmueble para trasladar las fiscalías con competencia en lo civil y comercial.
En tanto, el Ministerio Público de la Defensa, que encabeza Maximiliano Benítez, hizo solicitudes similares. Recursos humanos es el primer ítem. El argumento es que en el interior de la provincia apenas hay un solo defensor por jurisdicción y que, con la autonomía del organismo adquirida tras la reforma constitucional, se requiere una mayor estructura. Por otra parte, se destaca en el proyecto presentado en el Senado el funcionamiento, desde 2009, del Registro Único de Adoptantes, que insume, necesariamente, cargos de profesionales de la salud social. Lo mismo ocurre con la Cámara Gesell.
El organismo hizo un pedido importante de fondos para alquileres y mantenimiento edilicio; e incluyó una partida para el pago de abogados independiente al Poder Judicial, a quienes han tenido que contratar ante la imposibilidad de actuación de los defensores públicos en algunas causas por incompatibilidades.
En ese marco, García y Benítez solicitaron un crédito de 21.528.000 pesos para bienes de consumo y servicios no personales, según hicieron constar en las planillas que adjuntaron. El detalle es el siguiente: 14.243.000 pesos para el Ministerio Público Fiscal y 7.285.000 pesos para el Ministerio Público de la Defensa. Solo en el ítem “bienes de uso” se estima una inversión de 7.150.000 pesos para “equipo de computación y equipos varios”. Incluso dejaron constancia de que algunos cargos de ordenanzas estaban siendo “compartidos” o “afectados” con organismos judiciales dependientes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y que el alto cuerpo había decidido “dejar” de compartirlos.
Anécdota
El Ministerio Público Fiscal fue el organismo que más creció en el seno del Poder Judicial. En principio, por la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. De acuerdo con lo establecido en la ley orgánica, el procurador organizó el trabajo en unidades fiscales de investigación (UFI), según las necesidades y criterios de selectividad en la persecución penal, cada una con “agentes fiscales” y “fiscales auxiliares”: UFI Respuestas Rápidas, UFI Atención Primaria, UFI Investigación y Litigación; UFI Fiscales para el Sistema de Transición; y las especializadas UFI Niños y Adolescentes y UFI Violencia de Género y Abuso Sexual.
El proyecto establecía también la Oficina Anticorrupción, pero ese órgano, previsto en la Constitución reformada, fue eliminado por los legisladores. Un testigo directo de la reunión en la que García fue convocado para abordar el proyecto de ley contó a Página Judicial que uno de los diputados se jactó de eliminar de un plumazo a la oficina con el argumento de que ningún legislador aprobaría una estructura para que los investiguen.